Por acuerdos paritarios

El gobierno minimiza focos de conflicto en organismos públicos

En los últimos meses hubo protestas y amenazas de paro en API y Catastro, Servicio Informático, Desarrollo Social y Agencia de Seguridad Vial. Desde Recursos Humanos descartan alguna intencionalidad sindical. Admiten que son compromisos asumidos que demandan su tiempo.

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Admiten la existencia de demoras de los compromisos asumidos en paritarias. La mayoría de las veces, es el motivo de las protestas. Foto: Archivo/Di Salvatore

De la redacción de El Litoral

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El subsecretario de Recursos Humanos de la provincia, Juan Carlos Pucciarelli, minimizó los focos de conflicto que periódicamente surgen en diferentes reparticiones públicas y que derivan en planes de lucha de distinta intensidad. El último se desactivó temporariamente ayer, después de que las autoridades del Ministerio de Seguridad se reunieran con delegados de la Agencia de Seguridad Vial y acordaran una serie de pautas que permitieron levantar el paro ya votado.

Consultado por El Litoral sobre qué motiva estas protestas sectoriales de manera casi sistemática, Pucciarelli dijo que en general responden a cuestiones acordadas en paritarias que no logran materializarse en tiempo y forma. Pero descartó que en ese incumplimiento haya alguna intención política del gobierno de no ajustarse a las actas firmadas.

“Son distintos acuerdos que se han ido haciendo en el transcurso del tiempo y que están en trámite o en vías de ejecución -respondió el funcionario-. A veces, los tiempos de la administración pública no coinciden con las necesidades y pretensiones de los trabajadores de algunos sectores, pero en todos los casos mediante el diálogo y consenso se van logrando acercamientos para seguir adelante”, manifestó.

A modo de ejemplo, citó el acuerdo al que se arribó ayer con los empleados de Seguridad Vial y antes, con los trabajadores de API, que también depusieron su protesta.

Sin intenciones

Del mismo modo que negó cuestiones políticas de parte del gobierno en aquellos compromisos asumidos y no concretados todavía, también descartó alguna intencionalidad en los gremios de generar una situación de conflicto permanente.

“No vemos ninguna otra implicancia ni observación en este tipo de protestas. Son cuestiones laborales que fueron acordadas en paritarias con los gremios, pero que llevan su tiempo ejecutarlas. Pero no vemos -insistió- detrás de cada medida de este tipo ninguna otra intencionalidad ni animosidad; simplemente, los trabajadores defienden sus derechos y el estado defiende los intereses de los empleados pero también de todos los santafesinos”, planteó.

Por sólo repasar algunos de últimos los puntos de conflicto, vale mencionar que a mediados de agosto, los empleados de API iniciaron un plan de lucha con asambleas y estado de alerta para reclamar, entre otros puntos, la cobertura de cargos y funciones vacantes a través del otorgamiento de subrogancias. A fines de junio, también los trabajadores del Sistema Provincial de Informática se declaraban en estado de asamblea permanente por el incumplimiento de acuerdos paritarios. Entre otros puntos, planteaban cambios de agrupamientos de trabajadores que cumplen funciones informáticas. Una situación similar tuvo lugar en el Ministerio de Desarrollo Social.

La semana pasaba habían anunciado un paro los trabajadores de la Agencia de Seguridad Vial, y también estuvieron en conflicto los trabajadores de la Dirección del Menor, dependiente del Ministerio de Justicia.

Paritarias

Consultado sobre la posibilidad de que los gremios estatales sean convocados a paritarias antes de fin de año, en una medida similar a la acontecida con los docentes, Pucciarelli dijo que eso no está previsto.

“Por el momento, no evaluamos hacer una convocatoria para la administración central. Tampoco tuvimos hasta acá reclamos de los gremios estatales en el tema previsional, aunque sabemos que en el ámbito legislativo hay proyectos de ley que se orientan en este sentido. Por ahora, no hay convocatoria prevista”, concluyó.


Poder Judicial

Pucciarelli consideró pertinente y “aceptable” la respuesta que hizo llegar la Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo sobre las más de quinientas vacantes que supuestamente estaban disponibles en ese ámbito. Como se sabe, a partir de la iniciativa del gobierno para que se creen más de 800 nuevos cargos en el Poder Judicial a fin de que se pueda instrumentar la reforma penal, el Justicialismo reveló que ya existían en esa órbita 520 que quizá se podrían reutilizar. Pero el máximo tribunal advirtió que dichas vacantes eran transitorias y que muchas estaban destinadas al personal de nuevos juzgados, que debían ser completadas.

“Los cargos -dijo Pucciarelli- son necesarios para poder instrumentar la reforma judicial. Con respecto a lo que responden desde el Poder Judicial, corresponde a la Corte hacer un análisis pormenorizado de esas 500 vacantes. Pero en principio, conceptualmente, es atendible el argumento de que están destinadas a otros juzgados y que muchas de ellas pertenecen a cargos de estructura, es decir que si nosotros los usáramos para ingreso de otras personas, estaríamos cortando el derecho de la carrera administrativa de otros empleados judiciales”, explicó.