Editorial
Autopista: se cobra peaje sin licitación
Esta semana el debate político en Santa Fe ha puesto el foco sobre un asunto grave y relevante, que merece más explicaciones que las que hasta aquí ha proporcionado el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia.
Se trata de la decisión del gobierno santafesino de otorgar mediante una contratación directa -sin licitación-, durante seis meses, el cobro del peaje en la autopista Santa Fe-Rosario, una medida que beneficia a dos empresas de la ciudad del sur.
El gobierno esgrime la necesidad de contar con más tiempo para poder preparar los pliegos licitatorios para convocar al capital privado a una nueva concesión, en razón de que ha terminado la anterior, que comenzó en 1994. El argumento oficial cae por su propio peso: desde entonces se sabe que habría de durar 15 años la vinculación entre la concesionaria y el concedente.
El año pasado, la actual gestión optó por negociar con la firma Aufe -cuyo contrato estaba a punto de vencer- una extensión de plazos para poder terminar de diagramar una nueva licitación. La noticia, por entonces, era que el gobierno de Hermes Binner iba a licitar pero bajo la condición de que el inversor privado construyera un carril más en cada sentido de circulación, entre otras mejoras, para una futura autopista inteligente.
Lamentablemente, hoy la novedad es que se ha deteriorado la calidad institucional y que las explicaciones no sólo no conforman a la oposición; tampoco convencen a una parte del oficialismo. La UTE que recibió la explotación de la vía de comunicación vial más importante fue discrecionalmente elegida por los funcionarios.
Es cierto que la privatización de la obra hecha entre entre 1964 y 1972, y que iniciara el ex gobernador radical Aldo Tessio, fue explotada sin que se cumplieran los objetivos planteados en la concesión de los 90, y que Santa Fe ha librado recientemente a la concesionaria de cualquier responsabilidad al respecto. Ambos extremos merecen un debate por separado respecto del tema que hoy se discute, que ya no podrá ser remediado porque la opinión pública y los miembros de la oposición y del oficialismo en la Legislatura se enteraron de la medida cuando esta ya había sido dictada.
La equidad de los particulares frente al Estado, se trate de los ciudadanos y la defensa de sus derechos políticos, o de las empresas y sus legítimos intereses económicos, fundan las normas que rigen su funcionamiento.
En pocas palabras, los administradores de la cosa pública pueden disponer de los bienes y de los fondos que la conforman, pero sólo bajo los límites estrictos que les impone la ley.
En el Estado hay registros y controles que buscan su custodia, y una precisa descripción de los procedimientos con los que los funcionarios públicos pueden vincular -leyes, decretos y resoluciones mediante- al sector público con el privado. La medida parece contradecir tanto a la actual Ley de Administración y Control del Estado santafesino como a la vieja ley de contabilidad provincial.
