Tras largos pleitos y la sanción de una ley

Policías y ex bancarios empezaron a cobrar sus acreencias al Estado

Se trata de reclamos iniciados hace 20 años, en algunos casos. El acuerdo contempla a 6.000 agentes y ex agentes de seguridad y 800 ex agentes del Banco de Santa Fe Sapem.

 

De la redacción de El Litoral

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El gobierno de la provincia comenzó a pagar la deuda histórica que mantenía el Estado santafesino con personal de la Policía y con los bancarios transferidos a la administración pública (ex empleados del Banco de Santa Fe Sapem) que, en conjunto, asciende hoy a alrededor de 127 millones de pesos.

Las deudas, que comenzaron a pagarse en el pasado mes de junio (con las cuotas retroactivas al mes de enero del año en curso), serán saldadas en efectivo (el 30 por ciento, en 10 cuotas bimestrales) y con bonos (el 70 por ciento, 16 cuotas trimestrales).

“De esta manera, el gobierno de la provincia no sólo da respuesta a un reclamo de más de 10 años a ex bancarios y 20 años en el caso de la Policía, sino que además evita de manera conciliatoria implicancias económicas de gran envergadura para el fisco provincial”, explicó el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre quien tuvo a su cargo la resolución del planteo que implicó la participación de la Legislatura en el dictado de una ley.

La deuda con el personal de la Policía y del servicio penitenciario corresponde a reclamos judiciales vinculados con la aplicación de la ley Nº 9.561, que involucró a 6.330 agentes por diferencias generadas a partir del período 1990/1991. “Del total de reclamantes, más del 70 por ciento adhirió al acuerdo propuesto y elaborado sobre la base de criterios sentados en precedentes judiciales”, indicó el fiscal.

En el caso de los ex empleados del Banco Santa Fe Sapem, que fueron transferidos a la administración provincial, “la deuda se origina con la privatización de la entidad ocurrida en 1996, y se trata de una compensación por la mora en el escalafonamiento y por la consecuente frustración de la carrera, a lo que se suma el derecho a obtener una categoría adicional a los fines jubilatorios”, precisó.

De los 1.005 reclamos admisibles presentados ante la Fiscalía por ese sector, ya adhirieron al convenio de pago cerca de 900 agentes.

En efectivo

El Estado provincial comenzó a pagar la deuda con bancarios en el mes de junio. Hasta el momento, fueron abonadas tres cuotas bimestrales en efectivo, por un total de 2.843.389,74 pesos; y dos cuotas trimestrales por un monto total de 3.400.137,28 pesos de amortización de títulos públicos.

En cuanto a la deuda con la Policía, ya se abonaron cuatro cuotas bimestrales, por un monto de 7.656.448,66 pesos, y una cuota trimestral correspondiente a la amortización de títulos públicos, equivalente a 3.045.988,40 pesos.

Con respecto a la forma de pago, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a emitir títulos públicos para saldar el 70 por ciento de la deuda. A su vez, se acordó abonar el 30 por ciento restante en efectivo.

“Como todavía se encuentra en trámite la solicitud de la provincia en la Caja de Valores para la emisión de los títulos, la amortización de los bonos se realizó en efectivo”, precisó un vocero del Ministerio de Economía.

Los plazos de amortización de los títulos públicos son amortizables en 16 cuotas trimestrales iguales, fijas y consecutivas.

Bomberos

El gobierno entregará este jueves un aporte económico de 30 mil pesos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Minetti, completando el ejercicio 2010 del fondo de seguridad creado por la ley 12.969.

Con esta última entrega, serán 118 las asociaciones que recibieron aportes económicos como valoración a las instituciones que desinteresadamente trabajan en servicio de la comunidad.

Los aportes recibidos por cada asociación fueron de 55.000 pesos por el período 2010, lo que hace un total de 6.490.000 pesos distribuidos a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de los 19 departamentos.

/// lo importante

Jubilados de las FF.AA.

El diario Clarín, en nota firmada por Ismael Bermúdez indica que el gobierno incrementó en $ 227,7 millones, el presupuesto de la Caja de retiros y pensiones militares y de la Gendarmería.

Lo hizo para atender el pago de sentencias judiciales firmes y medidas cautelares, que no se cumplimentan desde el 2009.

Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno que incorpore al sueldo del personal activo de la Gendarmería los suplementos y adicionales otorgados después de 2005. “Esto implica -dice el columnista- además ajustar los haberes de los retirados y pensionados de acuerdo con los nuevos salarios que surjan del fallo”. Agrega que en pronunciamientos anteriores, el Alto Tribunal había fijado la misma doctrina para el personal militar.