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Se promovería un aumento

Salió a la cancha el inmobiliario rural

El propio gobernador Antonio Bonfatti manifestó la necesidad de actualizarlo porque la recaudación es ínfima. El ruralismo en general se opone, pero no descarta charlar la cuestión. Para las arcas de la provincia los números no parecen justificar el costo político de la medida.

Juan Manuel Fernández

jmfernandez@ellitoral.com

Esta semana el gobernador Antonio Bonfatti encendió la mecha de un tema que ha sido tabú para el agro santafesino en las últimas décadas: la recomposición del impuesto inmobiliario rural, uno de los tributos más atrasados de la provincia, anclado a un avalúo fiscal del año 91.

Pese a que el ruralismo reconoce ese atraso, automáticamente reaccionó Federación Agraria cuestionando el momento elegido -por la situación climática- y reclamó una “segmentación” para preservar a los pequeños y medianos productores. Igualmente contraria se manifestó la Sociedad Rural de Santa Fe, mientras que desde Carsfe dijeron estar dispuestos a tolerar un incremento, siempre y cuando el gobierno los convoque para definir por qué, cómo y cuanto.

Por tratarse de un tema impositivo, irremediablemente tendría que aprobarlo la legislatura. Eso, más el aumento que ya se aplicó en 2009 y el relativo beneficio económico que este incremento podría generarle a las cuentas provinciales, debido a que el 50% se coparticipa a municipios y comunas, lleva a pensar en un costo político muy alto para conseguir un beneficio económico escaso. Podría especularse, por lo tanto, con una estrategia del gobierno para testear alguna posibilidad de avanzar en una acción más útil, por ejemplo una reforma tributaria, que incremente la recaudación fiscal en un momento de números en rojo..

Avalúo retro

“Está sumamente atrasado, representa el 7% de los ingresos de la provincia lo cual es irrisorio, si uno lo compara con otra época”, declaró Bonfatti sobre el inmobiliario rural a medios rosarinos. “Creemos que es uno de los impuestos que hay que modificar”, dijo, e insistió: es irrisorio lo que se paga en comparación con el valor de la hectárea”.

Este impuesto se cobra en base a dos parámetros: el valor del campo, por un lado, y una alícuota que se aplica a ese monto, compuesta -entre otros ítems- por la aptitud del suelo (no es lo mismo, por poner un ejemplo burdo, una hectárea de monte en la Cuña Boscosa que otra en Venado Tuerto, zona maicera y sojera por excelencia), el clima, la distancia a puerto del establecimiento o incluso a rutas troncales.

El punto crítico es la valuación de los campos, ya que se utiliza la última realizada en el año 91, en un momento del mercado totalmente distinto al actual. Así, todavía figuran a valor de u$s500 o 1.000 hectáreas por las que hoy la plaza inmobiliaria pide quizás u$s10.000 o más.

El pasado 30 de enero, en declaraciones a LT10, el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, explicó que desde su área realizaron un estudio sobre las transacciones de inmuebles rurales y detectaron una gran asimetría. “Un inmueble rural ubicado en el departamento Rosario hoy paga impuestos como si costara u$s 700 y nosotros comprobamos que se realizaron transacciones por encima de los u$s 20.000. La diferencia es casi de 30 veces”, dijo. También afirmó que en el año 2000 el inmobiliario rural le aportaba a las arcas provinciales el 22% de la recaudación y que “ahora solo le ingresa el 8%”.

En 2011, por las 12 millones de hectáreas productivas de la provincia, este tributo generó ingresos por poco más de $147 millones, a razón de un promedio cercano a los $12 por hectárea al año. Luego de coparticipar el 50% a municipios y comunas, al gobierno provincial le quedó la mitad..

Posición Rural

Desde Federación Agraria, primero fue Pedro Peretti quien salió al cruce con una dura chicana: “Aumentar el inmobiliario rural es de derecha”, dijo a medios rosarinos. “Estoy en contra de que le aumenten a pequeños productores; que les cobren a los grandes latifundistas y nosotros los apoyamos”. agregó. En tanto, el secretario de coordinación de la entidad, Juan Carlos Herrero, calificó de “inoportuno” un aumento mientras se padecen los efectos de la sequía; recordó que “hace años” que presentan proyectos para implementar una reforma tributaria “que modifique el actual modelo regresivo de cobro de gravámenes”; y solicitó, concretamente: “que la provincia lleve adelante la unificación de partidas, de modo tal que avancemos hacia la personalización de los impuestos”.

Por su parte, el titular de Carsfe, Francisco “Pancho” Mayoraz, no se opuso pero pidió que el ruralismo sea convocado para saber por qué se busca el aumento y poder opinar sobre su instrumentación. “No nos oponemos, pero nos gustaría que nos llame el gobierno para sentarnos, ver cuales son los motivos; y por ahí se puede llegar a tener en cuenta, ver la forma de aplicar el aumento y en qué porcentaje”. Si bien reconoció el “atraso” que tiene el inmobiliario, manifestó: “queremos saber cómo se implementaría el aumento, que es lo que más nos importa”.

Hugo Iturraspe, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, consideró que no debiera la provincia pretender engordar su presupuesto con este tributo, sobre todo porque está superpuesto a otros gravámenes que presionan fiscalmente al productor. “Nosotros en cada jurisdicción pagamos a las comunas la Tasa por Hectárea a valor gasoil y este combustible está totalmente actualizado porque tuvo un 40% de incremento”, cuestionó.

El ruralista recordó, además, que “ya hubo un incremento en el 2009” y protestó por la cuantificación del tributo en función del valor del campo. “No hay que cobrar el impuesto inmobiliario ni levantar la alícuota por el valor de la tierra porque esto sería una incoherencia, porque el productor no tiene un campo por negocio inmobiliario sino para producir”.

Reconoció que hay un atraso en este impuesto, pero insistió en el reacomodamiento que se hizo tres años atrás, de “entre un 40, 60 y 70%”. De todos modos reconoció que, en el actual contexto inflacionario, “se debería conversar un poco”.

“Un inmueble en Rosario hoy paga como si costara u$s 700 y comprobamos transacciones por encima de los u$s 20.000. La diferencia es casi de 30 veces”, dijo el subsecretario de Ingresos Públicos.



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