Juicio a Baltasar Garzón en España
Desgarradores testimonios de víctimas del franquismo
Ante el Tribunal Supremo español relataron su búsqueda de justicia. El juez enfrenta un pedido de 20 años de inhabilitación.
Simpatizantes y partidarios del juez Baltasar Garzón esperan su llegada su llegada hoy al Tribunal Supremo. Foto: EFE
De la Redacción de El Litoral
Telam
El juicio al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo volvió a estar protagonizado hoy por las víctimas, quienes relataron su desgarradora historia y el calvario de su búsqueda de “justicia y reparación” ante el Tribunal Supremo español.
Los magistrados que juzgan a Garzón, quien enfrenta un pedido de pena de 20 años de inhabilitación, habían escuchado ayer la historia de dos ancianas que contaron la desaparición de sus padres en 1936 y al historiador Angel Rodríguez Gallardo, quien describió la existencia de un “plan sistemático” del franquismo para eliminar detractores, lo que -consideró- podría ser un “genocidio”.
Fue la primera vez que las víctimas relataron su historia y su drama ante un tribunal español, pero no sería la última puesto que hoy la cuarta sesión del juicio también aportó información contundente sobre los oscuros y terribles hechos ocurridos 75 años atrás.
La primera testigo, Josefina Musulén, representante de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón, explicó que “el 13 de agosto de 1936 los falangistas se llevaron de su casa a su abuelo, que era de la CNT (anarcosindicalista), y a su abuela, que estaba embarazada”.
Josefina contó que entonces su tío fue al cuartel del pueblo a preguntar por su hermana, porque decían que a las embarazadas no las fusilaban, pero allí le dijeron que “en el tiro de gracia le habían reventado la tripa (vientre)”.
Sin embargo, tras la muerte del general Francisco Franco, el padre de Josefina se enteró que su abuela había dado a luz a una niña sana. “Llevamos 33 años buscándola, levantando piedra por piedra”, aseguró Josefina ante el tribunal.
La testigo indicó que la primera denuncia que presentó la asociación de Aragón fue ante la Audiencia Nacional en 2006 porque ella, como muchos otros familiares de víctimas, pertenecen a la “generación de nietos” que buscan “justicia y reparación” para sus padres y abuelos.
“Una denuncia penal era la única opción para que los hechos se investigaran”, dijo Josefina al justificar la decisión de acudir al juez Baltasar Garzón.
La segunda testigo, María Antonia Oliver, de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca, sostuvo ante el tribunal que ella es “nieta de una persona desaparecida y sobrina de otra”.
María Antonia explicó que su abuelo y su tío fueron detenidos y, tras seis meses en prisión, en la primavera de 1937, la familia fue informada de que habían sido puestos en libertad, aunque todos sabían que habían sido fusilados.
Su madre iba a preguntar a las autoridades por el paradero de su abuelo y le decían que “los rojos son unos cobardes y seguramente habrían huido de la isla” o “abandonado por otra mujer”, según relató.
Asimismo, subrayó ante el tribunal que en Mallorca “no hubo conflicto armado” porque el control de los que se sublevaron contra la II República “fue absoluto desde el primer momento”.
La asociación presentó a la Audiencia Nacional un informe sobre la represión sobre civiles en Mallorca tras el levantamiento de 1936 ûel inicio de la guerra civil- que cifra en 1.600 el número de ejecutados, que estarían enterrados en unas 50 fosas comunes.
“Mi abuela murió y cerró sus heridas con la muerte, pero yo quiero que mi madre de 87 años obtenga verdad y la reparación”, sostuvo María Antonia.
Y preguntada porqué motivo presentaron su denuncia en la Audiencia Nacional, señaló que “teníamos esperanza porque ya se estaban investigando crímenes similares contra la humanidad, los de Argentina y Chile”.
Continuará
El segundo juicio contra Garzón en el Supremo continuará el próximo lunes con más testimonios de las víctimas.
El juez español más famoso, quien adquirió fama internacional por perseguir a violadores de derechos humanos como el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet o el argentino Adolfo Scilingo, debe defenderse de un delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta, por haberse declarado en 2008 competente para investigar los crímenes del franquismo.
Lo denunciaron las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, dos grupos que responden a personas que buscan garantizar la impunidad y los intereses políticos, sociales y económicos de los herederos del franquismo, según las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
Garzón, quien afronta otros dos juicios en el Supremo, está recibiendo un fuerte apoyo de las víctimas del franquismo, organizaciones de derechos humanos, artistas, intelectuales y partidos políticos de izquierda.
“España al revés, corruptos y fascistas hacen juzgar al juez”, podía leerse en un cartel que llevaba una mujer que esperaba a Garzón hoy a las puertas del tribunal. “Queremos más jueces como Garzón”, decía otro.
Mientras está siendo procesado por su investigación del franquismo, Garzón espera la sentencia de su primer proceso por autorizar escuchas telefónicas entre los abogados y los principales implicados en la trama de corrupción Gürtel, ligada al gobernante Partido Popular (PP).
Además, el magistrado, que fue suspendido en mayo de 2010, está cada vez más cerca de un tercer juicio por un delito de cohecho impropio relacionado con una financiación que solicitó al Banco Santander y otras empresas. Su carrera judicial pende de un hilo.
