Avance del gobierno sobre las empresas

Mientras Cristina confía en la Justicia Siderar quiere un debate parlamentario

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La presidenta pidió a las compañías donde el Estado es accionista que distribuyan las utilidades “que le pertenecen a los argentinos”.

Foto: Télam

El presidente de la empresa quiere plantear su postura en el Congreso de la Nación. “La Justicia pondrá las cosas en su lugar”, dijo anoche la presidenta.

 

De la Redacción de El Litoral

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DyN

El presidente de Ternium-Siderar, Daniel Novegil, reclamó hoy un “debate parlamentario” para que esa compañía pueda plantear su postura ante lo que describió como una “injerencia política en la vida de las empresas”, en referencia a la decisión de la Anses de ampliar su presencia en firmas donde cuenta con participación accionaria.

El empresario, además, advirtió que “la injerencia del Estado en la marcha de las compañías, los controles de precios y la no intervención del Congreso tiene una cierta similitud” con lo que el Grupo Techint “vivió en Venezuela”, y consideró que la presidenta Cristina Fernández “tal vez está mal informada” al afirmar que la compañía rechaza pagar dividendos.

“En nuestro criterio no tiene justificación la aplicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia, ya que la Constitución Nacional sólo justifica que el Ejecutivo legisle en circunstancias muy excepcionales que hicieran imposible ir al Congreso”, enfatizó el empresario.

Anoche, Ternium-Siderar, la mayor empresa siderúrgica del país y parte del conglomerado Techint, presentó un amparo ante la Justicia en rechazo a la resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de declarar “irregulares e ineficaces” las decisiones adoptadas en la última asamblea de accionistas, en la que la Anses buscó, sin éxito, ampliar su participación en el directorio.

“Ha habido bastante confusión con todas las declaraciones que han ocurrido, incluidas las de la presidenta de ayer. Esto se inicia en 1993, cuando se crean las AFJP. Para evitar la injerencia en el manejo de las compañías, el Congreso fija en cinco por ciento el poder de voto de las acciones que la Anses tenía en las diferentes empresas”.

En el año 2008 “se las nacionaliza, se las traspasa al Estado y el ministro de Economía, Amado Boudou, fue al Congreso y como número 1 de la Anses en ese momento mantuvo explícitamente el cinco por ciento para lograr la aprobación. Hoy, dos años y medio después, el gobierno dicta un DNU anulando la limitación del cinco por ciento y, en definitiva, permitiendo la injerencia política en la vida de las empresas. Eso se está discutiendo”.

Novegil señaló que “uno escucha al ministro del Interior, Florencio Randazzo que cuando le preguntan “por qué no mandan al Congreso el tema en vez de sacar un decreto” y contesta “porque hubiera habido demasiadas dificultades para que salga’, se empieza a entender cuál era la necesidad”.

“Luego se escucha al director que la Anses está proponiendo colocar (Axel Kicillof) hablando de control de precios, que pedirán precios diferenciales. Ello va a limitar la expansión mundial de la compañía, y se empieza a entender lo que es la injerencia, y recuerda episodios vividos no hace demasiado tiempo en Venezuela y comienza a preocuparse”, analizó.

Sobre el reclamo de la presidenta de ayer para que la empresa pague dividendos, Novegil aseguró que “los que impiden que se paguen son la Anses y la CNV”.

“La presidenta en este tema tal vez está siendo mal informada, porque la decisión de pagarlos ha sido del accionista mayoritario”, replicó.

Justicia

Anoche, la presidenta salió a respaldar la decisión de la Anses de ampliar su número de directores en las empresas en las que cuenta con participación accionaria y pidió a esas compañías que “distribuyan las utilidades que le pertenecen a los 40 millones de argentinos”.

La presidenta dijo que confía en la Justicia para resolver los conflictos por la participación del Estado como accionista en grandes empresas. “La Justicia, en la que confío, sabrá poner las cosas en su lugar”, dijo la mandataria.

“Algunos no quieren distribuir dividendos, pero no importa porque ya lo lograremos. Es curioso porque son los mismos que hablan de capitalismo y seguridad jurídica. Qué mayor seguridad jurídica que repartir los dividendos entre los accionistas”, afirmó.

La presidenta formuló declaraciones en Casa de Gobierno, durante un anuncio por la cadena nacional sobre beneficios a jubilados y embarazadas, luego de que la Anses adelantara que votará “acumulativamente” en la próxima asamblea del Banco Macro, en la que cuenta con el 30,65 por ciento del capital social y el 28,5 por ciento de los votos.

Así lo notificó la Anses al Macro -cuyo presidente, Jorge Brito, es a su vez titular de

Adeba e integrante del “Grupo de los 6”-, que a su vez transmitió la información a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“El Estado no quiere manejar las empresas”

El ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó hoy que “el Estado no quiere manejar las empresas, sólo participar como se debe” dentro de los directorios de las que posee acciones en su poder y volvió a sostener que el Grupo Techint “debe permitir el ingreso de directores en representación del Estado” en Siderar.

Boudou, a través de Twitter, dijo que “seguridad jurídica es que las empresas respeten las leyes”, al tiempo que advirtió que “algunos nostalgiosos prefieren ese Estado que sólo servía para pagar deudas de las empresas y cuando había ganancias no tenía derechos”.

Boudou criticó a “algunos nostalgiosos” que “prefieren que el Estado sirva sólo para pagar deudas de las empresas y cuando había ganancias (dicen que) no tenía derechos”.

También criticó a “ciertos medios de comunicación” que “deberían ajustarse a la realidad”, ya que “el Estado no quiere manejar las empresas, sólo participar como se debe”.

/// EL DATO

Conciliación

El Ministerio de Trabajo dictó hoy la conciliación obligatoria ante el anuncio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de realizar mañana un paro por 24 horas, por el fracaso de las discusiones salariales con las cámaras de esa actividad de la industria en el marco de las paritarias. Voceros oficiales indicaron a DyN que la conciliación dictada por la cartera encabezada por Carlos Tomada será por un plazo de 15 días. Según había declarado a esta agencia el titular de la UOM, Antonio Caló, días pasados, el sindicato “reclama un salario básico de 3.500 pesos” para los trabajadores, que hasta ahora los empresarios “se niegan” a conceder. La UOM tiene 250 mil afiliados en todo el país.