Tribuna de opinión

Un nuevo Ministerio Público de la Acusación

“Los fiscales deben tener la vocación honrosa de ser custodios de las leyes, de perseguir a los transgresores de las leyes, de proteger a los oprimidos y de prestar su auxilio a todos aquellos a quienes el Estado consagra su protección ... de tales hombres sólo se debe esperar los bueno” V. Mühler.

Tantas veces se ha dicho, y otras tantas se ha escuchado aquello de que los procesos de cambio son tan complejos que muchas veces no advertimos su dimensión, y otras terminamos enmarañados en complejos meandros.

Nuestra provincia está embarcada en uno de esos procesos de cambio profundo; concretamente, cambio del sistema de enjuiciamiento penal.

El discurso recurrente de todos los actores sociales pasa por el tema de la seguridad, excluyendo ahora la tan controvertida “sensación”. Desde todos los sectores de la sociedad se reclama seguridad, y es ésta una de las demandas más legítimas en un modelo democrático. Se trata, nada más y nada menos, que de la construcción de una sociedad sin abuso de poder. Como si fueran las dos caras de una moneda, en las agendas de los operadores figuran el control de la criminalidad y la edificación de las bases para un colectivo más seguro.

La Argentina, junto con otros países de la región, inició este cambio hace algunos años, pero la invencible Santa Fe se ha demorado tanto que ahora es la última en tomar la decisión y sancionar las leyes respectivas.

En general se puede advertir que las respuestas de los “ministerios públicos” no fueron ni contundentes ni suficientes.

Despejado el canto de sirena del nefasto discurso neoliberal de los noventa con su apotegma de “ley y orden”, y viviendo las consecuencias en sus estertores, se advierte que se ingresa en una espiral de nunca acabar que reclama más y más acrimonia. Como resultado advertimos que el universo de los excluidos se incrementa en número constante y tiene clara injerencia en las estadísticas de los ingresados al sistema penal. En definitiva, ese discurso y su consiguiente accionar, no deparan más que violencia -otra vuelta de rosca-, injusticia y exceso de poder. Es lo que se ha dado en llamar “selectividad regresiva”, postura que al criminalizar a ciertos sectores, en vez de lograr la mitigación de la inseguridad multiplica la violencia.

La prédica latosa de los sectores liberales no hace más que construir una quimera de seguridad cuando señala a determinados sectores de la comunidad y promueve políticas -particularmente económicas y culturales- que establecen ciertos modelos con la clara intención de unificar la vida de los ciudadanos, y excluir a los que no la acatan.

Esta actitud provoca reclamos cada vez más virulentos por parte de los excluidos, al punto de llegar a negar definitivamente el modelo y sus pautas de convivencia. Como contrapartida, impulsa la formación de otro, absolutamente multiforme. Así se generan en la práctica, casi en forma natural, usos sociales al margen de todo el sistema formal, prácticas que no están encuadradas en las normas dictadas por el legislador ni en la jurisprudencia de los tribunales. En consecuencia, carecen de respuesta rápida cuando se plantea el conflicto, aplicándose en forma casi mecánica el sistema legal simplón.

Entendemos que el gran desafío del nuevo “Ministerio Público de la Acusación” es pensar un plan orientado por la idea de una democracia inclusiva, y por tanto derechamente contraria al modelo descripto. La exclusión, la desemejanza, lejos de disminuir, incrementan la inseguridad. En lo institucional, se debe redoblar la apuesta de la tradicional idea de la independencia, pero con el cargo de rendir cuentas de lo gestionado en forma periódica.

La meta debe estar en el logro de un Ministerio de la Acusación eficiente, eficaz y democrático.

La proclamada representación de los intereses de la sociedad a cargo del organismo acusador, tan presente en el modelo inquisitivo y tan exaltado en el acusatorio actual, no puede desconocer las reales condiciones de vida de amplios sectores de la comunidad afectados por un abanico de carencias. Tomando distancia de la dinámica electoral, se deben profundizar y conocer mejor las vivencias, necesidades y expectativas de la sociedad para poder concebir una política criminal en el marco de un sistema democrático de inserción.

(*) Abogado, Fiscal regional.

Ricardo Miguel Fessia (*)