MAS INFLACIÓN, MAS RECAUDACIÓN

Una paradoja peligrosa

José Curiotto

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Salieron todos conformes, y no era para menos. La visión cortoplacista de los problemas en un año típicamente electoral había sido satisfecha. Los empleados estatales en la provincia de Santa Fe recibirán un aumento promedio del 28,5 %, aunque, en algunos casos, las mejoras treparán al 31 %.

Promediaba la tarde cuando, en Casa de Gobierno, el ministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, pronunció una frase que seguramente quedará grabada como una de las más reveladoras de este 2011 que recién comienza: “La provincia deberá erogar 2.800 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Para poder hacerlo tenemos dos caminos. Uno de ellos es esperar un aumento de la recaudación que, paradojalmente, depende del aumento de la inflación. Cuanto más alta la inflación, mejor recaudación...”.

¿Cuánto más claro se debe ser para que, de una vez por todas, se encienda la luz de alarma y la dirigencia asuma una actitud responsable frente a esta verdadera bomba de tiempo que es la inflación? ¿Alguien va a decir la verdad a los empleados públicos y docentes?

El círculo vicioso es tan claro, que sólo los necios pueden negarlo o intentar disimularlo. Si, como dice Sciara, se necesita más inflación para pagar mejores salarios, resulta evidente que el incremento de sueldos se esfumará con los aumentos de precios.

Si bien no se puede responsabilizar a las subas salariales por el problema inflacionario, la salida no pasa por negar la realidad. El desafío profundo de la Argentina radica en la necesaria redistribución de los ingresos. Y la inflación poco ayuda para alcanzar esta meta.

Resulta claro que el problema de fondo no se genera en la provincia de Santa Fe, sino que está directamente atado a un esquema nacional que apuesta a un escenario donde los aumentos de precios insuflan recursos al Fisco por el pago de impuestos, y en el que se apuesta a un contexto mundial que favorece el constante ingreso de divisas.

La inflación galopa al 30 % anual, a pesar de que el Estado nacional destina enormes recursos para evitar la suba de servicios públicos como la energía eléctrica o el transporte. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), durante 2010 el gobierno nacional destinó a subsidios $ 48.032 millones, lo que constituyó un 47 % más que en 2009. El sector energético recibió en 2010 un 63 % más que en 2009.

Así, en una vivienda de pleno barrio Norte de Capital Federal la factura de la luz suele ser 50 % más baja que la de cualquier barrio de la ciudad de Santa Fe. Algo similar ocurre con los medios de transporte masivo.

Si el gobierno destina casi 50.000 millones de pesos anuales para frenar subas en los servicios esenciales y, aun así, la inflación es del 30 %, algo anda mal.

Pero éstas no son las únicas distorsiones. En este modelo de “inflación-mayor recaudación-inflación”, existen algunos sectores en mejores condiciones de soportar la escalada de precios y otros para los que, inevitablemente, la carrera está perdida.

Para el gobierno resulta relativamente sencillo otorgar el 30 % de aumento salarial. Si no aparecen escollos inesperados, los ingresos en las arcas oficiales también crecerán. Aunque se trate de una mera ilusión, habrá más pesos para repartir. Y si los pesos no aparecen, se pedirá algún préstamo que en su momento será cubierto con los mismos impuestos que paga el ciudadano común.

Los otros beneficiados son aquellos sectores de la economía que dependen del mercado externo, como ciertas áreas de la industria, el campo y, sobre todo, el sector agroindustrial exportador. Para ellos, el ingreso de dividas parece estar asegurado.

El problema mayor recae en aquellos empresarios, comerciantes o prestadores de servicios privados que dependen del mercado interno, que ven cómo sus costos se disparan mientras sus empleados, con razón, reclaman mejoras en sus sueldos. ¿O es que alguien puede creer que un pequeño comerciante de un barrio de Santa Fe está en condiciones de aumentar el 30 % los salarios de sus empleados?

Y, como siempre, el peso de la realidad golpea a los más pobres. De hecho, en esta escalada inflacionaria que nadie parece interesado en detener -mucho menos en un año electoral- los mayores aumentos de precios se dan en los alimentos esenciales. El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos -por ahora creíble y lejos de las amenazas de Guillermo Moreno- dijo que la inflación en este rubro llegó al 37 % durante 2010. Los que menos tienen destinan una proporción mayor de sus ingresos a la alimentación. Para los jubilados, la situación es similar, porque las mejoras en sus haberes siempre irán por detrás del aumento de precios.

Cuando el gobierno -nacional o provincial- fija aumentos salariales del 30 %, le está diciendo a la población que ése será el piso de los niveles inflacionarios para el año que recién empieza.

En este 2011, cuando el poder político estará en juego, a pocos parece importarles el futuro del país y de su gente. El corto plazo impera.

A fines de los noventa, sólo un puñado de políticos o sindicalistas tuvo la valentía y la responsabilidad de decir que era necesario salir, poco a poco, de la convertibilidad que había sido tan útil para frenar la inflación.

Ahora, muy pocos parecen tener la valentía y la responsabilidad de decir que este modelo económico, que fuera tan útil para poner en marcha la economía del país luego de 2001, necesita imperiosamente medidas que frenen la escalada inflacionaria.

Mientras siga en pie esta obsesión irresponsable por disimular la verdad y por buscar soluciones a los problemas cuando ya es demasiado tarde, el destino seguirá siendo incierto. Porque el mañana poco importa.