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Apuntes de política provincial

La institucionalidad por el piso

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Julio Cobos consideró válida la votación del Senado y pasó el proyecto con media sanción a Diputados.

Foto: Archivo El Litoral

Teresa Pandolfo

tpandolfo@ellitoral.com

Con un cambio en el despacho de comisión del proyecto, 35 senadores modificaron la Ley del Cheque. La derogación del artículo tercero de la norma que dio creación a este tributo puso fin al fondo especial que manejaba la Nación y dejó el camino abierto para que la totalidad de la recaudación, como cualquier otro recurso impositivo, se coparticipe por la ley de Coparticipación Federal.

El proyecto con esta media sanción controvertida pasó a la Cámara de Diputados frente al disgusto de la Casa Rosada, que calificó de inconstitucional el procedimiento seguido y anunció que solicitará a la Justicia la nulidad de lo aprobado.

No se les puede dejar de reconocer a los senadores que votaron la iniciativa el esfuerzo seguido por reinvindicar para las provincias recursos que les pertenecen. Los legisladores que representan a Santa Fe participaron de ese cambio de dictamen de comisión que posibilitó la aprobación de la reforma con una mayoría simple de votos y consideran haber actuado dentro de la legalidad.

Mapa revelador

La transmisión televisiva de esa primera sesión del año del Senado aportó una descarnada radiografía política y fiscal del país.

Quedó claro el alto endeudamiento de las provincias, la dependencia del presupuesto nacional y la discrecionalidad con que la Casa Rosada maneja los fondos presupuestarios. Así también quedó expuesto, en la palabra de los senadores, el temor de los gobernadores de perder los programas de asistencia financiera (PAS) u otras partidas que reciben las provincias por fuera de la coparticipación, si se modificaba la Ley del Cheque.

En los discursos no sólo quedaron a la luz situaciones de inequidad, sino que, además, muchas expresiones fueron reveladoras de posiciones claramente clientelares, sea por necesidad o simpatía política.

La transmisión desnudó también el grado de distorsión que presenta el funcionamiento de las instituciones en la Argentina y el tratamiento del proyecto de marras es un ejemplo.

La decisión sobre el destino de una partida de aproximadamente 10.000 millones de pesos que dejaría de manejar la Nación, porque sería coparticipable a las provincias, no debió llegar a la sesión sin un acuerdo previo.

Es entendible la intención de los senadores por quitar caja a la Casa Rosada para que los gobiernos locales puedan funcionar con más autonomía política y fiscal, pero cabe reflexionar que si la Argentina no viviera siempre al límite, las cosas hubieran sucedido de otra manera. Por lo menos con un entendimiento previo, que comprendiera en el comportamiento a las otras variables que componen los dineros del país y dan carnadura a las relaciones económicas entre la Nación y las provincias.

Porque la cuestión no es quién se queda con la bolsa de la recaudación como si fuera un botín de guerra. Un cambio en las relaciones económicas necesariamente debe provenir de un acuerdo de partes cuando se trata del manejo de un país.

Pero las cosas se desarrollan fuera de parámetros normales de convivencia política, porque en la Argentina se vive en ese límite que se expresó más arriba. Porque mientras provincias chicas como Jujuy reclaman por más recursos genuinos, se sabe que la Nación le entrega a la jefa piquetera Milagro Salas prácticamente el equivalente a un presupuesto de la capital jujeña. Éstas son las distorsiones enormes que se se están viviendo, y no es el único caso. ¿O no van los intendentes y presidentes de comunas a Olivos para hacer acuerdos que le permitan hacerse de fondos para determinadas obras o para política?

Sin un destino

Lamentablemente, a la Argentina se la puede comparar con la imagen de un trapo del que todos tiran pero sin saber qué destino darle.

La recuperación del federalismo fiscal demandará mucho tiempo, deberán decantar muchas otras cosas más, porque necesariamente implica un acuerdo que tome en cuenta las necesidades jurisdicionales concretas, definiciones sobre el desarrollo y alta negociación política.

La Argentina ha perdido diálogo interno; no hay capacidad de comprensión ni de resignación en función de un objetivo mayor. Desde hace años -y ahora se ha profundizado- todo trámite termina siendo envuelto en un esquema de toma y daca político-partidario, que tiene como escenario subyacente los espacios de poder y la intención de disminuir el espacio del otro a cualquier precio.

Cuando se reformó en 1994 la Constitución Nacional, no hubo acuerdo respecto de los parámetros a considerar para una nueva ley de Coparticipación y por eso se incluyó una cláusula transitoria que disponía la elaboración de una nueva norma en determinado plazo, ya vencido.

Ni en aquel momento ni ahora se logró estar por encima de las circunstancias jurisdiccionales y políticas de cada distrito para poder acordar la distribución de las rentas que recauda la Nación. Y esta brecha para un entendimiento aparece como ensanchada año tras año, por el sistema clientelar y de subsidios que paulatinamente se ha impuesto.

Esta semana, el Congreso volvió a sesionar y se infiere que en ambas Cámaras legislativas se terminaron las mayorías absolutas, pero la Argentina institucionalmente está destrozada, aunque explícitamente no haya una guerra de secesión.

Sería lamentable que un esquema así envolviera también las relaciones internas entre gobierno y municipios en la provincia de Santa Fe.

Esta periodista observa con preocupación que todo el debate político sólo está centrado en la cantidad de recursos disponibles y en quién maneja la caja, en tanto se han dejado para un segundo plano problemáticas como la seguridad o la forma de ejecutar infraestructuras básicas.

Santa Fe no debería copiar el ejemplo de la Nación, y aunque las malas conductas se imitan con mayor facilidad que los buenos procederes, debería procurar en este año y medio que resta de gestión producir un esquema de gobierno diferente.



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