LUZ PATRICIA MEJÍA


“El gran desafío de la Argentina es

avanzar en cambios en la Justicia”

La relatora de la Cidh para la Argentina estuvo en Rosario, donde participó en un acto con Binner en el que se presentaron los detalles del caso Godoy, en el que la provincia arribó a una “solución amistosa”. La funcionaria dijo que gran parte de los casos que llegan a esa instancia se vinculan “al mal uso de la fuerza por parte de la policía”.

“El gran desafío de la Argentina es avanzar en cambios en la Justicia”

 

 

Germán de los Santos

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Corresponsalía Rosario

Luz Patricia Mejía, relatora para la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), trabaja en Washington, donde tiene sede el organismo. Esta semana visitó la provincia de Santa Fe para participar de un acto formal junto con el gobernador Hermes Binner en el que se presentó el acuerdo de solución “amistosa” en el caso de Rubén Godoy, un albañil condenado a prisión perpetua a partir de una confesión ante la policía que el propio hombre denunció haber firmado bajo tormentos. Luego de analizar el caso durante más de una década, la Cidh concluyó que en el proceso judicial se violaron garantías, no se permitió al imputado apelar la sentencia y no se investigaron los apremios referidos por el acusado, que estuvo 19 años preso por un homicidio que asegura no haber cometido.

Mejía ocupa hoy la relatoría de la Cidh para la Argentina, Ecuador y Bolivia, pero en 2009 dirigió ese organismo con sede en Estados Unidos, que ha sido blanco de algunas críticas durante las últimas reuniones regionales. Incluso, el gobierno brasileño tiene una propuesta para reformar el sistema regional de vigilancia en derechos humanos, que actualmente está bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA).

—¿Las irregularidades en el caso Godoy se repiten en la Argentina?

—Esta causa tuvo un impacto en lo que se refiere a un cambio en las estructuras del sistema penal en la provincia de Santa Fe, pero además, es parte de un gran problema de injusticia que vive la región. La mayoría de los sistemas penales, aún cuando muchos se han ido adecuando a los sistemas que tienden más al garantismo, siguieron durante un tiempo largo señalando y penalizando sectores específicos de la población. Estudios sobran que determinan que las cárceles de esta parte del mundo están llenas de pobres. Y muchos de esos pobres no han tenido un respaldo de sus derechos ni el tratamiento adecuado en los procesos legales. Creo que este caso pone énfasis en algo que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) es de vital importancia porque plantea la necesidad de modificar las estructuras de poder que excluyeron durante largo tiempo a sectores de la población. Por eso, a partir de este caso podemos identificar la realidad de la región, donde hubo denuncias muy claras de torturas, que nunca fueron investigadas. Nosotros hemos recibido gran cantidad de denuncias que están vinculadas con el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

—¿Usted ve que hay un cambio de tendencia en la Argentina en materia de justicia?

—Hay un cambio de tendencia importante. El propio caso Godoy nos demostró que son causas muy complejas. Pero más allá de este caso en particular creo que los estándares judiciales en las provincias argentinas todavía no son los adecuados y se debe avanzar en cambios de fondo donde se vaya hacia un sistema más garantista.

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La causa Godoy

El nudo del conflicto es que a raíz del anterior Código de Procedimientos Penales se habrían vulnerado derechos de Godoy, condenado en una causa penal por un hecho ocurrido hace 19 años.

Agotadas las instancias judiciales locales, Godoy recurrió a la Cidh, con sede en Washington, donde su petición fue contemplada ya que el Código anterior violaba tratados internacionales.

Así se emitieron una serie de recomendaciones al Estado para reparar la situación denunciada. En ese marco, desde 2008 se realizaron una serie de reuniones para alcanzar un preacuerdo amistoso, al cual finalmente se arribó en agosto pasado.

El mencionado preacuerdo ya ha sido homologado por la Cidh, en tanto el Estado santafesino terminó de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por un decreto del jueves pasado.

En rigor, el preacuerdo consiste en el cumplimiento de una serie de recomendaciones efectuadas oportunamente por la Comisión, como por ejemplo la revisión del caso penal en la Justicia local, el desarchivo de la causa por los apremios ilegales denunciados por Godoy, la vigencia de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal que respete los tratados internacionales de derechos humanos, como el que se está implementando en la provincia de Santa Fe, y la reparación de los daños.

Juan Lewis (futuro ministro de Justicia), Héctor Superti (ministro saliente), Hermes Binner y Luz Mejía.

foto: informacion publica

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—¿Las denuncias que ingresan a la CIDH tienen rasgos comunes?

—Sí, en la mayoría de las investigaciones están involucrados funcionarios judiciales y policiales. Hay muchos casos que han sido tratados en la Comisión Interamericana, en el que se han marcado muchas pautas con respecto al mal uso de la fuerza por parte de la policía, como por ejemplo, en un caso emblemático como es el de Walter Bulacio. Uno de los elementos que ha tenido ese uso excesivo de la fuerza está vinculado también a la señalización de los jóvenes como blanco de las fuerzas represivas. Esto no es patrimonio de Argentina solamente sino que es un problema que se traslada a gran parte de los países de América latina. Estamos tratando de intervenir en lo que es justicia juvenil y políticas de seguridad tendientes a garantizar derechos humanos y no a suprimir derechos y garantías en pos de una seguridad que no se corresponde con nuestros pueblos. En la mayoría de los casos que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una tendencia que se consolida con los años y se refiere a libertades públicas, con procesos judiciales excluyentes y selectivos en los que no se cumple con las garantías. En este sentido, hubo tres etapas diferentes. La época de las dictaduras en América latina, donde hubo un señalamiento muy claro de denuncias vinculadas con la represión como mecanismo para el control social y político. Tras las dictaduras hubo un proceso en el que se consolidaron las libertades públicas pero las estructuras de poder de las dictaduras continuaron cumpliendo funciones. Y ahora hay un espacio en el que se ha avanzado mucho pero quedan desafíos muy importantes en los pueblos de América, vinculados también al cumplimiento de los derechos económicos y sociales. Porque ahora la gente no sólo denuncia tortura o sistemas judiciales ineficientes sino que también denuncia que los sistemas judiciales no están adecuados a la garantía de los derechos sociales, laborales, sindicales, entre otros. Creo que el mayor desafío en la región, y en la Argentina concretamente, es avanzar en cambios en la justicia. Es la gran debilidad del Estado argentino.

Una solución distinta

Santa Fe solucionó de manera “amistosa” el caso de Rubén Godoy, que se tramitaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneración de derechos de defensa de un ciudadano, que había denunciado su situación en esa instancia internacional.

El gobernador Hermes Binner firmó hace unos días el decreto en el que se da cumplimiento a una serie de recomendaciones realizadas por la comisión, entre las que se destacan la revisión del caso penal en la justicia local, el desarchivo de la causa por los apremios ilegales denunciados por Godoy, la vigencia de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal que respete los tratados internacionales de derechos humanos, como el que se está implementando en la provincia de Santa Fe, y la reparación de los daños.

La decisión que tomó la CIDH fue un duro revés para el Poder Judicial santafesino. El organismo ordenó revisar la condena a prisión perpetua impuesta a un albañil a partir de una confesión ante la policía que el propio hombre denunció haber firmado bajo tormentos. Luego de analizar el caso durante más de una década, el organismo internacional concluyó que en el proceso judicial se violaron garantías, no se permitió al imputado apelar la sentencia y no se investigaron los apremios referidos por el acusado, que estuvo 19 años preso por un homicidio que asegura no cometió.

En el veredicto, favorable al detenido, la CIDH recomendó al Estado argentino que adoptara una serie de medidas a fin de reparar el daño y evitar que se repita. Luego, el Ministerio de Justicia de la provincia firmó un preconvenio con la Cancillería argentina para acatar esas recomendaciones y evitar así una condena al Estado nacional por el incumplimiento de los pactos internacionales que resguardan los derechos humanos y que fueron incorporados a la Constitución en 1994.

El subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis, quien quedará al frente de la cartera de Justicia a partir de la asunción de Antonio Bonfatti como gobernador, explicó cómo desde el gobierno provincial se arbitraron las exigencias de la CIDH. A su turno, Superti consideró que el caso Godoy generó “un hilo con dos caras” en el que, por un lado, se dieron cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana, y por otro, se avanzó en la puesta en marcha de la reforma del Código Procesal Penal. “Estamos en el medio del río, pero ya vemos la costa de enfrente”, metaforizó el funcionario.

La relatora de la CIDH para la Argentina, Luz Patricia Mejía, sostuvo que el caso Godoy, donde “quedaron en evidencia las falencias de una Justicia no garantista”, refleja “no sólo una realidad a nivel provincial sino regional, donde la criminalización de la pobreza sigue vigente y genera grandes inequidades”

“Este fue un caso que estaba perdido en los archivos y que se transformó en una causa testigo a nivel nacional, que logró cambiar las estructuras judiciales. Por eso es una oportunidad para reconstruir el sistema judicial”, enfatizó la funcionaria, quien se desempeña en las oficinas que la comisión tiene en Washington.