Diputados giró el tema al Senado
Discutida votación de la regulación a los sistemas de videovigilancia
Hubo votos en contra y abstenciones a un proyecto consensuado por diversos bloques durante el paso por comisiones. Fue sancionada una reforma a la ley de software libre en la provincia.
Marcelo Gastaldi, George Orwell, Hugo Marcucci y Santiago Mascheroni.
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados se enredó en una extensa discusión antes de darle media sanción a un proyecto de ley para regular la instalación y uso de sistemas de captación de imágenes y sonidos de personas físicas, obtenidas en lugares públicos o privados de acceso público así como fijar reglas para el posterior tratamiento de la información colectada. El tema, originado en el tratamiento conjunto de proyectos impulsados por el justicialista Marcelo Gastaldi y el radical Hugo Marcucci, tuvo el voto contrario del también radical Santiago Mascheroni y varias abstenciones.
El asunto -que tenía tratamiento preferencial- fue el único que motivó controversias en el recinto de la media docena de proyectos de ley votados por Diputados en la sesión semanal. Entre éstos, se destacó la aceptación a las reformas introducidas por el Senado a la modificación de la actual norma de software libre que se convirtió en ley así como las media sanción a los proyectos, declarando a Santa Fe provincia no eutanásica y a una norma tendiente a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estos dos temas así como la regulación de los sistemas de videovigilancia deberán ser revisados por el Senado.
En todos los casos, los proyectos llegaron al recinto con los respectivos dictámenes de comisiones, y en varios de ellos se venía difiriendo el tratamiento a la espera de lograr la mayor cantidad posible de adhesiones.
El articulado
“La presente ley regula la instalación y uso de sistema de captación de imágenes y sonidos de personas físicas, obtenidas en lugares públicos o privados de acceso público, ya sean abiertos o cerrados y establece las reglas para el posterior tratamiento de la información colectada, con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de los delitos y faltas sin poner en riesgo las garantías individuales ni afectar derechos por efecto del tratamiento indebido de la información derivada de las captaciones reguladas por esta ley”, señala el artículo primero de los veinte que tiene el texto aprobado. En los siguientes se establece una serie de regulaciones y controles, garantizando el respecto de las autonomías de municipios y comunas las que deberán autorizar el uso y habilitación de sus servicios.
Gastaldi y Marcucci explicaron los objetivos propuestos y saludaron el consenso alcanzado y cuando todo parecía que iba a votarse el despacho, el radical Mascheroni sentó una serie de objeciones y disparó el debate que obligó a que varios oficialistas (los socialistas Raúl Lamberto y Lucrecia Aranda; el radical Darío Boscarol y los demoprogresistas Gabriel Real y Luis Mauri) explicaran las razones del voto afirmativo mientras que Marcelo Brignoni (Encuentro); Gerardo Rico (FpV), José María Tessa (MAP) y Antonio Riestra (Pares) solicitaron permiso para abstenerse en la votación.
“La ley proyectada tiene por finalidad primordial garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas, sin poner en riesgo las garantías individuales, pues la instalación de estos sistemas y el tratamiento ulterior de la información por ellos almacenada sin un marco regulatorio preciso puede provocar graves lesiones a los más variados derechos individuales”, señaló Gastaldi quien luego fue explicitando los alcances de la redacción acordada.
“En síntesis, se trata de una ley que procura compatibilizar altos fines públicos con los derechos individuales que pudieran verse afectados por el uso de las nuevas tecnologías de la información”, concluyó.
Marcucci aclaró que se procura regular y ordenar una actividad y función que hacen privados o entes públicos. “Pretendemos llevar claridad y transparencia a la actividad y que se respeten los derechos a la privacidad y la intimidad”. En una segunda intervención, aclaró que no hubo proyecto alguno en el cuerpo para prohibir la actividad que hoy se realiza en gran parte del país.
Mascheroni cuestionó que la Cámara asuma como un hecho irrefutable “el avance de técnicas que tienen un poder invasivo sobre las personas. Partimos del principio de que está bien que se pongan cámaras en la vía pública” y se preguntó qué índices de eficacia tienen los sistemas ya instalados en paseos peatonales o en plazas y parques públicos. “No comparto regular algo que impone la demanda y ante esos casos aplico el principio de precaución: no tengo certezas de que sea bueno o sea malo”.
La intervención del radical llevó al socialista Lamberto a fundar el voto en “que la realidad se impone. Si no regulamos, la discrecionalidad avanza. El Estado debe preservar la seguridad, garantizar el derecho a la intimidad y la discrecionalidad atenta contra el derecho a la intimidad”, acotó.
Real aclaró que cambiaron las costumbres y admitió que el pensamiento filosófico de Mascheroni cede ante la realidad de la inseguridad para afirmar que en Firmat, el uso de cámaras hizo disminuir el delito. Para Brignoni, es concepto erróneo el que “seguridad eficiente es vigilancia permanente” e insistió en que no hay cifras sobre las ventajas del sistema.
Para Boscarol, es clave “defender el derecho a la seguridad en el espacio público” e hizo ver que aceptamos el avance de la privacidad de las personas en los sistemas de control de tránsito. Mauri advirtió sobre la confusión del derecho de las personas con lo público para asegurar que el derecho a la intimidad y la privacidad no existe en la vía pública.
Sobre el final, Mascheroni volvió con sus críticas y se preguntó qué lugar ocupan las fuerzas de seguridad del Estado en la ley, dónde se obliga a comunicarse presuntos delitos al 911, y dónde está el régimen de sanciones.
Las críticas hicieron que los autores consensuaron la reforma parcial a tres artículos con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos e incorporar a un miembros del Poder Judicial en la comisión de garantías del sistema.
