EDITORIAL

Motociclistas y casco obligatorio

El mayor número de víctimas y de lesionados graves en accidentes de tránsito corresponde a personas jóvenes. Un alto porcentaje de siniestros tiene a conductores de motovehículos como protagonistas. El casco es la única medida de prevención eficaz para evitar que una caída se convierta en tragedia. Todas estas premisas habrán sido tenidas en cuenta en ésta y otras ciudades para fundamentar y sancionar normas que instan a no cargar combustibles en vehículos cuyos conductores y acompañantes no lleven casco.

Algunos datos básicos, ya publicados, permiten establecer la dimensión del problema al que se pretende atacar: en 2010, el 24 % de los siniestros de tránsito en el país fueron protagonizados por motos. En 2011, esa cifra se incrementó hasta alcanzar el 31 %. Por otra parte, el uso del casco previene un 67 % las lesiones cerebrales y reduce en un 36 % las probabilidades de muerte en un siniestro vial. La mayoría de las lesiones que recibe el conductor de estos vehículos se producen en la cabeza.

Sin embargo y más allá de todas las razones y estadísticas que se invocan, la ordenanza -que en la capital provincial rige desde hace prácticamente dos años- no resulta de fácil aplicación, tal cual quedó expuesto en un informe publicado oportunamente por este diario, y es así como desde el municipio se decidió reforzar los controles pero también la concientización sobre la importancia de acatar esta medida.

La agresión sufrida por el empleado de una estación de servicio en el pasado mes de febrero, luego de negarse a cargar nafta a un motociclista sin casco, puso en alerta al sector que advirtió que son los mismos trabajadores los que deben hacer cumplir la ordenanza, que no establece sanciones sino que deja librado su cumplimiento al compromiso asumido por las partes. Sí se aplica sanción al conductor que no cuente con el casco, siempre que un inspector de tránsito detecte la infracción.

Nuestra ciudad no es la única que tiene una ordenanza en este sentido. También rige en municipios de otras provincias y, recientemente, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados plantea la posibilidad de extender esta obligación a todo el territorio.

Como en el caso del uso del cinturón de seguridad en automóviles y otras medidas de ese tipo, en la conciencia de muchas personas subsiste la idea de que se trata de un interés individual -la propia protección-, ceñido por lo tanto al propio albedrío y eximido de una acción pública que se percibe como invasiva.

Sin embargo, y más allá de la obligación estatal de velar por la protección de la vida y la salud de los habitantes, y por si hiciera falta echar mano de ese argumento, también es un hecho el impacto general que tiene la accidentología, entre otras cosas en términos de costos de atención médica y rehabilitación. De allí que la concientización se vuelva una necesidad que excede a los individuos, y que la acción gubernamental no sólo esté justificada, sino que constituya una indelegable responsabilidad.