Aprobaron la derogación y el oficialismo ya habla de veto

Estalló la puja por superpoderes

La iniciativa opositora obtuvo media sanción en Diputados, y enfrentará un complejo panorama en el Senado. Desde el kirchnerismo insisten en que son necesarios para gobernar.

De la redacción de El Litoral

[email protected]

La oposición logró darle un revés al oficialismo en la Cámara de Diputados al conseguir la media sanción de un proyecto que restringe los llamados “superpoderes” del Poder Ejecutivo que le permiten reasignar partidas presupuestarias. Más allá de la victoria política, la concreción de este cambio legislativo todavía deberá sortear dos instancias: el debate en el Senado -donde el escenario es más complejo y podría demorarse por tiempo indefinido- y, en caso de ser sancionado, la posibilidad de un veto presidencial, que ya comenzó a ser alentado desde el oficialismo.

La iniciativa -aprobada anoche por 136 votos afirmativos del arco opositor contra 90 negativos del oficialismo y aliados- sustituye el artículo 37 de la ley de Administración Financiera (24.156), por el cual se restituyen al Congreso “las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”.

El proyecto también incluye los incrementos que “impliquen un cambio en la distribución de las finalidades y un incremento de las partidas referidas a los gastos de inteligencia”.

“Será facultad exclusiva del Congreso de la Nación la asignación del destino de los excedentes de recaudación no previstos en la estimación de recursos tenida en cuenta al momento de la sanción del presupuesto anual de recursos y gastos de la Administración Nacional”, declara el artículo 2 del proyecto.

Más allá de la suerte que la iniciativa pueda correr en el Senado -donde ningún sector tiene el número de votos asegurado-, tanto el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, como su par de bancada, Diana Conti, salieron a propiciar la posibilidad de un veto presidencial, con el argumento de que los tiempos administrativos no siempre se compadecen con los parlamentarios y que el Control del Congreso siempre existe, aunque a posteriori.

Más que porcentajes

La pulseada en el recinto se centró sobre un dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo, que ratificaba el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado y que contaba con media sanción del Senado, por el cual se establecía un límite del cinco por ciento para la reasignación de las partidas presupuestarias.

Con ello, el kirchnerismo buscó neutralizar las críticas opositoras sobre el manejo de los excedentes presupuestarios en forma discrecional por parte del gobierno nacional, para lo cual se basó en la constitución porteña que habilita al Ejecutivo de la Ciudad a hacer reasignaciones por el mismo porcentaje.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista Gustavo Marconato, se encargó de defender ese dictamen, que al final no fue aprobado por la Cámara (en la primera votación de la noche tuvo 136 votos negativos y 90 a favor), tras lo cual se procedió a votar el dictamen de minoría consensuado por los bloques de la Coalición Cívica, Proyecto Sur, el PRO, la UCR y el Peronismo Federal.

Marconato destacó que la propuesta oficial limitaba al 5 por ciento del total del presupuesto la facultad de reasignar partidas, y aclaró que, hasta ahora, esa potestad del PEN, aún sin limitación alguna, fue utilizada “con prudencia” y “responsabilidad”.

Con trampa

El cívico Adrián Pérez indicó que con la propuesta opositora se vuelve “a la vieja redacción de la ley de Administración Financiera” que no permitía cambiar la finalidad del gasto y le adiciona una cláusula para que “nunca pueda haber incrementos de gastos reservados por decisiones administrativas”, explicó.

Aseguró que “hay una trampa en el proyecto del Poder Ejecutivo” cuando habla de un 5 por ciento “pero excluye a las obligaciones a cargo del Tesoro”, que son unos 25 mil millones de pesos, que -aseguró- “ha sido la gran caja de la que el gobierno ha sacado recursos para mandarlos a otros lados”.

Sin excedentes

El diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano sostuvo que el dictamen que finalmente se impuso “es mucho más duro con respecto a la asignación de recursos públicos sin debate parlamentario (el kirchnerismo destinó sin control del Congreso $ 148.000 millones)”.

“Es más duro porque no sólo limita los excedentes de recaudación, como plantea otro de los dictámenes, sino todos los excedentes como los que puedan obtenerse vía créditos, fondos del Nación, de la Seguridad Social, etcétera. Por otro lado, es más flexible con relación a la capacidad de administrar, al fijar un margen de modificación del 10 % de determinada partida, siempre que se cumpla con las finalidades votadas en el presupuesto”.

La radical Silvana Giúdici atacó el dictamen del oficialismo al recordar que, con las actuales condiciones, el gobierno reasignó partidas sin control y no las utilizó para “atender emergencias”, y puso de ejemplo que, el año anterior, “el jefe de gabinete reasignó 141 millones de pesos para el programa Fútbol Para Todos”, de partidas que estaban “destinadas a programas ambientales a distribuir a distintas provincias”.

148,9

millones de pesos reasignó el gobierno entre 2003 y 2009, sin consentimiento del Congreso. El 70 % del monto corresponde a excedentes presupuestarios. El total equivale al 20 % de los presupuestos de esos años.