El debate por la selección de jueces
Cerca de recomponer la Magistratura
Horacio Serafini/El Litoral
CMI/DyN
La oposición dio ayer en Diputados un primer paso hacia el logro de uno de sus principales objetivos legislativos cuando, en acuerdo con la centroizquierda, firmó un dictamen de mayoría en comisión para reformar el Consejo de la Magistratura, con el fin de que el oficialismo pierda su virtual poder de veto en ese organismo encargado de seleccionar y promover la destitución de los jueces.
El acuerdo se alcanzó después de dos meses y medio de idas y venidas entre la oposición dura constituida por radicales, peronistas disidentes, “cívicos” y macristas, y la centroizquierda del Proyecto Sur que lidera Fernando “Pino” Solanas.
El dictamen de mayoría (el oficialismo aprobó cinco dictámenes de minoría) que se firmó en una reunión plenaria de las comisiones de Justicia; Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, con la presidencia del radical Ricardo Gil Lavedra, será tratado en la próxima reunión plenaria debido a que tiene preferencia. Si bien la fecha será acordada con el oficialismo, podría ser en la sesión del miércoles 23..
Los acuerdos
La diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur) dijo en la reunión de comisiones que el dictamen “refleja los acuerdos” alcanzados entre la oposición y la centroizquierda: el presidente de la Corte podrá presidir el Consejo, pero con facultades limitadas; las decisiones las tomará el plenario del organismo; control colectivo de su presupuesto; participación de sectores no relacionados con el Derecho, y evaluación trimestral o semestral por sorteo de juzgados y cámaras.
En síntesis, la reforma plantea llevar a 18 el número de miembros del Consejo de los actuales 13 a los que fue reducido hace cuatro años con un proyecto presentado por la entonces senadora Cristina Fernández, sobre los 20 que tuvo originalmente. Además estará conformado por: tres diputados, tres senadores, tres jueces, un representante del Ejecutivo, cuatro abogados (hoy son dos), tres académicos (hoy, uno) y el presidente de la Corte; es decir, no tendrá primacía el sector político oficialista.
Por el segundo triunfo
Si se aprueba en Diputados, la reforma será el segundo triunfo legislativo de la oposición desde la renovación de diciembre. Aunque restará observar qué sucede en el Senado. En abril la Cámara Baja aprobó la modificación de la ley de DNU, también otra iniciativa de la hoy presidenta cuando era senadora, pero el proyecto está demorado en comisión en el Senado.
El proyecto aprobado en Diputados establece que los DNU tengan que ser aprobados por las dos cámaras antes de quedar firmes, ya que actualmente sólo necesitan el aval de sólo una de ellas. Plantea que en caso de que alguna de las cámaras no se expida, el DNU quedará automáticamente rechazado. También modifica la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -que actualmente no está conformada por problemas con la Justicia-, al ampliar sus miembros de 8 a 12 por cada cámara.
El proyecto establece también que el jefe de Gabinete deberá concurrir personalmente al Congreso dentro de los diez días corridos desde la firma del decreto para explicar su contenido, aunque si dentro de ese plazo no se presenta la Bicameral se abocará “de oficio’ a su análisis.
En caso de que el Parlamento se encuentre en receso al momento de dictar un DNU, se convocará de forma automática a sesiones extraordinarias.
