Editorial

Imputabilidad de menores

La discusión sobre la edad de imputabilidad, en otras palabras, sobre la posibilidad de asignar responsabilidad penal por sus actos a los menores de 16 años, surge de manera recurrente en nuestro país al impulso de casos resonantes, pero suele volverse impracticable por efecto de condicionamientos ideológicos.

Así, la sucesión de hechos en los que participan niños -muchas veces utilizados por mayores, para aprovechar la salvaguarda jurídica que los asiste- desencadena el clamor popular para que reciban el castigo judicial, y las simultáneas advertencias de quienes ven en esa medida un obstáculo para sus posibilidades de inserción social.

Desde el ámbito político, las respectivas posturas reciben sus correspondientes etiquetas: autoritarismo o derechización por un lado, exceso de tolerancia garantista o permisivismo anárquico por el otro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga a los Estados miembros a fijar una edad piso de imputabilidad, pero a la vez pide que se adopten medidas para tratar a estos niños que delinquen, sin aplicar medidas judiciales que los priven de su libertad.

En orden a ello, el Senado aprobó en julio de 2009 un régimen penal especial para menores de 18 años. Resultado de la conjunción de diversas iniciativas -y en discordancia con otras-, este proyecto establece la responsabilidad penal desde los 14, pero con previsiones específicas según la franja etaria. Así, por debajo de esa edad no hay imputabilidad alguna, y hay diferente tratamiento para los chicos de 14 y 15 que para los que están entre 16 y 18 (edad a partir de la cual se aplica el régimen para adultos).

La asignación de responsabilidad depende de la gravedad del delito y las sanciones van desde pedir disculpas a los afectados hasta -como medida extrema- la privación de la libertad en algún centro especializado. Pero sobre todo, se propicia que el juzgamiento sea en un tiempo razonable.

El texto aprobado por el Senado no consiguió convertirse en ley por la diferencia de opiniones en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo impulsa también un régimen especial para los menores, pero no admite bajar la edad de imputabilidad.

La complejidad del tema y la polarización del debate, impiden una definición. En todo caso, la lectura de las previsiones y fundamentos de las propuestas legislativas dan cuenta del esfuerzo realizado para buscar puntos de equilibrio entre el legítimo reclamo de la población por seguridad, y el imperativo de no conculcar derechos ni cercenar posibilidades a quienes aún no han alcanzado su pleno desarrollo intelectual y emocional.

Lo que no puede admitirse es la clausura del debate bajo el influjo de anteojeras ideológicas, ni alentar fantasías de justicia por mano propia ante la percepción de la defección del Estado. Sobre todo cuando éste no se ha mostrado capaz de garantizar las políticas de prevención, contención y reinserción que se invocan para bloquear cualquier intento de solución a un problema acuciante y definitivamente insoslayable.