EDITORIAL
La prensa, en riesgo
La intervención a la empresa Cablevisión decretada por un juez federal de Mendoza -donde esa compañía no opera-, e instrumentada con el apoyo de un nutrido grupo de la gendarmería nacional, perfora garantías constitucionales y procedimentales mientras deja al desnudo el clima que vive la prensa no afín al gobierno en la Argentina de estos días.
El contraste con las ignoradas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos del procurador de Santa Cruz o la discriminación publicitaria planteada por editorial Perfil, es tan evidente que lastima los ojos.
El despliegue de una fuerza de seguridad de fronteras en un juicio que recorre la primera instancia es un despropósito que sólo puede asociarse con un mensaje extrajudicial, esencialmente político. Basta recordar la angustiante morosidad de la reacción oficial ante la ocupación del Parque Indoamericano -con muertos incluidos- para calibrar el significado de la celeridad de estas horas.
El actual senador Aníbal Fernández, sofista nacional y popular, ha dicho que no tenía ningún comentario que hacer porque se trataba de un tema judicial, olvidando los innumerables comentarios que hiciera como ex jefe de Gabinete en las causas donde los jueces dictaban resoluciones que no le gustaban. El lenguaraz por la boca muere.
El espectacular y coaccionante espectáculo filmado por las cámaras militantes de 6,7,8 y otros canales afines expresan a las claras el montaje del operativo, incluido sus propósitos humillantes.
Cabe recordar que la fusión de Cablevisión con Multicanal, criticada por muchos, fue aprobada por Néstor Kirchner a días de dejar la presidencia y firmada por Guillermo Moreno.
En consonancia con la teatral operación combinada -juez mendocino, Gendarmería y canales oficialistas- la ley que establece el control del gobierno sobre el papel para diarios avanza raudo hacia su sanción, la Secretaría de Derechos Humanos activa una causa por supuestos crímenes de lesa humanidad que involucra, entre otros, a Bartolomé Mitre de La NAción y a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín. A la vez, el Procurador General de la Nación pide reducir el plazo de tratamiento de las impugnaciones judiciales a la ley de medios, y ayer se conoció el embargo por 160 millones de pesos decretado por un juez contra el diario La Nación a raíz de una presentación de la AFIP que desconoce una medida cautelar a favor de decenas de diarios -incluido el embargado- dictada en su momento por la Corte Suprema de Justicia.
El cálculo probabilístico de que este ataque generalizado contra la prensa crítica sea una mera coincidencia, es cercano a la absoluta imposibilidad. De modo que el nuevo ciclo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner comienza con fuego graneado sobre enemigos inventados de acuerdo con los manueales tácticos de Von Clausewitz y las teorizaciones binarias de Carl Schmitt sobre la irreconcibialidad de los opuestos. La libertad, y su consecuencia, la diversidad, están en riesgo.
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