Por propia mano
Félix Canale
La discusión inmediata y de fondo que ameritan los sucesos del Parque Indoamericano es hasta dónde es posible retirar la presencia del Estado, para evitar la muerte en manifestaciones populares. Quedan por dar, en otro momento, la discusión sobre la permisividad existente para el flujo inmigratorio desde países vecinos y la carencia crónica de viviendas que sufren amplios sectores de la sociedad.
Muy probablemente la pueblada que invadió el parque fue inducida por intereses políticos, con fines anárquicos y desestabilizadores, pero también por mafias que especulan con la pobreza, vendiendo parcelas inexistentes en sitios públicos. El entorno para que esto sucediera fue reforzado en los últimos siete años con la incitación oficial al piquete, la ocupación compulsiva del espacio público como expresión política y el desprecio por quienes ven limitados sus derechos por tales ocupaciones.
En ese marco, no es menor la presencia del narcotráfico, para el que la instalación o el crecimiento de villas miseria representan zonas liberadas, desde donde pueden operar como un Estado dentro del Estado. No fue casual que cuando las fuerzas armadas brasileñas tomaron a punta de fusil la favela Alemao, en Río de Janeiro, izaran en el tope del morro la bandera nacional. Luego de esa arremetida, todos los informes de inteligencia prevén que el narcotráfico se desplazará hacia el sur. Independientemente de todos esos factores, el resultado de no reprimir en Parque Indoamericano, con las herramientas constitutivas que el Estado tiene, dejó hasta ahora un saldo de cuatro muertos. Toda muerte por violencia social es impactante. Pero alcanza un rango sobrecogedor cuando uno de esos muertos, el del día viernes último y según el relato de un enfermero del Same, fue en vida sacado con violencia desde el interior de una ambulancia, donde yacía herido, y ejecutado a quemarropa de un tiro en la cara.
Quien hizo ese disparo, en principio, se encontraba entre el grupo de vecinos al parque, que decidió expulsar por propia mano a los ocupantes del predio, ante la inacción oficial. Puede ser que no sea forzosamente un vecino y sí alguien con la orden de dejar un muerto en el terreno.
Pero lo objetivamente incontrastable es que lo ocurrido hasta ahora en Parque Indoamericano es un enfrentamiento entre civiles, algunos de ellos decididos a incendiar la precarias chozas armadas por los ocupantes, molerlos a palos e, incluso, matarlos. Todo esto sucede, además, cruzado por una fuerte carga xenofóbica, que es la peor de las consejeras.
La ausencia del Estado, en aras de principios muy discutibles, está llevando a algunos grupos sociales a recurrir a las vías del hecho, en estricto sentido contrario a las declaradas intenciones oficiales. Ya no se trata de afiebradas especulaciones de usinas desestabilizadoras, que las hay. Y tampoco se reduce a la ultraderecha política.
El aumento de la violencia, ejercida por grupos de cualquier signo y escudándose en cualquier motivo, muestra el progresivo deterioro de las normas que regulan la convivencia ciudadana. Lo del Parque Indoamericano es, en definitiva, una confrontación entre quienes buscan mejor calidad de vida y quienes tratan de que ésta no se les deteriore. Lamentablemente, también deja abierta la puerta, ante la anomia permitida por el Estado, para que, de un conflicto de pobres contra pobres por sus espacios vitales, se pase a la confrontación violenta de ideologías.
