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Una semana de equivocaciones políticas

Una semana de equivocaciones políticas

El viernes los seguidores del “Momo” Venegas pedían su liberación frente a los Tribunales de Comodoro Py. Unas horas después el sindicalista quedaba en libertad. Foto: DyN

Hugo E. Grimaldi

DyN

El tablero del Gobierno ha saltado por el aire en unos pocos días y lo que hasta la semana pasada parecía ser un meditado juego de ajedrez impulsado por la propia Cristina Fernández para solidificar su imagen por encima de sus propias internas, se ha convertido en una recurrente y azarosa lluvia de torpezas que la hicieron retroceder políticamente varios casilleros.

El recuento de las equivocaciones estratégicas del Gobierno ha tenido su clímax con la detención del dirigente sindical Gerónimo “Momo’ Venegas, en este caso con la desprolija coproducción del juez federal Norberto Oyarbide. Los pasos para atrás incluyen los derrapes conceptuales y otros mensajes surgidos del larguísimo discurso que hizo la propia Presidenta para invitar a debatir sobre la formación de los precios; la cizaña que el Gobierno intentó meter en las internas de la Unión Industrial Argentina y en la Mesa de Enlace y el aire que se le está dando al diputado Martín Sabbatella, para angustiar nada menos que a Daniel Scioli.

Tal fue el patinazo oficial en la cuestión Venegas, derivada de la llamada “mafia de los medicamentos’, que la reacción de los gremios resultó furibunda. Hasta Hugo Moyano se olvidó de las alianzas políticas con el Gobierno y le mostró las uñas a través de un Comunicado. Los efectos de la situación han puesto en pie de guerra a casi toda la corporación sindical contra lo que la CGT consideró que es una embestida para “debilitar al movimiento obrero’ que proviene de los sectores más ideologizados de la Casa Rosada, a quienes el dirigente Luis Barrionuevo, de la otra central, llamó “pichones de Montoneros’. Sin conocer a fondo el expediente judicial, todo indica que la investigación de Oyarbide parece profunda y apunta, como ningún otro magistrado lo ha hecho, al manejo turbio de las Obras Sociales Sindicales y al financiamiento de la campaña electoral del Frente para la Victoria (FPV) a través de la industria farmacéutica. También se sabe que Oyarbide es propenso al show, de allí el aviso a las redacciones para que supieran a qué hora iba a salir Venegas y lo mostraran esposado. La gran pregunta a responder es: ¿por qué involucrar políticamente al Gobierno en los desaguisados procesales y políticos en que se ha metido el juez, que lo llevaron primero a detener a Venegas sin tomarle antes declaración testimonial, a incomunicarlo primero y a liberarlo luego debido a la presión que metió el sindicalismo, con movilizaciones y cortes de ruta incluidos?

En primer lugar, está claro que el Gobierno se involucró solo, a partir del patrón comunicacional que todos conocemos. Más allá de que en los ambientes sindicales ya se conocía que Oyarbide había puesto el ojo sobre Venegas debido a alguna infidencia del propio juez soltada entre amigos en Punta del Este, novedad que el mismísimo Moyano le habría soplado al oído al titular del gremio de los peones de campo en la cancha de Independiente hace diez días, la acción de desgaste sobre “el Momo’ había comenzado a través de la televisión pública, a propósito del llamado “trabajo esclavo’ que el Gobierno se empeña en denunciar a diario en dramáticos comunicados de la Afip, para demostrar la insensibilidad de las “patronales rurales’. En verdad, el gremio de Venegas (Uatre) es quien más ha hecho para terminar con estas prácticas de explotación y de trabajo en negro en el campo, ya que ha sumado afiliados desde casi cero al número de 800 mil, sobre un millón y medio de trabajadores. Dicen los gremialistas que las denuncias ante el ministerio de Trabajo se han sucedido sin interrupción desde hace años sin que las autoridades se hayan preocupado por fiscalizar, tarea que ahora se le endilga al sindicato, cuando debería ser ejercida por el poder del Estado. Lo que parece ser más cierto de toda esta historia de inquina hacia Venegas es que fue público y notorio que el titular de Uatre no quiso convalidar la postura del Gobierno en relación a la Resolución 125, lo que motivó hace dos años y medio su paso al costado de la CGT oficial, aunque quedó como titular de las 62 Organizaciones Peronistas, con adhesión partidaria al Peronismo Federal. Una versión no confirmada que se cuenta en privado, pero que luego los protagonistas no admiten en público, indica que Néstor Kirchner no le había perdonado aún al dirigente rural que se hubiera negado a realizar con sus afiliados una toma de campos cuando recrudecía la pelea con la Mesa de Enlace.

Otro de los sucesos objetivos que emparenta al Gobierno con todo el episodio fue la necesidad de que se desvíe el eje de la situación, ya que Oyarbide había procesado dos veces en 48 horas a Héctor Capaccioli, el llamado recaudador K de los fondos de campaña de la elección que llevó a Cristina Fernández a la Presidencia. Las imputaciones sucesivas fueron malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, asociación ilícita (en carácter de miembro), defraudación a la administración, negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento y lavado de dinero, todo un rosario de cargos y así aún Capaciolli no fue preso.

Después está el caso de Duhalde, referente político de Venegas, lo que le suma una cuota de sospechas al interés que tenía el Gobierno por azuzar al juez. Hasta el propio Oyarbide le preguntó en la indagatoria al gremialista si lo conocía, un día después de que el ex presidente se despachara con una lapidaria frase que apuntó a desactivar alguna eventual idea de imponer, a como diera lugar, un pensamiento hegemónico: “Todos los opositores estamos en libertad condicional’, dijo. Ya lo mostrarán las encuestas, pero es muy probable que la chapucería del Gobierno haya terminado por darle aire a un candidato que tiene una imagen negativa notable.

Otro tema de traspié gubernamental fue el gran soliloquio que realizó Cristina para hablar, sin nombrarla, de la inflación. Repasar las 6 mil palabras del discurso muestra un quiebre evidente en la idea aperturista que la misma Presidenta había instalado con amplia generosidad hace unos 10 días. En primer lugar, en esa intervención, que tuvo como principal oyente en primera fila a Sabbatella y a sólo dos o tres intendentes del Conurbano, ella invitó a “discutir en serio’ el tema de la formación de precios. Más allá de las referencias a los precios del Mercado Central y a las “milanesas para todos’ (omitió decir para todos los que viven relativamente cerca), la Presidenta retomó la poco original idea de su ministro de Economía de hablar de la “dispersión’, antes que de la inflación y se concentró en dar clases de teoría económica sobre los formadores de precios, tema en el que dijo el Estado no tiene nada que ver porque no vende tomates, ni autos, ni acero, ni cemento. Y aunque se llenó la boca con el permanente impulso que se hace de la demanda agregada, omitió reconocer que la misma está empujada precisamente por un bien que produce el Gobierno, los billetes de la emisión monetaria. El oscilante discurso sirvió además para responsabilizar a los hombres de negocios de la inflación y para decirles que si no quieren hablar de precios o aún de salarios hablen de participación de los trabajadores en las ganancias empresarias.

Esta referencia volvió a poner cierto escozor en las compañías, aunque es más que probable que con esa manifestación la Presidenta intentó darle una señal amable a Moyano, ya que ese proyecto de Ley es de su adlátere, el diputado Héctor Recalde.

En cuanto a la Unión Industrial Argentina (UIA), el Gobierno intentó romper el frente interno, cuando hizo pedir por un par de asociados muy cercanos a la Casa Rosada elecciones abiertas en la central fabril. El lío que se vivió en la UIA terminó con la presidencia de Héctor Méndez y el Gobierno no sólo parece haber fracasado allí en su intento de romper la unidad, sino que lo que más le ha dolido es que toda la operación quedó en evidencia.