Tribuna ciudadana
Por un reclamo justo
Alfredo Migone (*)
Para que se entienda algo del porqué de la disputa actual entre el Colegio de Martilleros de la provincia de Santa Fe -que propicia un único Colegio de Martilleros y Corredores- y las cinco cámaras inmobiliarias de esta provincia -Cadeiros y Ceir de la ciudad de Rosario; la Cámara Inmobiliaria de la ciudad de Rafaela y Ceci y la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe (Cisfe) de la ciudad de Santa Fe-, que solicitan la creación de un Colegio de Corredores Inmobiliarios independiente, hay que ir un poco atrás en el tiempo y hacer un poco de historia.
En diciembre de 1999 se sancionó la Ley Nacional Nº 25.028 que modificó la Ley Nacional Nº 20.266 -Régimen Legal de Martilleros y Corredores- promulgada en 1973. En el capítulo XII, destinado a los Corredores, esa modificación dispuso que, para ser tales, se requiere poseer título universitario expedido o revalidado en la República Argentina.
Hoy, en nuestra ciudad, la Universidad Nacional del Litoral dicta la carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio, y la Universidad Católica, dicta la de Martillero Público y Corredor Inmobiliario. En 2003, habiéndose implementado las carreras universitarias y tomando plena conciencia de lo que estaba a la vista, las cámaras inmobiliarias lograron que se presentara un proyecto de colegiatura en el Senado provincial. Lo hizo el entonces senador Olivera, pero perdió estado parlamentario. Haciendo un poco de “mea culpa”, hay que reconocer que ello ocurrió como consecuencia de la falta de discusión y consenso por parte de las cámaras inmobiliarias y de las interminables maniobras dilatorias y la inflexible oposición del Colegio de Martilleros.
En los períodos ordinarios siguientes, con el apoyo unánime de todas las cámaras inmobiliarias de la provincia se presentaron sucesivos proyectos por los entonces diputados Bonfatti, en 2006; Drissun, en 2008; y Marcucci y Boscarol en 2008, pero fueron perdiendo estado parlamentario. Simultáneamente con el último, se presentó un proyecto del diputado Dadomo, que planteaba la creación de un solo colegio, iniciativa reiterada en el actual período, porque también había perdido estado parlamentario. Por fin, en 2010, los diputados Hugo Marcucci y Darío Boscarol presentaron un nuevo proyecto -que cuenta con nuestro total apoyo-, que tiene estado parlamentario y lleva el número 23.759. Ambos se encuentran hoy a consideración de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Durante estos años, la oposición del Colegio de Martilleros fue total, en muchos casos agresiva y hasta violatoria de la palabra empeñada. Basta recordar al respecto lo que sucedió en 2004, cuando luego de la firma del Acuerdo con Martilleros, en el que se acordaba la existencia del Colegio de Corredores Inmobiliarios -suscripto por las cinco cámaras inmobiliarias de la provincia y el Colegio de Martilleros representado por su entonces presidente Hugo Milia-, el convenio fue posteriormente desconocido. Y no sólo eso. Ahora, esa misma persona, en su carácter de prosecretario del Colegio de Martilleros, firma la oposición a nuestro proyecto.
También podría mencionarse el escándalo suscitado durante las Jornadas de Esclarecimiento del proyecto que organizara la Federación de Cámaras Inmobiliarias de la provincia de Santa Fe. En aquella oportunidad, mientras el doctor Jorge Mosset Iturraspe disertaba ante un público numeroso y autoridades de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira), un grupo de martilleros, con la participación de gente de la ciudad de Córdoba, trató de interrumpir la conferencia profiriendo fuertes gritos y golpeando las puertas del Paraninfo de la UNL.
Como si todo eso fuera poco, en 2009 realizaron dos denuncias judiciales -una civil y otra penal- contra los corredores idóneos, en cabeza de los presidentes de ambas cámaras inmobiliarias de esta ciudad. El juicio civil fue desestimado por el juez actuante; y el penal -por usurpación de título-, tiene reciente fallo de sobreseimiento de los denunciados por no encuadrar la conducta en figura penal alguna.
Posiciones
Cuando se analiza la oposición del Colegio de Martilleros a la creación de nuestro colegio, se pueden determinar las siguientes objeciones: a) es arbitrario, discriminativo, elitista y excluyente; b) limita y fracciona las incumbencias profesionales; c) cercena el derecho a trabajar; d) habilita a matricularse a quienes no poseen título habilitante.
En respuesta a estos cuestionamientos, argumentamos que se trata de dos profesiones absolutamente distintas en sus objetivos, fines específicos y controles. Pero además tenemos que puntualizar las siguientes razones:
1.- Por Ley Nacional Nº 25.028 y Provincial Nº 7.547 se prohíbe expresamente a los martilleros ejercer el corretaje o cualquier otra actividad que exija título universitario. Sin embargo, en la realidad hay muchos martilleros que ejercen el corretaje y jamás fue nuestra intención impedir ese derecho constitucional de todos a trabajar. Y siempre se mostró nuestra buena voluntad para permitir que todos los martilleros que quisieran pudieran ejercer el corretaje y se pudieran matricular en nuestro colegio. Nosotros apoyamos la modificación de la ley que permita a los martilleros ejercer el corretaje, voluntad que quedó escrita en el tristemente famoso acuerdo firmado y luego desconocido por el Colegio de Martilleros. La jerarquización la buscamos a través de la matriculación y los requisitos habilitantes, garantía de un ejercicio probo, leal y honesto.
2 .- En ningún caso se limitan ni fraccionan las incumbencias profesionales. Basta ver las notas firmadas por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, del secretario de Posgrado y Servicios a Terceros de dicha facultad y del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, en las que se expresa que, a partir de 2001 en la UNL, y 2002 en la UCSF, se comenzaron a implementar las carreras universitarias, que por razones de practicidad, presupuesto, antecedentes curriculares y aprovechamiento de los profesores, se dictaron en forma conjunta. Como antecedente se puede recordar que hasta no hace mucho las carreras de abogacía y escribanía se dictaban de la misma forma y que sin embargo cada una tiene su colegio. En ambos casos se considera a “ambas actividades diferentes” y que “esto no significa que los egresados de la carrera deban matricularse en un único colegio sino en el que agrupe a los pares en su quehacer”. Por otra parte, el Código de Comercio en su Título IV “De los agentes auxiliares del comercio” dedica un capítulo a cada profesión; el Capítulo I, a los corredores; y el Capítulo II, a los rematadores o martilleros. Otro tanto ocurre con la Ley Nacional 25.028 que le dedica todo el Capítulo XII a los corredores y en todo momento habla de “las” carreras universitarias en plural, en clara diferenciación. Asimismo, la Ley Nacional Nº 20.266 en su Capítulo XII regula la actividad de los “Corredores” y les dedica todo un capítulo, separado del de los martilleros.
3.- La Ley Nacional Nº 25.028 estipula que “a partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios”.
En nuestra provincia, esto todavía no ocurrió con los que ejercen el corretaje inmobiliario, porque si bien hay egresados de las carreras universitarias, no hay Ley de Colegiatura y está cerrada la matriculación en el Registro Público de Comercio. Hoy las inmobiliarias han adquirido una relevancia inusitada en el desarrollo edilicio y urbanístico de la ciudad. Hay en la provincia empresas y personas físicas que ejercen el corretaje y acreditan una antigüedad de más de 80 años en la actividad, con importante ocupación de mano de obra, lo cual hace impensable su cierre o cambio de actividad. En algunos casos, el hecho de no tener un corredor matriculado y, además, haber dejado transcurrir el tiempo desde la sanción de la ley nacional, los coloca en una situación complicada. De modo que es imperioso regularizarlas a la brevedad.
El 8/2/2010 el Consejo Consultivo para el crecimiento de Santa Fe, con la firma de su presidente, Luis A. Carello, y su secretario, Esteban Hernández, emitió el Dictamen Nº 23 que recomienda al Poder Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley que cree el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios.
Como dice el Dr. Mosset Iturraspe, “ha llegado el tiempo en que no puede el Estado y el derecho que de él emana desconocer la realidad de los intermediarios, y en pasos sucesivos deben venir las normativas que ordenan la profesión, la matriculación y la colegiación”.
Hacemos notar que éste no es un reclamo aislado de los corredores inmobiliarios santafesinos, sino que en la mayoría de las provincias del país, nuestros colegas cuentan con colegio propio. Así ocurre en las provincias limítrofes de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Entre Ríos. Y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por las razones expuestas, solicitamos la pronta sanción de la ley que nos permita contar con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe.
(*) Presidente de Cisfe
