Abrieron una investigación interna

¿Un carancho en el Ministerio de Trabajo?

Un agente contratado del Ministerio de Trabajo se habría valido de sus funciones dentro del organismo, y de las propias instalaciones en las que se desempeñaba, para “captar” como clientes de su estudio jurídico a las personas que concurrían a plantear conflictos de tipo laboral.

Según las denuncias planteadas por profesionales -de adentro y afuera del Ministerio- y que merecieron la apertura de una investigación administrativa, el mencionado agente recibía en la Dirección de Medicina Legal a quienes venían a efectuar algún tipo de presentación ante la oficina, y luego las hacía firmar poderes a nombre propio y/o de dos abogados asociados a él; con lo cual una diligencia ante una dependencia pública se convertía lisa y llanamente en un trámite de captación de clientes.

La descripción de esta conducta -derivación ilegítima de los casos por parte de agentes públicos hacia determinados abogados o estudios jurídicos- encuadra en lo que se ha dado en definir como “avenegrismo” o “caranchismo”, contra el cual el Estado y los Colegios de Abogados han iniciado una formal campaña. El episodio asume mayor trascendencia cuando, como en este caso, tiene lugar en el propio riñón del Ministerio de Trabajo, por parte de un mero contratado -que no obstante tenía la facilidad de moverse de esta manera- y con el agravante de que, en muchos casos y cómo suele suceder en el marco de este tipo de prácticas, la posterior tramitación de las causas habría derivado en verdaderas estafas hacia los ciudadanos indebidamente inducidos a firmar documentos en favor del estudio de marras.

Las denuncias presentadas por profesionales -acompañadas de la oferta de testimonios de los damnificados y copias de los poderes firmados a favor del agente acusado- dan cuenta de estas maniobras de captación, de la utilización de argumentos engañosos, del aprovechamiento en beneficio propio de las instalaciones y las bases de datos del Ministerio, e incluso de la asidua presencia en el lugar de personas asociadas, que no tenían nada que hacer en la repartición. “Usaba la oficina como su estudio jurídico privado”, resumió una de las fuentes consultadas por El Litoral.

Las sospechas y comentarios sobre el accionar del agente llevaron a trasladarlo a otra dependencia, a pesar de lo cual siguió concurriendo a su anterior oficina a retirar expedientes.

La posibilidad de que el agente cuestionado continúe interviniendo de una u otra manera dentro del Ministerio, y de que eventualmente haya alguna otra persona involucrada directa o indirectamente, movilizó a profesionales del organismo y del foro a alertar a las autoridades del Ministerio, que abrió una investigación interna sumaria a los efectos de esclarecer los hechos y las responsabilidades legales del caso.