De licencias y descuentos en Educación

Ramón J. A. Sánchez.

Ex docente rural, ex supervisor, es subsecretario de Educación.

Señores directores: Al efectivizar sus haberes correspondientes al mes de noviembre de 2009 por cajero, una docente descubre un “débito automático” efectuado sobre su cuenta con fecha 01/12/2009 por la suma de $438,55. Luego de la ingrata sorpresa, comienzan los interrogantes: ¿Alguna operación comercial? ¿Cuál?

Desorientada, concurre al Nuevo Banco de Santa Fe donde le informan que se trata de un descuento efectuado por el Ministerio de Educación. Tras varias averiguaciones, desde la Región IV le explican que se trata de 7 días no justificados por salud laboral que data de julio de 2008. “Salud laboral” del Ministerio de Educación es un ente abstracto al cual se accede por una línea telefónica gratuita (un 0-800) instaurado por el actual gobierno provincial que, a criterio de quien escribe, es de dudosa efectividad por causas que sería extenso detallar en este espacio.

Lo concreto es que, al cabo de 17 meses y luego de la “investigación” detallada, la docente se entera que ha sido despojada de una suma importante de dinero sin haber sido notificada oportunamente para otorgarle el derecho a la defensa, como tendría que haber ocurrido en un estado de derecho. Máxime cuando por razones debidamente justificadas viene haciendo uso de una licencia de larga duración (desde hace aproximadamente 2 años).

Es un deber ciudadano denunciar públicamente estas prácticas que suenan aberrantes a nuestra dignidad y que son un menoscabo al profesional de la educación, que debe padecer este tipo de hechos arbitrarios que, además de lesionar el salario que es de carácter alimentario y asistencial, genera contradicciones graves a la moral que él mismo debe profesar dentro y fuera del aula. Si una autoridad pierde su coherencia, entre lo que su discurso expresa y sus acciones concretas revelan, esa misma autoridad degenera en autoritarismo, propiciando este tipo de prácticas antidemocráticas.