Encuentro en Granadero Baigorria

Legisladores e intendentes justicialistas cierran filas ante el gobierno provincial

Acordaron los temas a plantearle a Bonfatti y que preocupan a los gobiernos locales. Documento partidario contra el aumento de energía y agua.

Intendentes, legisladores, presidentes comunales se dieron cita para analizar la problemática de los gobiernos locales.

Foto: Municipalidad de Esperanza

De la redacción de El Litoral

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Los intendentes de las principales ciudades donde el justicialismo es gobierno o lo será desde el 10 de diciembre, una veintena de legisladores provinciales y varios presidentes comunales se dieron cita ayer en Granadero Baigorria para analizar la situación política de la provincia, de los municipios y empezar a delinear el trabajo a realizar ante el gobierno del Frente Progresista que encabezará el socialista Antonio Bonfatti. El documento final llevó también un respaldo al gobierno nacional en manos de Cristina Fernández de Kirchner.

En el encuentro “se realizó un relevamiento de las necesidades que afronta cada municipio y se avanzó en el trabajo mancomunado con los legisladores para desarrollar políticas que ayuden a mejorar las gestiones locales” se señaló en un comunicado difundido al término de la reunión.

En cuanto a las conclusiones se señalaron las siguientes: “apoyo a las políticas del gobierno nacional; preocupación manifiesta sobre el ajuste tarifario llevado adelante por el gobierno de la provincia de manera inconsulta cuando el gobierno nacional no ha modificado subsidios para la tarifa; se definió un ámbito de coordinación entre legisladores e intendentes y presidentes comunales para establecer una agenda legislativa entendiendo que antes de la finalización del año se hace urgente un planteo al Ejecutivo provincial electo, y que asumirá el cargo en diciembre, respecto a las necesidades imperiosas de municipios y comunas sobre los temas fundamentalmente relacionados a la política salarial, la deuda Caja de Jubilaciones, descuentos de Iapos y Fondo de Obras Menores”.

Durante el encuentro se destacó el apoyo y respaldo al intendente electo de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, ante la acuciante situación por la que atraviesa la ciudad hoy en manos de Jorge Murabitto del Frente Progresista.

Los intendentes presentes fueron José Luis Freyre (Venado Tuerto); Pedro González; Mario Fissore (Gálvez); Alejandro Ramos (Granadero Baigorria); Ana Meiners (Esperanza); Omar Principe (San Carlos Centro); Mario Formento (Recreo); Darío Corsallini (Pérez), y Amado Zorzón (Malabrigo). También estuvieron los presidente comunales Oscar Ferri (General Lagos); María Cristina Gómez (María Teresa); Esteban Bojanich (Chovet); Carlos Gianini (Amenabar), y Daniel Moreira (La Chispa).

En cuanto a legisladores dieron el presidente Gerardo Rico, Graciela Bonomelli, Silvia De Cesari, Ricardo Luján, Leandro Busatto, Oscar Urruty, Darío Maccioli, Eduardo Toniolli, Erika Gonnet, Federico Reutemann, Marcelo Picardi, Avelino Lago, Germán Kahlow, Marcela Aeberhard, Bernardo Darío Vega, Olga Coteluzzi, Armando Traferri, Ricardo Kaufman, y Luis Daniel Rubeo.

Contra el tarifazo

Por otra parte, el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe emitió un documento donde expresa que “rechaza en forma terminante los exagerados aumentos en las tarifas de electricidad y agua que ha dispuesto el gobierno de Frente Progresista y exige que se convoque de manera inmediata a audiencias públicas para que los funcionarios del Ministerio de Servicios Públicos, la EPE y Assa expliquen de manera fehaciente los motivos por los cuales se apela a este tarifazo que perjudica a la población en general y a los sectores de la industria, el comercio y la producción en particular de la provincia de Santa Fe”.

El Consejo Provincial del PJ afirma que “como es costumbre en las administraciones provinciales y municipales que controla el socialismo y el Frente Progresista, una vez finalizados los procesos electorales y previo a los cambios de gestión, aplican aumentos irracionales a todas las tarifas de servicios, llegando al extremo en este caso de aplicar un ajuste del 138% en el servicio de agua para las ciudades en las que Assa brinda esa prestación”.

Agrega que “en otra muestra de que no le gusta ser controlado, el oficialismo en la Legislatura tampoco ha reunido en los últimos dos años la Comisión de Seguimiento de Aguas Provinciales y otra vez nos encontramos ante el hecho consumado, sin posibilidad de que usuarios, organizaciones de defensa del consumidor, vecinales, municipios y comunas tengan la chance de dar su opinión”.

En tanto, UPCN expresó su rechazo a los incrementos y advirtió que reclamará por la pérdida del poder adquisitivo que estos aumentos signifiquen, así como por la inflación real incurrida en el 2011.

Rico en defensa de Madres y contra la EPE

El diputado provincial Gerardo Rico (FpV) cuestionó la actitud de la EPE que demandó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por falta de pago del servicio eléctrico “sin apelar a la búsqueda de una solución de consenso”. Para el legislador, “la prioridad es que se lleve adelante y culmine la construcción de las viviendas sociales en el barrio Toba de Rosario”.

El legislador no dudó en inscribir la demanda en “otro ataque a las Madres. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de guardar el respeto ante la partida de una de ellas, Esperanza Labrador”.

La EPE presentó una demanda civil ante la Justicia contra las Madres porque se encuentra impaga la factura de electricidad consumida durante la construcción de viviendas sociales en el barrio Toba.

Para Rico, “la EPE debió llamarnos y plantearnos la situación, el gobierno de Hermes Binner debió preguntarnos qué nos hace falta y cómo ayudar para que el barrio se termine, porque ése es el fin buscado por nosotros, que ahora estamos a cargo de monitorear las obras, y debería ser la primera preocupación de la administración socialista”.

Rico recordó que mientras la Justicia resuelve la situación de Sergio Schoklender, “una federación de cooperativas, bajo el nombre de Cooperativa Todos Unidos Limitada, asumió el monitoreo de las obras, o sea que sólo cambió la administración. Nosotros asumimos y de inmediato nos entregaron un medidor nuevo, pero la deuda anterior no debería ser un problema de tal magnitud como para llevarlo a la Justicia: eso se parece más a una provocación”.