Diferencias entre teoría y realidad

El debate, a la vera de las rutas

Juan Manuel Fernández

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Este año el gobierno santafesino decidió prohibir el uso de banquinas con fines agrícolas. Sin embargo, quien hoy transite rutas provinciales podrá observar cómo a pocos metros se trillan hectáreas de trigo, florecen los girasoles o germinan las semillas de soja recién sembradas.

La veda se estableció en marzo -en el marco del Comité Interministerial de Salud Ambiental- mediante una resolución conjunta de cinco carteras: Producción; Aguas, Servicios Públicos y Medioambiente; Gobierno y Reforma del Estado; Salud; y Trabajo y Seguridad Social. Los objetivos de la norma, cuya autoridad de aplicación es la Dirección Provincial de Vialidad, son contrarrestar el proceso de agriculturización, atenuar el impacto ambiental del uso de productos fitosanitarios y conservar la biodiversidad, según se desprende de los considerandos.

La medida es polémica. No sólo porque el Estado no la hizo cumplir, sino también por un abanico de consecuencias que traería aparejadas. Por ejemplo dejaría de ser una fuente de ingresos para constituirse en un nuevo gasto, ya que antes la provincia recibía una renta -al mismo tiempo que los productores mantenían limpia la zona- y ahora tendrá que encargarse de la conservación. Pero sobre todo privará a municipios, comunas y entidades intermedias (clubes y cooperadoras escolares) de un importante recurso con el que contaron durante los últimos años para obras de bien público. Además, la controversia dará paso al conflicto judicial en los próximos días, ya que algunas comunas presentarán recursos de amparo para que se les permita continuar con la siembra.

También promete generar cuestionamientos una especie de refuerzo a la prohibición que el gobierno estableció al firmar un convenio con la Fundación Apícola Santafesina por el cual habilita el uso de los terrenos linderos a las rutas con fines apícolas. Así, las banquinas pasarán a ser “Espacios Apícolas Protegidos” en los que podrá haber “áreas intangibles -dice el acuerdo-, como así también áreas donde se admita la implantación de especies arbóreas, arbustivas o herbáceas” que sean aprovechables por las abejas. Por un lado, dejar avanzar la vegetación espontánea implica una contradicción con la obligación de mantener despejada la zona para seguridad de quienes transiten las rutas (ver “El ser...”). Y por otro, de implantarse especies melíferas, que podría ser alfalfa si se pretende cumplir el otro objetivo planteado de producir forraje para el ganado, igualmente tendrán que utilizarse productos químicos para combatir malezas y plagas.

Preparando una batalla

En Ataliva, durante los últimos 10 años el Club Deportivo Independiente -alrededor de 400 socios- sembró soja en unas 45 hectáreas a la vera de la ruta 13. Por convenio, le pagaban 2 quintales a Vialidad y otros 2 a la comuna. Hoy tienen la zona barbechada, a la espera de iniciar la siembra, mientras los asesores legales evalúan la viabilidad de interponer un recurso de amparo en conjunto con el gobierno comunal, al mando del vecinalista Fabio Sánchez. “Averiguamos legalmente qué podemos hacer porque es muy importante para el club”, señaló el titular del ejecutivo local.

También relató un caso esclarecedor. Antes de que la institución deportiva se haga cargo de limpiarla, la banquina se encontraba cubierta por el monte y un vehículo accidentado -con el cadáver de su conductor dentro- permaneció dos días oculto entre el follaje hasta que lo divisó el chofer de un camión desde lo alto de su cabina.

El presidente de Independiente, Fernando Boggero, confió a Campolitoral: “estamos evaluando si sembramos, por la nueva resolución que prohibe el uso agrícola; pero nos estamos asesorando con abogados porque no es una ley”. De no poder retomar la actividad, “tendremos que frenar alguna obra”, se lamentó.

Sánchez insistió: “la banquina limpia es un bien para toda la comunidad y si el club está decidido, la comuna los acompañará en la acción legal”. Precisó que “en 15 días se tiene que tomar una decisión porque si no se pasa la fecha de siembra”.

Héctor Bogino, secretario comunal, también aportó un dato que podría ayudar en el trámite judicial. “Nunca nos comunicaron si se derogó la norma que autoriza los cultivos y los convenios con vialidad”, dijo. De hecho la resolución interministerial que impuso la prohibición no menciona la normativa previa y por lo tanto tampoco la invalida.

Unos setenta kilómetros al sur, en Clucellas, esperan que Ataliva de el primer paso para seguirlos con su propio recurso de amparo. El presidente comunal Mario Bertello afirmó que “si lo sacan ellos yo también lo voy a interponer”. En esa localidad la principal beneficiaria era la escuela de educación media Nº302 “Aarón Castellanos”, que se valió en los últimos años de la siembra de soja en unas 5 hectáreas sobre la ruta 13 a 3 kilómetros del área urbana. “Juntamos entre 10.000 y 12.000 pesos, que para nosotros es mucho porque reparamos el edificio, cambiamos luces, hacemos pintura”, explicó el director Juan Carlos Jalit. El docente confió además que “varias comunas van a poner un recurso de amparo”. Ellos también resignaron esos recursos este año cuando conocieron la noticia de la prohibición.

Sobre la ruta 280 S, una amplia y profunda banquina luce recién sembrada con soja. Es en el límite jurisdiccional con Eusebia, pero el mantenimiento le compete a Colonia Aldao. “Nos viene bien porque no tenemos que desmalezarlo”, afirmó el presidente comunal Hugo Michelini, quien explicó que Vialidad controla la limpieza “pero no dijeron nada por el cultivo”.

¿Paramos o seguimos?

Ante la requisitoria de Campolitoral, las respuestas fueron erráticas en Vialidad. El interventor Hugo Storero -vale aclarar que lleva menos de un mes en el cargo- primero señaló que los 9 jefes zonales “hoy no tienen detectado ningún caso, los cultivos que estaban fueron destruidos”. Luego el director de Reconversión Vial, Omar Cantarutti, indicó que “se está intimando a productores en forma verbal a través de las comunas” y reconoció la existencia de sembradíos en zona prohibida al indicar que “esta cosecha se van a poder levantar”.

La resolución interministerial tiene sólo 3 artículos: en el 1º dispone “prohibir la utilización, con fines agrícolas, de las banquinas...”; y en el 2º queda establecido que es el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad, el ente con “la facultad de destruir todo tipo de cultivos que en los espacios vedados se realicen”.

A días de dejar el mando del Ministerio de la Producción, Juan José Bertero expresó que “el control debe hacerlo Vialidad” y explicó la existencia de cultivos en banquinas porque la veda es un proceso en el que se irán implementando los controles y los ajustes paulatinamente. “Poco a poco se avanzará en este concepto hasta que llegue el momento en que no haya más ninguna siembra y sin lugar a dudas que a veces somos un poquito hijos del rigor: si las cosas no se escuchan desde la sensibilización, seguramente van a correr medidas como multas o acciones para aquellos que sigan sembrando banquinas”, indicó.

Bertero -quien ya habría sido designado para conducir Vialidad en la gestión de Antonio Bonfatti- sostuvo que se les está dando una respuesta a las comunas, porque “las banquinas no van a quedar sucias, van ser sustituidos los cultivos por otras especies que tendrán un fin apícola que generará empleo y riqueza en la localidad, calidad de vida”. Santa Fe participa -según datos oficiales- con apenas el 11% de la producción nacional de miel y en la zona de mayor aptitud agrícola hay pocos o ningún apicultor, por lo que los beneficios serían al menos desparejos.

Este “refuerzo” a la prohibición también es cuestionable por razones ambientales y de seguridad. Héctor Bogino se preguntó: “¿si siembran alfalfa igual no vamos a tener que usar herbicidas para controlar malezas o insecticidas para proteger el cultivo?”. Además, cualquier cultivo que se utilice (también se analiza usar aromáticas) igualmente violaría la propia veda. Y si sólo se dejara avanzar la “biodiversidad espontánea”, por ejemplo chañares o melilotus, también se infringiría la obligación de mantener limpios los terrenos que lindan con las rutas.

El ser y el deber ser

Hablar de que “se siembran banquinas” no es correcto. Vialidad Nacional define el espacio que hay entre los alambrados que acompañan una ruta como “zona de camino”, integrada por varios componentes. Luego de la calzada se encuentra la banquina, cuya definición es “espacio lateral para resolver emergencias” y que suele tener unos 3 metros en promedio. Le siguen el talud, la cuneta, el contratalud y -finalmente, antes del alambrado- la zona de servicios, por donde corren cables, cañerías de gas, fibra óptica, etc.

Según la pendiente, lo que se siembra en las rutas provinciales es todo menos la banquina. Como la obligación es mantener despejados taludes y cunetas para garantizar el escurrimiento de agua, resulta indistinto si es un cultivo, un bosque nativo o maleza lo que allí se encuentre. Por lo tanto, parece tan antirreglamentario sembrar soja, como permitir el avance del melilotus o el renoval.

Pan para mañana. Trigos a punto de ser levantados sobre ruta 80 en el límite entre Progreso e Hipatia. Foto: Juan Manuel Fernández

Muy altos para estar ahí. Girasoles sobre la ruta 4 en jurisdicción de Cululú. Foto: Juan Manuel Fernández

Este se puede. Espontáneo pero no nativo, el melilotus es un gran colonizador de banquinas. Foto: Juan Manuel Fernández