Libertad de Expresión

Prensa con miembros de la Corte

El Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe se reunieron el lunes de semana con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, María Angélica Gastaldi y con el ministro Daniel Erbetta, ante quienes plantearon la preocupación por dos hechos que los gremios consideraron lesivos para la libertad de expresión y el derecho a la información.

Desde la Corte, se explicó que en ningún momento se quisieron avasallar los derechos mencionados, y que el debate entre trabajadores de prensa y operadores judiciales forma parte de la tensión permanente que existe entre unos y otros, en tanto la capacitación y el diálogo pueden colaborar para responder a las necesidades de la democracia informativa.

En el caso ocurrido en la capital provincial, el juez penal de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg se presentó en una productora de contenidos, “Ciudadanos SRL”, de donde se llevó un DVD sin labrar siquiera un acta. Ese DVD almacenaba imágenes de una cámara de seguridad del municipio santafesino desde la que se captaron los movimientos de un hombre, que ya fue detenido, por abusar sexualmente de la empleada de un comercio ubicado sobre la peatonal San Martín.

El SPR y la APSF entendieron que el juez Falkenberg tuvo un proceder intimidatorio e irregular que condicionó el trabajo periodístico.

Sobre este punto, tanto la presidenta de la CSJ como el ministro Erbetta aseguraron que no se trató de un intento de limitar el trabajo periodístico, sino de evitar que la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio santafesino se transformara en un obstáculo para la investigación judicial.

El caso Rosario

El caso de Rosario fue el desalojo de tres periodistas y un fotógrafo de La Capital, El Ciudadano y Rosario/12-, del edificio de los Tribunales provinciales de esa ciudad, cuando estaban por cubrir las alternativas de un resonante caso penal. Allí, un policía les comunicó que por orden de la jueza de Instrucción N º 12, Mónica Lamperti, debían abandonar el edificio.

En ese sentido, Gastaldi explicó que en Rosario se trató de una mala interpretación de las indicaciones de la jueza Mónica Lamperti -quien dispuso una investigación interna dentro del juzgado-, dadas en el momento en que iba a declarar el abogado Fabián Casarini, acusado de dar muerte al joven Andrés Arduvino en el domicilio de calle Montevideo al 1600.

La delegación gremial planteó que ni la magistrada ni sus subalternos tenían derecho a tomar esa decisión, ya que el de los Tribunales es un edificio público, se trataba de cubrir información de interés para la sociedad y los periodistas no violentaban ninguna norma procesal.

Mayor compromiso

El pedido sindical a Gastaldi y a Erbetta se centró en que se promueva un mayor compromiso de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial con los principios que hacen al trabajo periodístico y a la necesidad de contar con información veraz y oportuna, destinada a la construcción de la noticia dirigida a los distintos sectores y actores sociales.