EDITORIAL
Vicios que deben ser erradicados
Faltante de las boletas correspondientes a un determinado partido político en el cuarto oscuro. Datos alterados en las planillas correspondientes al escrutinio provisorio. Desproporcionada cantidad de votos en blanco o anulados. Obstaculización a la tarea de los fiscales.
Estas irregularidades son moneda corriente en nuestro país en los procesos electorales y se reiteraron -acentuadas- en las primarias nacionales del 14 de agosto. Las denuncias fueron descalificadas por el ministro del Interior, pero enseguida hallaron sustento en los dichos del juez electoral bonaerense, quien no vaciló en hablar de “errores muy grandes”, en un nivel “nunca visto” y en perjuicio de todas las fuerzas políticas.
Lamentablemente, en el debate público se impuso la lógica resultadista: el ganador no cuestiona el proceso que le permitió su triunfo, y el perdedor parece impulsado por el afán de poner en tela de juicio el trámite que le resultó adverso.
Ello obliga a puntualizar algunos aspectos básicos, que no atañen a la cuestión de fondo, pero han demostrado entidad suficiente para condicionar su abordaje. En primer lugar, no está en discusión la nómina de ganadores y perdedores, al menos en los cargos más importantes. Si bien la gran cantidad de votos en blanco puede modificar el orden de quienes salieron en segundo y tercer lugar, es justo decir que esta posición es prácticamente honorífica, dado que no existen dudas de que la fórmula más votada se impuso con una holgura aplastante. Lo que no puede admitirse es que se utilice este argumento para tolerar con displicencia vicios potencialmente severos.
En segundo lugar, resulta excesivo hablar de “fraude”, en su acepción tradicional de intervención planificada, metódica y sistemática para modificar un resultado electoral tergiversando la voluntad de los votantes. Pero eso no implica aceptar los problemas como “picardías” menores, por medio del expediente de minimizar su impacto. Se trata de prácticas pertenecientes a una concepción de la política que no sólo atenta contra la expresión legítima y participativa de la voluntad popular, sino que contribuye al descrédito de la propia actividad.
En este contexto cobró inesperada dimensión en el escenario nacional la experiencia santafesina de la boleta única, precisamente porque el diseño del sistema imposibilita la mayor parte de las irregularidades consignadas, y porque además se mostró como un mecanismo sencillo, seguro y de fácil asimilación para la ciudadanía.
Si bien la insistencia de la oposición y el apuro por aplicar el cambio en octubre puede estar empujada por la especulación de ganar terreno al kirchnerismo en los cargos legislativos, el rechazo de plano por parte del gobierno parece responder primordialmente a la vocación por preservar los beneficios del “arrastre”. En cualquier caso, probablemente no sea aconsejable forzar una modificación tan drástica en medio de un proceso electoral y en un lapso exiguo, pero las deficiencias del sistema exigen plantear el debate.
