Una fuerza policial acorde a los tiempos
En las dos últimas semanas, han tomado estado público sucesivas irregularidades cometidas por algunos policías. Las noticias fueron ampliamente divulgadas por los medios de comunicación y se incluyeron en el debate político acerca de la llamada inseguridad y los caminos para reducirla o conjurarla. Sin duda que para cualquier país civilizado noticias relacionadas con la corrupción policial son graves porque profundizan la sensación de desprotección e inseguridad.
Se supone que la policía está para prevenir y combatir el delito y no para organizarlo y perpetrarlo. La sospecha o la intuición de que el delito puede llegar a estar identificado con el poder sobresalta a todos, a las instituciones y a la sociedad. Es verdad que se trata de casos minoritarios -por lo menos los que adquieren estado público- pero su inevitable y necesaria difusión siembra previsibles inquietudes y alarmas.
El problema existe y es uno de los temas centrales a la hora de pensar una estrategia adecuada para controlar el delito y proteger a los ciudadanos. Sin una policía eficiente, respetuosa de la ley y decidida a combatir, no es posible cumplir con los objetivos mínimos de todo Estado nacional. ¿Disponemos de esa policía? En cierto punto sí, pero convengamos que lo que aún falta hacer para lograr resultados óptimos, es mucho.
Los avances que se han hecho son importantes. En varias provincias, la policía se ha modernizado, la selección de recursos humanos es más exigente y los controles institucionales más severos. El hecho mismo de que cualquier irregularidad cometida por los agentes del orden adquiera estado público y se transforme en un verdadero escándalo, es una prueba más de que el sistema más o menos funciona y la sociedad es cada vez más exigente.
De todos modos, es verdad que para el sentido común de la sociedad la policía está relacionada con la corrupción a través de diferentes variables delictivas. Esto fue así y si bien hubo avances para combatir este flagelo, se está muy lejos de una realidad satisfactoria, sobre todo si se tiene en cuenta, como en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de los pases a disponibilidad, cesantías y sanciones, la corrupción persiste y se renueva como si fuera una persistente enfermedad que se propaga con independencia de sus protagonistas.
Contemplado desde un panorama más amplio, no es posible pensar en una policía eficiente si al mismo tiempo no se estructura una justicia y un sistema político eficiente. La corrupción no es patrimonio exclusivo de la policía y en sus manifestaciones más graves y brutales -la complicidad con funcionarios civiles- es más que evidente. La tarea a realizar hacia el futuro es ardua y compleja porque, además, hay que operar con la policía que se dispone y no con la que nos gustaría tener en los papeles.
Los controles se han ampliado, la sociedad civil está alerta pero aún falta mucho para contar con fuerzas de seguridad acordes con las exigencias de los tiempos.
