El sindicalismo frente a la Justicia
Hay motivos para creer que la decisión del juez Norberto Oyarbide de liberar al gremialista Gerónimo Venegas previo una fianza de medio millón de pesos se debió a razones estrictamente jurídicas, pero a más de un observador no se le escapa que la formidable presión social ejercida por el gremialismo peronista haya sido el factor que precipitó la decisión de un juez por demás controvertido y demasiado proclive a actuar atendiendo las relaciones del poder político.
Por lo pronto, no deja de llamar la atención que los propios dirigentes sindicales anunciaron que en este caso todos cerraban filas en la defensa de Venegas, más allá de sus ruidosas diferencias políticas. El propio dirigente de Uatre dijo que su detención no era a un opositor político sino a un gremialista en tanto y en cuanto el ataque apuntaba a “las históricas conquistas del movimiento obrero”. Las palabras de Venegas no fueron muy diferentes a las de Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. En todos los casos los burócratas sindicales consideraban que eran víctimas de una maniobra o de un tiro por elevación contra las estructuras sindicales.
No es la primera vez que los sindicalistas invocan las conquistas del movimiento obrero para disimular lo que en muchos casos son sus propias conquistas personales. No estaría mal, que la justicia se decida a investigar de una vez por todas lo que sucede en el gremialismo argentino, donde los negociados y los operativos de corrupción a costa del movimiento obrero y el Estado nacional son por todos sospechados. Dicho sea de paso, tampoco estaría mal que desde el poder político se retomen las iniciativas tendientes a democratizar estas estructuras sindicales.
Lo interesante y preocupante de este proceso es que los sindicalistas se defendieron como si fueran culpables, es decir recurriendo a consignas generales y a chicanas jurídicas. Si sus conducciones fuesen irreprochables serían los primeros interesados en saber qué ocurre con las obras sociales y hasta dónde la llamada mafia de los medicamentos se ha extendido. Nada de ello ocurrió. Por el contrario, la corporación sindical cerró filas para defender a Venegas y proteger a cualquier sindicalista -empezando por Moyano- que pueda ser investigado en estos temas.
Por su parte, el gobierno nacional no pudo disimular su preocupación por lo sucedido. En su momento, desde las usinas del poder kirchnerista Venegas había sido atacado por ser el responsable de propiciar lo que se denominó el “trabajo esclavo”. Si existió una orden para que Oyarbide actúe, es algo que nunca podrá saberse, pero lo cierto es que las consecuencias de la decisión del juez -quien muchas veces actúa por cuenta propia atendiendo su posicionamiento en el cargo- fueron inquietantes, ya que el gobierno se encontró ante el dilema de enfrentarse no contra un sector sindical, sino contra todo el sindicalismo empezando por sus propios aliados.
