EDITORIAL

Sobre la trata de personas

Acceder a estadísticas oficiales sobre trata de personas en la Argentina no resulta tarea sencilla. Tanto es así que, en general, los datos que impulsan la lucha contra este flagelo en el país se sostienen en informes elaborados por organizaciones no gubernamentales que se ocupan de buscar a las víctimas y de contener a sus familias.

En Santa Fe, la Defensoría del Pueblo realiza valiosos esfuerzos desde hace años por instalar este tema en la agenda de la discusión pública. Sin embargo, sólo parece lograrlo cuando algún caso puntual lleva a la trata de personas a las primeras planas periodísticas, ya que los esfuerzos oficiales para enfrentar el flagelo siguen siendo tibios.

Según organizaciones no gubernamentales que constituyen la Red No a la Trata, entre 2009 y los primeros tres meses de 2010 se registraron en la Argentina alrededor de 600 casos de mujeres secuestradas por redes organizadas para explotarlas sexualmente. Quienes siguen de cerca el tema aseguran que los barrios marginales de la ciudad de Santa Fe y gran parte del centro-norte provincial, representan “focos calientes” desde donde jóvenes y adolescentes son captadas -en muchos casos a través de engaños- para que ejerzan la prostitución en otros puntos del país.

En este contexto, la presidente de la Nación acaba de firmar el decreto 936, por el que se prohiben “los avisos -clasificados o publicitarios- que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio”. También se crea una Oficina de Monitoreo de la publicación de avisos de oferta de comercio sexual, dependiente del Ministerio de Justicia, como autoridad de aplicación que se encargará de realizar el monitoreo de medios gráficos.

Todo intento por atacar este flagelo debe ser apreciado. Sin embargo, difícilmente la trata de personas disminuya en la Argentina con este tipo de medidas, valorables en su propósito pero inconducentes al resultado que se busca. Mientras el gobierno anuncia que controlará a los medios gráficos nada dice, por ejemplo, del bombardeo publicitario televisivo a través de números telefónicos por los que se ofrecen servicios sexuales. Tampoco queda claro cómo se evitarán estos ofrecimientos a través de la web.

Como era de esperar, a pocas horas del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner comenzaron a surgir también lecturas políticas. En este caso, desde el radicalismo en la Cámara de Diputados de la Nación lamentaron que la Presidenta haya optado por tomar esta decisión a través de un decreto, en lugar de permitir un debate profundo en el Congreso, donde la oposición intentó abordar el tema en varias oportunidades, pero no lo logró por trabas del oficialismo.

Sin duda hace falta una política tendiente a evitar la trata y esclavitud sexual de adultos y menores de edad en el país. Y en este sentido, los clasificados, en la medida que se pruebe su causalidad respecto de posteriores delitos, sólo sería un engranaje menor.