Perjuicios por U$S 18 millones

La sanción de EE.UU. tiene menos

impacto comercial que diplomático

a.jpg

Timerman minimiza las consecuencias comerciales de la sanción. Pero en Canciller afronta una escalada diplomática de Washington contra la Argentina. Foto: Archivo El Litoral

Washington decidió que las exportaciones argentinas con destino norteamericano ya no tendrán rebajas arancelarias. El gobierno de Obama reclama el pago de laudos a favor de empresas de su país perjudicadas por la pesificación.

 

De la redacción de El Litoral

[email protected]

El Ministerio de Industria de la Nación calificó como “no relevante” el monto de negocios afectado por la sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Washington excluyó a la Argentina de su Sistema Generalizado de Preferencias, que permite el ingreso de productos a ese mercado sin pagar aranceles o reduciendo su alícuota.

Según los cálculos a cargo de la cartera de Débora Giorgi, la proclama suscripta por el presidente Barak Obama afecta en 18 millones de dólares a la Argentina, que mantiene un intercambio comercial bilateral de casi 12 mil millones anuales con los Estados Unidos.

El Ministerio de Industria enfatizó que el intercambio comercial de bienes “fue de 11.901 millones de dólares, y en ese rubro la balanza bilateral fue favorable para EE.UU. en 3.501 millones de dólares.

“Además, en 2011 los exportadores argentinos sólo canalizaron el 52% de sus ventas potencialmente acogibles al Sistema Generalizado de Preferencias. Es decir que, aún pudiendo, los exportadores argentinos sólo utilizaron la mitad del mecanismo del Sistema Generalizado de Preferencias”, subrayó la cartera de Industria.

Ayer el gobierno estadounidense anunció la decisión de suspender a Argentina como beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), una medida de alto impacto simbólico pero de escasa repercusión comercial.

Laudo aún impago

Washington decidió la sanción porque -argumenta- la Argentina no actuó “de buena fe” sobre dos laudos en contra del país, en procesos iniciados por empresas norteamericanas que se consideraron perjudicadas por la pesificación de 2002.

Las firmas Azurix y CMS-Blueridge demandaron a la Argentina por más de 300 millones de dólares. El tribunal arbitral que atendió la demanda fue el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que laudó a favor de las empresas estadounidenses.

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, había advertido que el país “acepta y reconoce” que los laudos “son finales y obligatorios”, pero que las gestiones para el pago deben ser iniciadas en la Argentina.

El diplomático argumentó que la Argentina “rechaza claramente la interpretación ex post facto acuñada por Estados Unidos de que los laudos deben ser cumplidos voluntariamente por los Estados de conformidad con el artículo 53 del Convenio del Ciadi”.

Argentina “interpreta que la característica singular del convenio Ciadi radica en el artículo 54 de ese tratado que establece que los laudos se deben cumplir como si se tratara de una sentencia final de un tribunal local”.


“Guerrillas comerciales” según Cristina

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que el gobierno abordará con “la mayor civilización y legalidad posible” la decisión de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo recordó la imposibilidad que tienen los exportadores argentinos de carne y de limón para colocar esos productos en el país del Norte.

“Son problemas cotidianos que se dan en toda gestión”, dijo Cristina al encabezar esta tarde un acto en Casa de Gobierno. La jefa del Estado aseveró que “vivimos en un mundo muy competitivo, con muchos excedentes donde comienzan pequeñas guerritas o guerrillas comerciales que trataremos de abordar con la mayor civilización y legalidad posible”.

“Es bueno que todos los argentinos sepamos en qué consiste este modelo, pero fundamentalmente en qué mundo estamos viviendo porque si uno no lo entiende difícilmente se pueda abordar con exactitud y con éxito los problemas cotidianos que se dan en toda gestión”, enfatizó Cristina.

He determinado que es conveniente suspender a la Argentina como país beneficiario del GSP, ya que no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de fallos arbitrales a favor de compañías estadounidenses”.

Barak Obama

Presidente de los Estados Unidos

¿Escalada?

Más allá del impacto escaso en materia comercial que tiene la sanción de Washington según la Casa Rosada, lo cierto es que el gobierno norteamericano ha votado en contra de nuestro país en la gestión de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). En fuentes diplomáticas se interpreta que la presión va “en aumento”. El último encuentro entre Obama y la presidenta fue en el marco de la cumbre del G-20 en Cannes (Francia) en noviembre de 2011, con resultados menos efectivos que formales.

Fondos buitres

La Cancillería argentina calificó de “incomprensible y unilateral” la decisión de Washington. “El lobby ejercido por los fondos buitres es una presión que nuestro país condena de forma contundente”, agregó la cartera a cargo de Héctor Timerman.

El Palacio San Martín sostuvo que “las dos empresas beneficiadas por la decisión del Ciadi jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo con el reglamento del ente arbitral y la legislación argentina. Tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del Ciadi, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina”.

Sostuvo que “la Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales” que “fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar”.