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Las instituciones en la línea de fuego

La aprobación en el Senado de una modificación a la ley que regula el gravamen sobre las transacciones bancarias -más conocido como Impuesto al Cheque- reveló hasta qué punto las instituciones republicanas están sometidas a una sostenida y creciente tensión, en un tironeo del que no permanece a salvo ni siquiera la Constitución.

El reparto equitativo de la recaudación derivada de este tributo, una creación “de emergencia” que siguió el destino de tantas otras y se convirtió en permanente -el gobierno recién habló de una derogación como respuesta al embate de las provincias-, era un debate largamente anunciado, desde la misma campaña electoral que culminó con la renovación legislativa votada el 28 de junio del año pasado. Se convirtió así en un tema emblemático en la puja establecida entre oficialismo y oposición con la nueva relación de fuerzas en el Congreso, a la vez que un eje central de la discusión sobre el federalismo económico y los condicionamientos financieros que soportan los distritos del interior. Lo que está en juego es la cifra de 10 mil millones anuales que el gobierno central defiende a capa y espada.

El debate del tema se ha topado con las dificultades que la oposición tiene semana a semana para conseguir quórum y la mayoría necesaria para llevar adelante su agenda, bajo el influjo de las maniobras y presiones del kirchnerismo a fin de evitar que eso suceda. Finalmente, un cambio de dictamen permitió que la reforma fuese aprobada, por un número más que exiguo, mediante el expediente de eliminar el artículo que otorgaba excepcionalmente “la parte del león” al gobierno central. Así, recuperó vigencia el principio general que rige los términos de la coparticipación de todos los impuestos.

Derrotado en el recinto, el oficialismo contraatacó por todos los flancos que fue capaz de imaginar: rechazó la votación invocando la carencia de una mayoría especial que la Constitución prevé para las asignaciones específicas -y que en realidad fue incluida en la reforma de 1994 para evitar exacciones a las provincias, no para revertirlas-, buscó bloquear todos los accesos del proyecto a la Cámara de Diputados, anticipó que reclamará ante la Justicia la nulidad del procedimiento parlamentario y blandió la amenaza del veto presidencial.

La enunciación de tamaño despliegue de actividad, que involucra activamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, busca neutralizar o invalidar lo actuado por el Legislativo, y pone de manifiesto la gravedad de la situación.

Las normas tributarias, más allá de circunstancias excepcionales, deben tener una vocación de permanencia que exceda las tribulaciones de la coyuntura y apunte a un diseño de país. Someterlas al fuego cruzado de la puja política y las necesidades de financiamiento de un proyecto de poder, no puede menos que convertir el campo de batalla en una chapucería. Y cuando éste es el de las instituciones en que se basa el funcionamiento del sistema republicano, lisa y llanamente en una tragedia.



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