EDITORIAL

El lento avance hacia el cambio

La nueva postergación dispuesta por el Poder Ejecutivo para la definitiva y completa entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, que establece el sistema acusatorio y el juicio oral y público como mecanismo para la resolución de las causas, confirma una presunción que asiste a los operadores de Justicia prácticamente desde la misma fijación de la fecha del 1 de febrero.

Este tardío “sinceramiento” del gobierno -una vez más, al filo de los términos hábiles para disponer la prórroga- se hizo cargo de una situación evidente, a la luz de las demoras en la habilitación de infraestructura y disposición de los recursos materiales y humanos que demandará el nuevo sistema.

No obstante lo desalentadora que pueda resultar esta circunstancia, y las múltiples dificultades que se deberán resolver de manera satisfactoria y sin nuevas dilaciones, sería injusto considerar que se trató meramente de tiempo perdido. En el interín se desarrolló un prolijo e intenso proceso de selección de los principales actores del nuevo proceso penal, que permite a la fecha tener en condiciones de ser cubiertos casi todos los doce cargos de fiscal general y defensor provincial, fiscales y defensores regionales. A tal efecto, el gobernador incluyó los pliegos en el período de sesiones extraordinarias de la Legislatura; al igual que la prórroga para el Código, ahora prevista para 180 días después de la asunción de estos funcionarios. Precisamente, la lógica invocada es que durante ese lapso ellos organicen las estructuras que tendrán a cargo.

También se avanzó, aunque módicamente, en lo que respecta a los Centros de Acción Judicial: se está construyendo el de Rosario y está acordada la ubicación del correspondiente a Santa Fe, junto al Palacio de Tribunales. Además, se pusieron en marcha los concursos para cubrir juzgados penales, largamente retrasados con miras a escoger candidatos directamente destinados a trabajar en los términos del nuevo esquema. El resultado de ésto fue la acumulación de despachos ocupados por subrogantes, a veces incluso de manera acumulativa, pero la situación empezaría muy lentamente a revertirse.

Claro está que el universo de cuestiones a resolver es vastísimo, en el plano edilicio, la distribución de recursos, la capacitación -que también se está desarrollando-, el diseño de la gestión -un aspecto fundamental- y la conclusión del cúmulo de causas penales en trámite con que la Justicia santafesina llegará al punto de inflexión, calculadas inicialmente en 600 mil, pero que seguramente serán muchas más con la prórroga.

Todos estos inconvenientes deben ser señalados, pero no deben ocultar los pasos progresivamente dados, frente a la magnitud de la modificación abordada. Y si bien es pertinente reclamar a las autoridades que mantengan una celeridad acorde con las expectativas, es preferible que los avances sean paulatinos y sobre bases firmes. Después de todo, la provincia está saliendo de largas décadas de oscurantismo procesal, y no puede permitirse el lujo de fracasar en el intento.