Continúa la protesta estudiantil
No cede la violencia en Chile
En la jornada de paro y movilizaciones hubo cacerolazos y se levantaron barricadas en muchas calles de Santiago. Simultáneamente, el gobierno de Piñera amenazaba con endurecer las sanciones contra los manifestantes y revoltosos.
Los carabineros, la policía militarizada chilena, se lleva a uno de los muchos detenidos que hubo en la jornada de ayer en Santiago.
Foto: Agencia EFE
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Con cacerolazos y barricadas aisladas en Santiago culminó hoy la primera de dos jornadas de movilizaciones por el conflicto estudiantil, en la que el gobierno chileno, además, anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para frenar la violencia de grupos de encapuchados.
Los hechos más graves de esta jornada de movilizaciones, convocadas por los estudiantes en demanda de una educación pública gratuita y de calidad, se vivieron temprano en esta ciudad de 6,2 millones de habitantes y llevaron al gobierno a anunciar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado con el fin de frenar la violencia callejera.
Encapuchados quemaron un autobús articulado de transporte colectivo, tras hacer descender violentamente a los pasajeros y al conductor, encender barricadas y enfrentarse con la policía antidisturbios.
Aunque la autoridad no entregó una cifra oficial, las emisoras de radios estimaron en unos 70 los detenidos a nivel nacional, entre ellos un fotógrafo de una agencia de noticias.
Los enfrentamientos entre manifestantes, que portaban cócteles molotov, y la policía, que empleó chorros de agua y gases lacrimógenos, se repitieron a lo largo del día en varios puntos de Santiago y dificultaron el tránsito de vehículos.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, criticó con dureza la quema del autobús y anunció una querella criminal invocando la Ley de Seguridad del Estado, que será presentada mañana.
La Ley de Seguridad del Estado, que acarrea un agravamiento de las penas, tipifica entre otros delitos los cometidos contra el orden público mediante “desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública”.
La norma, invocada en numerosas ocasiones durante la dictadura pero también en circunstancias excepcionales por gobiernos democráticos, considera entre los delitos contra el orden público la “destrucción, inutilización, paralización, interrupción o daño de elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos”.
Además de lamentar los episodios violentos de esta jornada, el gobierno, a través del portavoz Andrés Chadwick, aseguró que la convocatoria de los estudiantes fue un fracaso.
