Apuntes de política provincial
Políticamente fuerte
Hermes Binner, junto con la vicegobernadora Griselda Tessio y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Télam
Teresa Pandolfo
Hubo puntos de tensión, estados de satisfacción, sensaciones de alivio y algunos sabores amargos en la política santafesina.
Seguramente, la semana pasada será una de las más fuertes a las que asistiremos este año en la provincia. La agenda no contuvo cuestiones menores, todo lo contrario.
Ante sí, el gobierno tuvo dos frentes, ambos demandantes de soportes técnicos y espíritu de negociación: la huelga por tercera semana consecutiva de los estatales y docentes, que lo obligaba a encontrar por la vía legislativa una salida, y el otro ante la Nación, por los recursos de coparticipación, pero dirimido en la Suprema Corte de Justicia.
El nudo conductor entre ambos frentes fue el mismo: los recursos para la provincia.
Secuencia
El gobierno, un día antes de la audiencia en el máximo tribunal, convocó a todos los legisladores nacionales. Supo el mismo lunes que por el justicialismo contaría con el apoyo de obeidistas y reutemanistas y no de los kirchneristas.
Si bien a la reunión en la Casa Gris no asistieron Carlos Reutemann y Jorge Obeid, sí lo hicieron todos los diputados nacionales que les responden.
Binner partió a Buenos Aires con el apoyo del Frente Progresista y la movilización del radicalismo, pero también con el aval de los ex gobernadores Obeid y de Reutemann, que estuvieron presentes en la sala de audiencia del máximo tribunal junto con legisladores e intendentes peronistas.
La provincia política en su conjunto -salvo los kirchneristas y la senadora Roxana Latorre- convalidó el planteo del gobierno de Binner, que solicita la declaración de inconstitucionalidad del Art. 76 de la ley Nº 26.078 por la cual se descuenta el 15 % de la coparticipación federal con destino al sistema previsional; este porcentaje significa unos 1.000 millones de pesos por año.
El gobierno santafesino ha presentado una medida cautelar para que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, se suspenda parcialmente la detracción mensual de esa partida. Una petición prudente porque no es propósito santafesino desfinanciar a la Anses y ello fue claramente explicado por el ministro Ángel Sciara a la prensa metropolitana, en la jornada del martes.
Con la presentación realizada ante la Corte, el gobierno muestra decisión política y solvencia técnica en la defensa de su derecho. Habló el mandatario, quien estuvo secundado eficientemente por el fiscal del Estado, Jorge Barraguirre. Ahora deberá esperarse la sentencia de la Corte.
La detracción de fondos para la Anses no es el único reclamo que el Estado santafesino hace a la Nación; fue un paso que abrió un camino.
Entre la Legislatura y los gremios
El otro frente para el gobierno ofrece una rispidez distinta. Necesita sacar a los empleados públicos y docentes de las calles y que vuelvan a sus trabajos. Para ello era necesario alcanzar un acuerdo en la Legislatura, que le diera oxígeno para mejorar la propuesta salarial realizada del 7 por ciento inicial.
El Senado tomó como base el proyecto que diputados obeidistas y reutemanistas habían elaborado y, sin aumento de impuestos, autorizó una mayor utilización del Fuco, el endeudamiento a mayor plazo (30 meses), el cambio de partidas presupuestarias y puso nuevamente en vigencia la moratoria que había sido vetada por el Poder Ejecutivo cuando recibió la aprobación del presupuesto.
El socialismo está enojado con el resultado aportado por las Cámaras legislativas, pero el Frente Progresista de Diputados no tuvo número para imponer su proyecto. Son las reglas de la democracia.
La propuesta legislativa del Senado fue suscripta por la totalidad de los senadores.
Todos tuvieron que ceder y, si se analizan las posiciones iniciales del justicialismo en ocasión de tratar la ley ómnibus de presupuesto 2010 y reforma fiscal, se puede observar claramente que varias posturas se modificaron. Cuando ya finalizaba el jueves, el Ejecutivo tuvo una herramienta para mejorar la propuesta salarial.
La discusión entre oficialismo y oposición continúa sobre los recursos que verdaderamente el proyecto votado posibilita, pero para esta periodista no es lo principal. Sí considera que el punto referido a la creación de una comisión ad hoc para el seguimiento y control de este Fondo Transitorio de Emergencia Salarial es un ítem que realmente puede molestar a la Casa Gris.
La razón es simple: le genera una entidad paralela al poder administrador (Casa Gris) para el uso de los recursos que constituyan el Fondo. Le impone al gobierno la utilización de los mayores recursos que se generen para política salarial, evitando que los destine a enjugar otros déficits operativos de arrastre. El Ejecutivo puede vetar este punto, pero a riesgo de dar una señal de que no quiere ser controlado.
Una salida
Cuando los términos parecían ya vencidos, cuando se pensaba que se habían agotado todas las instancias de negociación, la Legislatura -con el protagonismo de algunos de sus miembros y el acatamiento de las decisiones colectivas por parte de otros- dio una salida que el Senado entendió racional para el momento. Y, además, dejó abierta la puerta para que, en el caso de que los recursos de aquí al 30 de junio no tengan el crecimiento que el justicialismo expone, se vuelva a conversar sobre una reforma impositiva.
El guante nuevamente cayó en la vereda de la Casa Gris con el subrayado de la estrategia que el gobierno le presente a los gremios. El oficialismo deberá demostrar ahora que cuenta con condiciones para optimizar las herramientas financieras que le dio la Legislatura y negociar; una aptitud que todavía, a dos años de gobierno, no se le conoce a la Casa Gris.
