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Por pasar un semáforo en rojo

Recusaron al fiscal de las fotomultas de Calchaquí

El municipio de Calchaquí sacó a la luz una infracción de tránsito de abril de 2009, labrada contra el fiscal Gustavo Gon. La semana pasada recusaron al juez Silva por un hecho similar contra su esposa.

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Con el apartamiento del juez natural de la causa, la investigación podría quedar acéfala. Foto: Archivo El Litoral

 

Juliano Salierno

jsalierno@ellitoral.com

Un nuevo capítulo de “la historia de las fotomultas” comenzó a escribirse esta semana en los Tribunales de Vera, cuando los abogados de la defensa del intendente de Calchaquí presentaron un escrito de recusación para el fiscal del caso, el Dr. Gustavo Gon.

La medida promovida por el intendente, Rubén Cuello; el secretario Institucional Fabricio Ocampo y el secretario del Juzgado de Faltas de Calchaquí, Sergio Catán, tiene por fin que “se suspenda toda actividad procesal” mientras se define si la aceptan o no.

La misma herramienta legal fue utilizada la semana pasada para apartar al juez natural del caso, Luis Octavio Silva, que esta mañana recibió en su despacho el expediente tras la negativa de su par Correccional, Eduardo Germán Fabbro, a intervenir como subrogante legal.

Silva fue recusado por un hecho similar al atribuido a Gon. En uno y otro caso los acusan de haber infringido las reglas de tránsito al circular por Ruta 11 -km 614- y bulevar Belgrano, donde hasta hace poco funcionó un radar bajo el sistema de fotomultas, instalado en febrero de 2008 sin más autorización que la del Concejo Municipal de Calchaquí, ignorando toda la normativa nacional y provincial vigente, según consta en el expediente judicial.

En la Cámara Penal

Al menos momentáneamente, los imputados lograron paralizar la marcha normal del proceso, ya que sin juez y con el fiscal puesto bajo la lupa, habrá que esperar que la Cámara de Apelación Penal de Vera determine la validez de los reclamos.

En caso de ser Silva quien continúe al frente de la investigación, esto no será por mucho tiempo, ya que en las próximas semanas vence la subrogancia del cargo como juez de Instrucción de Vera y por ende deberá abandonar su puesto en breve para establecerse en Santa Fe.

A propósito de la recusación de Gon, los abogados Gustavo Feldman y Virginia Zagarzazu argumentaron dicho pedido “al haberse producido y detectado circunstancias objetivamente demostrativas de su falta de objetividad” para con los encausados.

Los abogados aseguran que “hasta este momento se ha venido desarrollando una persecución penal al margen de la ley” y que la medida solicitada tiene por fin evitar una “flagrante violación al debido proceso legal, admitiendo la participación de un fiscal con ‘interés’ en el resultado de la causa”. Además, atribuyen a Gon “una manifiesta subjetividad y animosidad” hacia los imputados.

Semáforo en rojo

El hecho puntual que le endilga al fiscal Gustavo Gon data del 8 de abril de 2009, cuando a las 14.23 el inspector Adelmo D. labra el acta de comprobación Nº 000113160 por avanzar con semáforo en rojo, precisamente en Ruta Nacional Nº 11, km 614 y bulevar Belgrano, en zona urbana de Calchaquí.

Con el acta de infracción como documento, los abogados sostuvieron que “Gon se encontró sometido a un proceso contravencional administrativo por ante el Municipio de Calchaquí, con una sanción de $ 944”.

Aunque desde la defensa comprenden que “no debe exigirse a la parte acusadora la nota de imparcialidad”, en cambio le reclaman “objetividad en su proceder y la ausencia de toda circunstancia que perturbe, nuble o impida dicha objetividad”, tal como para ellos ocurre en esta instancia.

Por último, le reprocharon al fiscal la orden de allanamiento pedida el jueves de la semana pasada, para secuestrar la documental correspondiente a la multa de tránsito labrada a la esposa del juez Silva, y que fue utilizada para recusar al magistrado. Los abogados Feldman y Zagarzazu consideraron “rotundamente exorbitante” dicho pedido de allanamiento y secuestro.


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El abogado Gustavo Feldman, junto al intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, en una de sus presentaciones en los Tribunales de Vera

foto: archivo el litoral

Cuenta millonaria

La semana pasada trascendió el hallazgo de una cuenta privada, en la que se presume, se acumulaban los fondos producto de la recaudación de las fotomultas. La suma de dinero extraída de dicha cuenta a lo largo de los últimos tres años se cifra en $ 4.906.000.

Por eso, en el escrito de aceptación de la recusación del juez Silva, el magistrado deslizó que haber detectado una cuenta millonaria por las fotomultas de Calchaquí movilizó a las partes para pedir su apartamiento del caso.

Esto se debió a que a la figura de “exacciones ilegales” por la cual habían sido indagada la gran mayoría de los imputados -a excepción de los representantes de las empresas concesionarias del servicio-, le correspondía una ampliación de indagatoria por el presunto delito de “asociación ilícita”, una figura penal más gravosa para los presuntos responsables.

En ese escrito, el juez Silva descartó el “afán recaudatorio fiscal” del municipio, y postuló un presunto interés “desnudadamente delictivo”. Según se pudo constatar, el sistema funcionó “organizada y continuamente desde el 2008 hasta entrado el 2011”.

Cabe destacar que la investigación que cuenta con 12 imputados, entre funcionarios públicos y particulares, fue promovida por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a través de la Delegación Reconquista, donde se radicó la mayor parte de las denuncias por las infracciones de tránsito.

A su vez, existen “instrucciones particulares” del procurador General, Agustín Bassó, para con el fiscal de Vera, Gustavo Gon, para que arbitre las medidas correspondientes con el fin de llegar al esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Pedido de jury.

El intendente de Calchaquí junto con sus coimputados Ocampo y Catán, solicitaron en los Tribunales de Vera “copias certificadas del incidente de recusación del todavía Juez Silva, y de la parte pertinente de la causa principal, a los fines de proceder a interponer pedido de jury de enjuiciamiento respecto del nombrado y de analizar la eventual confección y radicación de denuncia penal”, dice el escrito suministrado por la defensa. Hasta el mediodía de hoy, no se había formalizado el pedido ante la Presidencia de la Corte.



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