Medidas contra el lavado de dinero

La Argentina busca evitar una dura sanción del Gafi

De la redacción de El Litoral

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La Argentina rinde examen desde hoy ante la asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) que se reúne en México para evaluar, entre otros temas, si el país modificó su legislación antilavado de dinero, de acuerdo con las exigencias que se le impusieron por parte del organismo en la última reunión de París.

El test es clave para el gobierno, ya que de considerarse insuficiente la reforma a la ley de lavado de dinero que votó el Congreso a principios de mes, el país podría ser expulsado del Gafi y considerado no confiable, lo que complica las transferencias de dinero no sólo del Estado, sino también de empresas particulares.

José Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), viajó a México con la certificación de lo votado en Buenos Aires, para exponer hoy la defensa junto con la delegación oficial. Tiene en contra la opinión negativa del directorio de ese organismo no sólo por la pobre actuación de la Justicia local en los casos de lavado, sino también por la falta de ritmo en la modificación de la legislación local.

La Argentina integra el Gafi desde 2000 y desde ese momento está calificada como país confiable y cooperante, categoría que podría perder si no son aceptadas las últimas modificaciones a la ley antilavado y que figuran entre los requisitos que le fijó a la Argentina en la última revisión del país que se hizo en la reunión plenaria de París.

En el seno del Gafi se sostiene que la legislación local en contra del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo es insuficiente. Se cuestiona que la Justicia argentina resulta inútil en la pretensión de perseguir lavadores de dinero: en los 10 años de vigencia que lleva la ley antilavado sólo se logró meter preso por ese delito a un comerciante cordobés.

Uno de los argumentos para ese fracaso fue siempre la dificultad en aplicar el tipo penal para encuadrar los casos detectados de ese delito. De ahí que el Gafi intimara a la Argentina, entre otros puntos, a modificar el Código Penal. Hasta ahora, el lavado de dinero sólo podía ser tratado en el Código como un delito consecuente de otro y no como un tipo autónomo. Desde la reforma que sancionó el Congreso, se consagró el autolavado como delito; es decir, la Justicia podrá perseguir los casos de lavado sin necesidad de que exista un delito previo.

El impacto de casos resonantes

Además de la reforma a la ley, Sbatella mostrará ante el organismo las reformas introducidas al funcionamiento de la UIF. Pero entre estas dos reformas, estalló el escándalo de las Madres de Plaza de Mayo y Sergio Schoklender que impacta directamente en el organismo.

No sólo existió la denuncia de la diputada Elsa Quiroz (Coalición Cívica) sobre las supuestas actividades sospechosas en el manejo de fondos por parte de Schoklender, sino que además quedaron registrados dos reportes de operaciones sospechadas por parte de bancos privados que vieron cómo en un año no existió ningún avance en esas denuncias.

Ahora el fiscal Jorge Di Lello activó la causa, elevó la acusación y el juez Norberto Oyarbide demostró una actividad frenética en esa investigación, pero la demora de la UIF quedó registrada en el Gafi como un pésimo antecedente.

También queda pendiente en el país otro capítulo de la ley antilavado: la correctiva para solucionar algunos problemas que dejó la sanción apresurada de la ley original y que amenazan con complicarles la vida a contadores, abogados, operadores de Bolsa, aseguradoras, autopartistas y amplios sectores de la economía. Esa correctiva se aprobó el 1º de junio pasado en el Senado, junto con la ley de antilavado, pero el proyecto debe votarse ahora en Diputados. Así mientras la ley que hoy lleva Sbatella ante el Gafi ya está en vigencia, la correctiva aún no.

“Fallaron los controles”

El abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, volvió a admitir que fallaron los controles de los fondos entregados a la entidad que preside Hebe de Bonafini para la construcción de viviendas y apuntó una vez más contra Sergio Schoklender como máximo responsable de las irregularidades que investiga la Justicia.

“Claro que fallaron (los controles). Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió”, planteó el abogado que arremetió contra el ex apoderado de Madres. “El error de Hebe fue otorgarle demasiada confianza a la habilidad y el ingenio de Sergio Schoklender. Acá no se pone en duda la calidad de las viviendas, pero eso no quiere decir que no tenga que haber controles”, afirmó.

En la misma línea, el abogado opinó que los desmanejos en el uso de fondos estatales fue posible “por el exceso de confianza” que las Madres depositaron en el ex apoderado, a quien acusó de “aprovecharse del cariño de las Madres”. “La construcción de viviendas no es una tarea en la que las Madres sean expertas”.

Barcesat contó que en los últimos meses los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que comanda Julio De Vido, habían pedido que Schoklender dejara de ser su interlocutor. “Hubo que sacar a Sergio porque se peleaba con todo el mundo. Le pidieron hablar con Pablo, que era más tratable y afable. Eso no significa que estuviera fuera del proyecto paralelo. Lo sacaron porque no lo soportaban”, completó.

En tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello, que interviene en la investigación de la causa abierta contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, expresó que la Fundación Madres de Plaza de Mayo “puede ser considerada, en primera instancia, parcialmente víctima” de un delito. Di Lello, además, consideró que por el momento “no tiene sentido llamar a (declaración) indagatoria” a alguno de los investigados, porque sería una vulneración de sus garantías o un acto infundado mientras se busca la prueba de acusación. El funcionario del Ministerio Público expresó que aún es “precaria la visión del enriquecimiento global de los hermanos Schoklender”, aunque reconoció que “se está hablando de la manifestación de un crecimiento patrimonial que no tiene que ver con el desempeño profesional de los investigados”.