EDITORIAL

Tres alternativas en busca de recursos

En pocos días, el gobernador Hermes Binner y el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, se verán las caras durante una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia para dirimir un conflicto generado por la masa coparticipable que recibe la provincia de Santa Fe.

El encuentro del próximo miércoles 17 se producirá en un momento particularmente sensible, con una paralización casi absoluta de la actividad pública en reclamo de aumentos salariales que el gobierno santafesino asegura no estar en condiciones de otorgar.

El fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, se esforzó por dejar en claro que la audiencia ante la Corte se genera por un conflicto estrictamente legal y que, en ese encuentro, no se pretende debatir sobre cuestiones políticas vinculadas con la forma en que se distribuyen los recursos en la Argentina. En este caso, la discusión pasa por el artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó la detracción del 15 % de los recursos coparticipables para sostener la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a pesar de que el gobierno disolvió el antiguo sistema jubilatorio sustentado por las AFJP y desde entonces, la Anses cuenta con enormes recursos.

Desde el radicalismo, se anunció que acompañarán a Binner en esta audiencia y reclamaron que el resto de los sectores políticos y gremiales de la provincia adopten una postura similar. Es que, en estos casos, las diferencias partidarias deberían ser dejadas de lado para defender los intereses santafesinos.

De todos modos, el escenario específico para respaldar políticamente todo reclamo tendiente a lograr una distribución más equitativa de los recursos entre la Nación y las provincias es el Congreso.

Para esta tarde, estaba previsto que el Senado diera media sanción a una ley que establezca la coparticipación del 53 % de lo que se recauda en concepto del “impuesto al cheque”. Desde la Casa Rosada, denunciaron que la norma privaría a la Nación de $ 10.300 millones al año.

Sin embargo, las provincias se encuentran tan asfixiadas por el reparto desigual de recursos, que los legisladores avanzarán con el proyecto. Incluso, se espera que la medida sea aprobada luego en la Cámara de Diputados.

Todo indica que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner terminará vetando la ley. Aunque esto ocurra, el esfuerzo habrá servido para poner sobre la mesa de discusión pública un tema de suma urgencia para todo el interior del país. El reparto del dinero obtenido por este impuesto brindaría mayor independencia política a los gobernadores.

La tercera alternativa que la provincia aguarda para incrementar sus recursos -además del reclamo ante la Corte y la posible coparticipación del “impuesto al cheque”- pasa por el plano estrictamente local. En la Legislatura, tratarán de alcanzar un acuerdo para modificar el esquema tributario y permitir una mayor recaudación con el objetivo de mejorar la oferta salarial.

Los próximos días serán clave y dirán si alguna de estas puertas se termina abriendo o, por el contrario, las tres alternativas continúan cerrada.