Conciencia moral y dignidad humana

María Teresa Rearte

En la historia de la reflexión ética, la estructura subjetiva de la moralidad toma el nombre de conciencia moral, la cual expresa una de las mayores calidades de lo humano.

En el esquema axiológico del Concilio Vaticano II, y más precisamente en la constitución Gaudium et spes, en el cap. 1 de la primera parte, se afirma que “el fundamento esencial de la dignidad humana está en su vocación a la comunión con Dios” (19). En el nivel inmediato anterior, penúltimo de las cotas referidas a la dignidad humana, el concilio menciona la libre decisión de la conciencia moral. “La dignidad humana requiere que el hombre obre según una libre y consciente elección, movido e inducido personalmente, desde dentro, no bajo un impulso ciego o una mera coacción externa” (17). El mismo concilio se encarga de subrayar que esa dignidad no se pierde cuando el hombre yerra por ignorancia invencible. Por supuesto que destaca también el rol de la responsabilidad personal.

El año electoral en curso, nos plantea situaciones que requieren la participación ciudadana. Tales situaciones, propias de la democracia, ponen nerviosos a algunos hombres de mentalidad estrecha y autoritaria. En ese contexto, podemos situar el nudo de la cuestión. O si se quiere de la discusión, una práctica que en la Iglesia Católica no se da; es decir, no se debate, sino que se impone. Pero los cristianos no tienen que renunciar a su dignidad y su libertad para el ejercicio de pensar, elegir y decidir, según su conciencia.

No todo lo que parece virtud es tal. Y a veces, pasivamente, algunas personas declinan su posibilidad y responsabilidad de pensar y tomar decisiones, dejándose llevar por lo que dicen los sacerdotes, que no son dueños de la conciencia de nadie. Y no están exentos de prejuicios, partidismos políticos, vicios de formación y hasta limitaciones naturales.

Nos encontramos ante dos concepciones: por un lado, la fe cristiana explicada y vivida en y desde la libertad, e incluso como fuente de libertad, frente a las presiones coercitivas de diversa índole, que se dan incluso de parte de la Iglesia, y muestran los intereses, las fuerzas y apetencias de poder. Por medio de lo cual se pretende mantener un poder de control sobre las personas, que se corresponde con una mentalidad preconciliar de la autoridad. Una interpretación, asimismo, que no tiene nada que ver con el Evangelio.

Se perfilan así dos modelos de moral, que parecen incompatibles: la moral de la conciencia y la moral de la autoridad.

No hay modelos políticos hechos a la medida del Evangelio. No tiene por qué haberlos. Tampoco hay que confundir el orden espiritual, religioso, con el orden temporal. Ni tiene por qué el orden religioso absorber al orden civil y político. O ponerse por sobre él. En esto, incurrió precisamente el agustinismo político, que terminó deformando el pensamiento de San Agustín. Recordemos el caso de Carlomagno. O el papado medieval. Esta confusión condujo al poder religioso a usar medios como la fuerza, reservados al poder político. Téngase presente por ejemplo la deposición de emperadores y reyes, así como la tristemente célebre Inquisición.

Hay que entender que lo político tiene su propia entidad y consistencia. Que se trata de una realidad profana, que hay que distinguir del orden religioso. Pero ocurre que en nuestro país, en materia económica, social, política, etc., la Iglesia se comporta como si quisiera cumplir una función tutelar sobre los gobiernos y gobernantes, la sociedad y las personas. No hay que confundir la Iglesia con la sociedad. Por el contrario, la Iglesia debe saber que es parte de la sociedad. De un espacio colectivo, secular y agudamente secularizado, y por estos tiempos también extremadamente complejo.

Pero además, la obsesión por la normatividad parece hacer olvidar que Jesús no fue un moralista, si bien la fe cristiana incluye una moral. No obstante, aclaremos que la moral no se reduce a un compendio de lo permitido y lo prohibido. Además, la normatividad católica es para los bautizados. No para toda la sociedad. E incluso la Iglesia debe hacerse cargo de una realidad: no todos los bautizados se reconocen como miembros de la Iglesia. Y por consiguiente, tampoco se reconocen como destinatarios de su autoridad. La cual, por otra parte, se encuentra debilitada por los escándalos que sacuden al cuerpo eclesial. Pero también por la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se practica.

La democracia no es la solución de todos los problemas. Y su definición no se agota en el proceso electoral. Por depender del juego de las libertades individuales, de los intereses y legítimas apetencias de poder de los protagonistas de la política, como por la tensión que se establece entre la libertad y los valores de la vida ciudadana, hay una gran cuota de indeterminación. Es bueno que sea así y que lo aceptemos, si aspiramos a vivir en democracia.

Juan Pablo II se preocupaba porque la práctica democrática no fuera ajena a la verdad. Su inquietud es justificada. Y también hay que decir que consideraba que la verdad no se impone. Pero también hay que defender la democracia de la sospecha generalizada. Y reconocer que la Iglesia no tiene el monopolio de la virtud, ni mucho menos.

Para terminar, quiero recurrir a una cita de Pío XII, al final de la Segunda Guerra Mundial, que quizás nos ayude a pensar. “Todos estos males no habrían sucedido —decía— si los pueblos hubieran podido decir su palabra, coartada por sistemas totalitarios o autoritarios, donde todo el poder se concentraba en partidos únicos, y a través de ellos, en líderes carismáticos”. (Mensaje de Navidad de 1944). No soy de aquellos que piensan que los pueblos nunca se equivocan. Pero me parece de valor el reconocimiento que hace de la libertad de expresión de los pueblos. Y en consecuencia de la participación y la voz de los hombres libres. También para que decante nuestra fe. Y se libere de la ingenuidad tanto como de la mitificación religiosa. Y sepamos vivirla inserta en el dinamismo político del pueblo y la historia a los que pertenecemos.