Temores de la Unión Industrial
La ventanilla para importaciones
promete la velocidad electrónica
El gobierno ratificó las medidas para controlar lo que entra al país, a pesar del reclamo de la Unión Industrial Argentina para postergar la medida. La central de industriales de Sao Paulo sugirió que se analice “caso por caso” los efectos de las medidas aduaneras.
De la Redacción de El Litoral
DyN
La Administración Federal de Ingresos Públicos confirmó mediante una resolución que habrá un plazo máximo de 72 horas para la aprobación de una importación “en líneas generales” y de 10 días corridos para aquellas operaciones en las que intervienen organismos que deban practicar determinado tipo de observaciones.
Así lo precisó el organismo mediante la Resolución General 3.255, que reglamentó el denominado sistema del Régimen de Declaración Anticipada para importaciones, mecanismo en el cual se crea la “ventanilla única electrónica”.
La Unión Industrial Argentina había reclamado al gobierno hace 10 días que postergue la medida, que entrará en vigencia el 1 de febrero próximo. La entidad fabril teme que el nuevo régimen de importaciones complique la producción nacional, que depende en muchos casos de insumos importados.
El presidente de la entidad fabril llegó a hablar del tema con Guillermo Moreno, el plenipotenciario secretario de comercio de la administración nacional. La respuesta de Echegaray promete celeridad ante los temores de demoras; pero mantiene en pié la lupa que pondrá Moreno sobre lo que entre al país.
La medida oficial tiene doble propósito: evitar la salida de divisas y forzar la marcha de la sustitución de importaciones. “Pedimos aclaración de una serie de puntos y normas y que, en caso de no llegar, por la particularidad que tiene cada sector productivo, se extendiera el plazo para que todos los sectores puedan opinar y ser tenidos en cuenta”, argumentó De Mendiguren. Pero el gobierno ratificó el rumbo y los plazos.
Con Brasil
Los rumores de represalias desde Brasil tampoco modificaron la estrategia de la Casa Rosada. Después de las quejas del ministro de Industria de Brasil, Fernando Pimentel, Débora Giorgi habló de compensar una relación en la que el principal socio del Mercosur tiene un saldo positivo de 5.800 millones de dólares en la balanza comercial bilateral del último año.
El gobierno de Dilma Rousseff también ha tomado medidas protectivas y no ha respaldado oficialmente los rumores de denunciar a la Argentina ante la Organización Mundial de Comercio.
Incluso, el director de la poderosa Federación de Industrias de Sao Paulo, Roberto Giannetti da Fonseca, sugirió que sería conveniente discutir “caso por caso” cuando se presente algún inconveniente. Los empresarios brasileños están molestos, pero tienen más por perder que por ganar en una guerra comercial.
Y lo mismo pasa de este lado de la frontera. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) ya había expuesto sus quejas por la importación “administrada” del gobierno nacional, pero su posición es más débil. La advertencia industrial es más importante porque si Brasil no manda insumos también se paralizan las fábricas en la Argentina, y eso es lo que pasó con Fiat la semana pasada, para molestia de la Casa Rosada.
