Edición completa del día

La mafia de los accidentes viales - Edición Impresa - Opinión Opinión

La mafia de los accidentes viales

Las prácticas inescrupulosas de abogados que lucran con la desgracia de las víctimas de accidentes de tránsito o sus familiares, prometiendo suculentos botines como compensación a expensas de las empresas aseguradoras o de los propios intereses de los damnificados, existen desde hace tiempo y prosperan con el incremento de la siniestralidad.

En este sentido, la pública condena expresada por el Colegio de Abogados de Santa Fe y la realización de relevamientos para detectar la actuación de agentes del Estado como intermediarios económicamente interesados, pusieron de manifiesto una preocupación que ya había merecido esfuerzos previos de parte de las entidades que agrupan a los profesionales del Derecho -profundamente desprestigiados en su conjunto por estas maniobras- y de autoridades de gobierno, ya que la denunciada connivencia se produce en el seno de la gestión pública.

Concretamente, y tal como se mostró gráfica y dramáticamente en el exitoso film “Carancho”, los abogados conocidos con el mote de esta ave carroñera buscan obtener ganancias por medio de demandas contra las compañías de seguro; así como algunos de sus colegas lo hacen explotando episodios de presunta o real mala praxis médica. Más allá de la reticencia con que en muchos casos algunas de estas empresas afrontan sus responsabilidades -y de que el auxilio jurídico resulta en ocasiones no sólo útil, sino indispensable- esta variante de la popular y multifacética “industria del juicio” se basa en generar demandas de manera artificiosa, exagerando e incluso fraguando datos. Y la estafa suele no constreñirse a la entidad enjuiciada, sino que afecta al propio cliente, cuya pretendida reparación acaba consumida por honorarios y presuntos gastos que incluyen comisiones ocultas.

En estas últimas radica, precisamente, el otro aspecto característico de esta modalidad delictiva. Se trata por lo general de miembros de las fuerzas de seguridad, auxiliares de salud o de las funerarias, que actúan como los “marcadores” en las salideras bancarias. En efecto, al señalar víctimas abordables, derivan a éstas hacia determinados estudios jurídicos, o directamente establecen el contacto. Por cierto, los daños no se limitan al factor dinerario, sino que reiteradamente se traducen en presiones psicológicas o verdaderas extorsiones sobre personas en situación vulnerable.

Por eso, el control estricto del Estado y de las entidades profesionales es una condición necesaria para frenar conductas especulativas y desarticular redes de complicidad. La mejor prevención es el adecuado funcionamiento de las instituciones, y la mayor garantía es el acceso de todos los ciudadanos al servicio de Justicia, de manera ágil, sencilla y ajustada a sus recursos. Facilitar el ejercicio de los derechos y mejorar los mecanismos que permitan la satisfactoria resolución de los conflictos, es la mejor manera de cerrar el paso a quienes medran con las deficiencias del sistema.



Lunes 03 de enero de 2011
tapa
Necrológicas Anteriores