Reflexiones y aportes
La Iglesia pide debate sobre nuevo Código Civil
Los obispos cuestionaron el proyecto oficial. Reclamaron que se “respete el valor de la vida concebida, el matrimonio y la familia”.
De la Redacción de El Litoral
DyN
La Iglesia criticó el anteproyecto de reforma al Código Civil y sostuvo que algunos cambios propuestos no privilegian los derechos del niño, agravian la dignidad de las mujeres y pueden llegar a equiparar el matrimonio heterosexual con la unión convivencial.
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, insistió en reclamar una “reflexión profunda” en torno a la iniciativa del gobierno y aseguró que ciertas modificaciones “comprometen el ordenamiento jurídico de la sociedad”.
“No caben urgencias en temas de tanta trascendencia”, subrayó en conferencia de prensa al presentar junto con el arzobispo Antonio Cargnello, vicepresidente segundo, el documento “Reflexiones y aportes sobre algunos temas vinculados a la reforma del Código Civil”. El pronunciamiento eclesiástico fue consensuado por el centenar de obispos que participó desde el lunes del plenario episcopal en la casa de ejercicios espirituales El Cenáculo-La Montonera, de Pilar.
En el documento, la Iglesia opinó que el criterio de selección de embriones propuesto en el anteproyecto para la fecundación asistida “conculca el derecho a la identidad de los niños” y tampoco “privilegia los derechos e intereses” de estos. Tras alertar que la legalización de la donación de gametos post mortem crea “deliberadamente orfandades amparadas por la ley”, sostiene que el alquiler de vientres “resulta agraviante a la dignidad de las mujeres” y “degrada a la mujer gestante”.
Los obispos católicos también consideraron que hay “equiparación casi absoluta” entre el matrimonio y la unión convivencial y lamentaron que la iniciativa no aliente proyectos de familia “más estables”.
Asimismo, dijeron que no reconoce que la persona es tal desde la concepción, sin distinguir que ella ocurra dentro o fuera del seno materno, “significa introducir una discriminación injusta”. Entre otros puntos “positivos” de la propuesta oficial, rescataron que se tenga en cuenta las situaciones que hacen a los derechos de las comunidades indígenas, pero expresaron “preocupación” por cierto reglamentarismo que se propone en el anteproyecto en relación con las asociaciones civiles.
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