El caso del Molino Brüning

Investigan si los alimentos adulterados llegaron a supermercados de Santa Fe

El mes pasado se secuestraron, en San Jorge, 400 toneladas de comida con fechas de vencimiento adulteradas o en mal estado de conservación. Existen sospechas de que la mercadería habría estado destinada al Estado nacional.

Juliano Salierno

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A menos de un mes de iniciada la investigación por adulteración de alimentos en los depósitos del Molino Brüning, de la ciudad de San Jorge, la Justicia investiga si existieron cargamentos destinados a cadenas de supermercados de la ciudad de Santa Fe o si acaso ingresaban al Estado nacional.

La mañana del día 30 de septiembre último, la policía del departamento San Martín desplegó sus hombres en inmediaciones de la avenida Nottebohm 801, donde se encuentra el edificio principal de la firma Molinos y Establecimientos Harineros Brüning SA. Según una denuncia, existían firmes sospechas de que allí se almacenaba sustancia alimenticia de dudosa procedencia y que estaba siendo sometida a un proceso de reetiquetado para renovar las fechas de vencimiento.

Con el correr de las horas, los encargados de allanar la planta habilitada para la fabricación de fideos, se alarmaron por la exorbitante cantidad de comida, de distintos productos y marcas, en pésimas condiciones de almacenamiento. Además confirmaron que en el lugar se secuestró una máquina y productos abrasivos utilizados para el reetiquetado de los envases vencidos.

Tres imputados

Tres días duró el allanamiento que realizó la policía de San Jorge y Sastre, con conocimiento del Juzgado de Instrucción de Distrito Nº 11, hasta que terminaron de inventariar y poner bajo resguardo la prueba.

A la semana siguiente, nuevas versiones de productos almacenados por la misma empresa condujeron a las fuerzas de seguridad provincial hacia los galpones destinados a exportación e importaciones, ubicados en avenida Alberdi, entre bulevar 25 de Mayo y calle Hipólito Yrigoyen de la misma ciudad. Allí, también se detectaron innumerables irregularidades en el cuidado de los productos destinados para el consumo humano.

Tres personas se encuentran imputadas por el delito de “adulteración de alimentos”, entre ellos un jefe de Producción, la gerente General y un jefe de Personal, cuyos nombres no fueron revelados hasta el momento y atraviesan el proceso en libertad.

Si bien ninguno de ellos fue indagado hasta el momento, los tres fueron citados a declarar en sede prevencional, donde fueron recibidos en compañía de sus respectivos abogados, y con personal del Departamento Judicial de la policía de provincia (D-5), que se encargó de tomar todos los recaudos legales.

Además se tomaron numerosas testimoniales al personal, entre ellas la más importante hasta el momento habría sido la del Gerente de Producción, quien responsabilizó directamente a la Gerente General. El próximo paso será judicializar dichas declaraciones en sede policial.

¿En las góndolas?

En otro orden y en busca de los destinos posibles de mercadería que haya estado en ese lugar, el juez de Instrucción, Eladio García, remitió exhortos a sus pares de Santa Fe, para que allanen “algunos lugares puntuales donde podrían haber recibido la materia prima adulterada”, indicó una fuente confiable.

La simple presunción de que parte de esos productos estén en la capital provincial es lo suficientemente temeraria; máxime si se tiene en cuenta que podrían estar en poder de algunos supermercados de la ciudad.

“También se está investigando si esta materia elaborada no ingresaba en el Estado Nacional”, lo que demandaría la labor de los organismos de control dependientes de Salud para determinar la veracidad de la versión.

En cuanto a la escala de responsabilidades, no se descarta que el directorio de la empresa sea citado a declarar en condición de imputado, pero todo dependerá de las declaraciones de los actores directos una vez que se termine de judicializar el voluminoso expediente.

A propósito de las medidas próximas a tomar, el fiscal de San Jorge, Pedro Miguel Ángel Leyes, prefirió no adelantar cuáles serán los pasos a seguir, pero garantizó la continuidad de la investigación y la persecución del delito “contra la salud pública” que se configura.

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Hasta el momento son tres los imputados por el delito de “adulteración de sustancias alimenticias”. No se descarta convocar al directorio de la firma, que está en Buenos Aires. Foto: Corresponsalía San Jorge / Archivo

“No podemos darle trazabilidad”

Durante los primeros días de allanamiento en el Molino Brüning, la Justicia le pidió colaboración a la Agencia de Seguridad Alimentaria de la provincia, que envió a un equipo de profesionales que trabajó durante dos días completos en el lugar. El bioquímico Horacio Fassanelli, jefe del Departamento de Epidemiología y Capacitación de la Asal, confirmó que “se detecta presencia de alimentos vencidos y alterados -con envases rotos o hinchados-, y productos sin fecha de elaboración”.

La mercadería estaban “en dos galpones con presencia de plagas -aves y roedores muertos-, donde se detecta la utilización de cebos tóxicos para combatir roedores junto con los alimentos, cosa que que no está permitida. Y sobre todo falta de higiene en los lugares de almacenamiento”, detalló.

A propósito de lo que constataron los representantes del organismo público “se hizo un relevamiento de los lugares que tenía intervenidos la Justicia” y “todo esto se le informamos al juez” Eladio García.

Como primera medida, desde la Asal arribaron a la conclusión que “esos productos no son aptos para el consumo por estar vencidos o almacenados en lugares impropios. No podemos darle trazabilidad, no sabemos de dónde salieron. Ese es el resultado de lo que tenemos y esa información la enviamos al juzgado que es quien deberá decidir qué hace con esa mercadería”, aportó Fassanelli.

Trabajaron junto al bioquímico, el Dr. Alejandro Pérez, Jefe de Auditoría; la ingeniera Mirta Zanner, Jefa de Legislación Alimentaria; y el técnico Edgardo Esquivel, de Auditoría.

Contra la salud pública.

En el Capítulo IV del Código Penal Argentino, dedicado a los delitos contra la salud pública -envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas-, el artículo 200 prevé “reclusión o prisión de tres a diez años y multa de $ 10.000 a $ 200.000, el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”, según modificación por Ley Nº 26.524, promulgada el 5 de noviembre del año pasado.