La Cámara Nacional pidió explicaciones

Sospechosos “orientadores electorales”

La Cámara Nacional Electoral le pidió al ministro de Interior, Florencio Randazzo, que informe si su organismo contrató a los “orientadores electores” que participaron en los comicios primarios y que fueron denunciados por la jueza electoral María Servini de Cubría, porque su actuación está prohibida.

El tribunal también le solicitó a los restantes 23 jueces electorales del país que informen si se presentó la misma situación en sus distritos o si recibieron denuncias sobre el tema.

Servini de Cubría denunció a la Cámara que en las elecciones primarias de agosto en varias escuelas de la ciudad se detectó la presencia de “orientadores electorales”, quienes se presentaron con computadores y le indicaban a la gente en qué lugares votar, lo que está prohibido por ley.

A pesar de eso, la magistrada detectó que se desempeñaron en varios colegios y cuando fueron echados por personal del comando electoral los orientadores dijeron que habían sido contratados por el Correo Argentino y por el Ministerio del Interior.

“Yo no sé si sólo orientaban a los electores perdidos o hacían otras tareas durante el escrutinio, porque no se entiende por qué se debían quedar hasta que se fuera la última urna. Yo los eché”, afirmó la jueza Servini de Cubría.

La jueza presentó una denuncia ante la Cámara Electoral que le comenzó a dar trámite. Los camaristas Rodolfo Munné, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via le enviaron un oficio al ministro Randazzo en el que le pidieron que informe si los facilitadores fueron contratados por su cartera y, en caso que así sea, qué funciones debían cumplir el día de los comicios. Pero el máximo tribunal electoral también amplió el tema al resto del país. Le solicitó a todos los jueces electorales que informen si situaciones similares se dieron en sus distritos.

En tanto, la Cámara Nacional Electoral tiene en estudio dictar la semana próxima una resolución mediante la cual cambiará en todo el país a los presidentes de mesa que hayan actuado con desidia o hayan cometido irregularidades durante el escrutinio de sus urnas y la confección de las actas y los telegramas remitidos a las autoridades electorales.