Editorial

Sin ley

Días pasados volvió a repetirse el bloqueo a la circulación de diarios en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez hubo más perjudicados. A Clarín y La Nación se sumaron Ámbito Financiero, Crónica y Página 12, tres diarios próximos al gobierno nacional. Todos padecieron la medida de fuerza decretada por el Sindicato de Camioneros, consistente en el cruce de vehículos frente a dos distribuidoras de diarios. La razón esgrimida es la petición de un cambio de encuadramiento sindical para los choferes de los vehículos que hacen la distribución de las publicaciones. Pablo Moyano exige que pasen a su gremio. Y como ha ocurrido con choferes que transportan las mercaderías que se expenden en los supermercados, el método ha sido el de la acción extorsiva e intimidatoria sintetizada en la expresión: “De aquí no sale nadie”.

Así, en vez de esperar la finalización del trámite de reencuadramiento ante las oficinas del Ministerio de Trabajo de la Nación, se bloquean las salidas de centros de distribución y se amenaza con extender la medida en caso de que no se complazca con rapidez la demanda de Pablo Moyano. Los perjudicados directos de estos atropellos son, en primer lugar, los lectores, los ciudadanos con derecho a informarse a través del medio de su elección. También, las empresas periodísticas, afectadas tanto en su derecho a hacer circular sus informaciones y opiniones, como en el derecho a emprender y sostener con ingresos genuinos una industria lícita. De modo que la obstrucción sindical a la circulación de los diarios comporta en la práctica un acto de censura. Asimismo, viola derechos económicos de diversas empresas, lo que se agrava -en el caso de los diarios- por el hecho de que los choferes no integran sus plantas de personal, sino las de terceras firmas que les prestan servicios y que tampoco pueden ser avasalladas por bandas dedicadas a la acción directa.

Más claro aún. En consonancia con la Constitución Nacional, el Art. 161 del Código Penal establece que “sufrirá prisión de uno a seis meses el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o un periódico”. Se trata, en cualquier caso de asegurar el acceso de la ciudadanía a un bien básico de la democracia: el de saber de qué se trata, recibir información y leer opiniones que, según sea el caso, pueden estimular otras lecturas, activar polémicas, generar reacciones o convalidar el propio pensamiento.

Nada de esto interesa al Sindicato de Camioneros. Tampoco la resolución dictada durante el anterior bloqueo por el juez en lo Civil Gastón Olivera, quien emplazó al flamante Ministerio de Seguridad para que evitara nuevas acciones de este tipo, lesivas del ordenamiento legal. Pero volvió a ocurrir y nadie movió un dedo. La titular de esa cartera, Nilda Garré, hizo mutis por el foro, y sus subordinadas, las fuerzas de Seguridad, brillaron por su ausencia. Otra vez, las empresas quedaron abandonadas a su suerte mientras se esparcía el ejemplo militante del Estado ausente.