Edición del Lunes 10 de enero de 2011

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Gobierno de la provincia y concesionario del puerto de Rosario: una relación para no imitar - Opinión Opinión

Tribuna política

Gobierno de la provincia y concesionario del puerto de Rosario: una relación para no imitar

Lic. Marcelo Gastaldi (*)

Hace más de tres años que el doctor Hermes Binner gobierna la provincia, similar tiempo que nos propuso a los rosarinos y santafesinos la fenomenal obra del Puerto de la Música. Si hasta el momento no ha avanzado, ha sido exclusivamente por responsabilidad de la propia administración socialista. Basta recordar que en este tiempo ya pasaron cuatro presidentes por el directorio del Ente Administrador del Puerto de Rosario, y aún no se pudieron cumplimentar los requerimientos legales a los que están obligados para deshabilitar muelles públicos.

Si alguna responsabilidad le cabe a la oposición es la de velar permanentemente por el control republicano, que no sólo es un derecho, sino una obligación que impone la propia Constitución.

Es imprescindible hacer una cronología, que es muy ilustrativa de las distintas y contradictorias decisiones que ha tomado este Ejecutivo provincial, y que indudablemente son el fundamento de la postergación, no sólo de la obra de Oscar Niemeyer, sino del retraso de lo que se conoció en un parte de prensa oficial como el “Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario”.

El 27 de agosto de 2008 se firmó un Acta de Compromiso entre el Enapro y la Terminal Puerto Rosario, seguida por una addenda que, con fecha 30 de setiembre de 2008, rubricaron Ángel Elías y Guillermo Salazar Boero como respectivas autoridades de los organismos suscriptores del acuerdo.

Si algo queda claro en los documentos citados es que “las partes acuerdan que Terminal Puerto Rosario (TPR) asumirá los costos y gastos necesarios para la reubicación de las actividades portuarias desde el área denominada de emplazamiento hacia el área denominada de relocalización, como así también que asumirá todos aquellos gastos que sean necesarios para las correspondientes habilitaciones por ante las reparticiones pertinentes. Asimismo, TPR asumirá los gastos y costos para hacer operativos a los fines portuarios la denominada zona de relocalización”.

En ese marco se negoció el otorgamiento de una prórroga de siete años, a contarse desde la finalización del plazo de vigencia del contrato de concesión, lo cual implica que el vencimiento operará el 15 de octubre de 2032. De inmediato, estas negociaciones fueron ratificadas por un acuerdo entre el Enapro y la provincia de Santa Fe que firmaron el 1º de octubre de 2008 el Lic. Ángel Elías y el propio gobernador de la provincia, Hermes Binner.

1º de noviembre de 2010

No se trata de un salto calendario caprichoso. En el medio hubo hechos trascendentes para la vida de nuestro puerto: concurso de acreedores del concesionario privado, cambio de Ángel Elías por Pablo Ferrés, escandalosas definiciones de éste con relación a las negociaciones que se llevaron adelante entre el Ente y TPR, lo que le valió su desplazamiento para darle paso a la doctora Ana Brunet -persona de estrictísima confianza del gobernador Binner- y por si algo faltara, renuncia de la misma para reponer al depuesto Ángel Elías.

¿Qué es lo que ocurrió el primer lunes del pasado noviembre?

En una reunión del directorio portuario, “supuestamente” se decidió que la relocalización del área operativa no comportaba una inversión del concesionario privado, sino que debía pagarse desde el erario público, que es lo mismo que decir que debemos pagarlo todos los rosarinos y santafesinos. Su monto estimado es de 150 millones de pesos.

Pero lo más “novedoso” es que nada se modificó respecto de la prórroga de la concesión -aparente compensación de la primera negociación, cuando el aportante era TPR-. Por lo tanto, hay serias posibilidades de que la misma se mantenga sin fundamento aparente. Y me permito recordar: desde el 15 de octubre de 2032 al mismo día de 2039. Este negocio implica -a montos actuales- una facturación de 350 millones de pesos.

La utilización de los potenciales se debe a la sencilla razón de que hasta el momento hay una permanente negativa de la administración de Binner a transparentar información que, como se entenderá, es a todas luces pública.

Lo único que consigue esta actitud oscurantista es agregar sospechas. Y en tanto se mantengan estas conductas de parte de los distintos actores involucrados, se puede suponer que hay una cadena de complicidades que deteriora al sistema republicano de gobierno.

Transacción API-Terminal Puerto Rosario

Si algo faltaba para completar el escenario, es que ahora sale a la luz una negociación entre el organismo recaudador de la provincia y el concesionario privado. Como consecuencia de ella, la API, que había iniciado una medida cautelar por 9.184.919,61 de pesos, embargando las cuentas del deudor, luego la sustituyó parcialmente por un seguro de caución de 1.410.738,22 de pesos. Y además decidió suspender provisoriamente la ejecución de la misma en la parte no sustituida. Es necesario hacer notar que entre lo solicitado en un primer momento y lo acordado extrajudicialmente hay una diferencia de 7.774.181,39 de pesos en perjuicio de la provincia de Santa Fe.

A raíz de ello, la Cámara de Diputados en su conjunto decidió convocar al ministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, a la presidencia del cuerpo, para que explicara algunos puntos de la referida negociación que no están claros.

La única certeza que dejaron el ministro y su equipo en la Legislatura fue el reconocimiento de la no ejecución del seguro de caución que garantiza el cobro de 1.410.738,22 pesos. Desde el punto de vista de la gestión es inexplicable, y denota el reconocimiento de que muchas de nuestras afirmaciones eran ciertas. Ya no queda duda de que el trato del gobierno provincial con el concesionario privado tiene ribetes arbitrarios, excepcionales y de privilegio.

Como se entenderá, son muchas las preguntas sin respuesta, y las decisiones que comprometen nuestro patrimonio y que no salen a la luz. Es por ello que estamos dando esta batalla de manera responsable y constructiva. Estamos de acuerdo con el

Puerto de la Música y el “Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario”, pero con transparencia y una gestión de cara a la ciudadanía.

(*) Diputado provincial PJ

Entre lo solicitado en un primer momento y lo acordado extrajudicialmente hay una diferencia de 7.774.181 pesos en perjuicio de la provincia de Santa Fe.

Estamos de acuerdo con el Puerto de la Música y el “Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario”, pero con transparencia y una gestión de cara a la ciudadanía.



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Lunes 10 de enero de 2011
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