EDITORIAL

Estallidos de violencia gremial

La noticia acerca de tiroteos entre sindicalistas de la Uocra no llamó la atención, porque lamentablemente no es novedad que ciertos sindicatos suelen dirimir sus diferencias internas a los golpes o a los tiros. Y la Uocra es uno de ellos, al punto que en nuestra ciudad, en el distrito Alto Verde, hubo en estos días disparos contra bienes de la familia de un ex delegado del gremio. Entre tanto, en Buenos Aires, ocurrían hechos mucho más graves, con el saldo de varios heridos de bala; alguno, con daños irreversibles.

 

Se suele decir que la condición humilde de los afiliados a este gremio explica ciertas prácticas violentas. Pero el argumento peca de simplismo, es teóricamente falso y socialmente injusto. Es verdad que los trabajadores del rubro en general integran uno de los sectores de menores ingresos en el mundo laboral, y también lo es que muchos de ellos presentan baja formación educativa y escasa capacitación laboral.

Sin embargo es injusto asociar en forma directa estos condicionamientos con hábitos de la violencia. Un camino pavimentado con estos prejuicios lleva a la inexorable conclusión de que los pobres siempre están al borde del delito. Lo que hay que preguntarse es si efectivamente los promotores de estos episodios bochornosos son trabajadores, o se trata más bien de barrabravas conchabados por dirigentes sindicales para saldar rencillas internas o disputarse porciones de poder.

Si así fuera, los trabajadores de la construcción más que victimarios serían víctimas de patotas organizadas para controlar ese universo laboral. En rigor, la pobreza no es la responsable de la violencia; antes bien, parece ser la primera víctima de contextos violentos con sus secuelas de humillación y necesidades insatisfechas que habilitan políticas de dominación por parte de dirigencias que acumulan poder y se enriquecen a costa de sus afiliados.

Lo sucedido en Florencio Varela entre las seccionales de la Uocra de Quilmes y Lomas de Zamora, o los acontecimientos de Comodoro Rivadavia, donde también hubo heridos de bala, dan cuenta de una situación en la que no bien se presta atención, se observa el trasfondo de riñas por el poder entre dirigentes y matones, mientras los que están ausentes son los verdaderos trabajadores.

Así parece confirmarlo la identidad de los detenidos. En todos los casos se trata de matones con espeso prontuario policial y escasos antecedentes laborales. Esta realidad interperla a la dirigencia y pone sobre el tapete su responsabilidad. Estos hechos no se producirían si no existieran pagos y provisión de armas clandestinos.

En el caso de Florencio Varela las diferentes facciones en pugna decían responder a las órdenes de Gerardo Martínez, quien a esta altura de los acontecimientos y como máximo dirigente a nivel nacional debería explicarle al conjunto de la sociedad los luctuosos acontecimientos de estos días que contribuyen a oscurecer aun más la cotidianidad de una Argentina violenta.