Reforma a la ley de transición del sistema penal
Guiño al Poder Judicial
Raúl Lamberto, por el oficialismo, fue quien fundamentó el proyecto relacionado con la reforma procesal penal
Foto: Mauricio Garín
Diputados avaló un mensaje del Ejecutivo para darle mayor participación a los operadores del sistema en los nuevos cargos del ministerio público de la Acusación y de la Defensa Penal. Sesión sin contrapuntos en el recinto.
Mario Cáffaro
Por unanimidad, la Cámara de Diputados votó en forma favorable un mensaje del Poder Ejecutivo reformando algunos artículos a la vigente ley de transición del viejo al nuevo sistema procesal penal de la provincia y que pretende incentivar la más amplia participación de los actuales operadores del sistema en los concursos de selección de los postulantes para cubrir los cargos en los órganos de dirección del Ministerio Público de la Acusación y del servicio público provincial de Defensa Penal.
El mensaje, la expropiación de un terreno en Bustinza, departamento Iriondo, para levantar el Samco y la declaración de monumento histórico provincial a un edificio escolar en Venado Tuerto y como patrimonio histórico y cultural de la provincia a la sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de San Cristóbal, fueron los cuatro proyectos de ley votados en la corta sesión semanal en Diputados.
En tanto, el justicialista Luis Rubeo logró apoyo del cuerpo para exigir al Poder Ejecutivo que envíe el expediente por el cual se llamó a licitación pública nacional e internacional para concesionar la autopista Santa Fe - Rosario.
En el recinto, no hubo una sola mención a dos hechos que tuvieron fuerte repercusión política en la semana como son informe presentado por el ministro de Economía, Angel Sciara, sobre el costo que tuvo la provincia para privatizar el Banco de Santa Fe así como el pronunciamiento del CIadi ante el planteo de los accionistas de Aguas Provinciales de Santa Fe.
Reforma penal
En cuanto al mensaje del Ejecutivo sobre la transición penal, ingresó a la Legislatura el pasado 30 de junio, llegó al recinto con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y tras ser votado por todo el cuerpo, fue el socialista Raúl Lamberto el encargado de explicar los alcances del texto. “Hay dos objetivos: promover la participación de postulantes y adecuar las normas de traspaso de funcionarios del viejo al nuevo sistema”, señaló.
En el primer punto está referido a los concursos en trámite para los cargos de fiscal general y los cinco fiscales regionales así como defensor general y los cinco regionales. El proyecto permite -por única vez- que quienes sean designados en esos cargos -previo concurso de oposición y antecedentes y aprobación del pliego por la Legislatura- puedan permanecer en el ministerio Público de la Acusación o en el Servicio Público de Defensa Penal como fiscales o defensores públicos tras la finalización del plazo de duración en el cargo, previsto en seis años. El mensaje apunta a promover la participación de magistrados, funcionarios y empleados actuales del Poder Judicial en los concursos ya en marcha. “Se procura fomentar la participación de postulantes en esta etapa fundante de estas instituciones” resumió Lamberto.
El texto también establece que los actuales fiscales de primera instancia, fiscales de cámaras, defensores generales y de cámaras que opten por ingresar al nuevo sistema deberán contar con acuerdo legislativo. El mismo mecanismo se aplicará para los actuales secretarios penales que opten por pasar al nuevo sistema. “Todos los funcionarios de las nuevas instituciones deberán contar con acuerdo” explicó el socialista. Añadió que esto busca evitar desigualdades entre los que actualmente son funcionarios y los que sean funcionarios de esas instituciones en el futuro siguiendo los pasos exigidos por la normativa específica, esto es concurso público de oposición y antecedentes, más acuerdo legislativo.
