San Jorge

Indagaron a la familia paraguaya

Una mujer de 27 años y sus dos hermanos varones de 26 y 31 se encuentran detenidos, acusados de “promoción y facilitamiento de la prostitución y privación de la libertad”.

Juliano Salierno

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Tres hermanos de nacionalidad paraguaya detenidos el miércoles, acusados de regentear un prostíbulo de El Trébol, fueron indagados ayer, en el Juzgado de Instrucción de San Jorge. El juez Tristán Martínez les atribuyó los delitos de “promoción y facilitamiento de la prostitución” y “privación de la libertad”, presuntamente cometidos en perjuicio de las ocho mujeres que trabajaban en el cabaret “Resistiré”.

El local ubicado a la vera de la ruta provincial Nº 13, a la altura del km 34,8, fue clausurado por la policía, aunque se constató que contaba con una habilitación municipal para funcionar como “cabaret”. Según el nomenclador de la Afip (Nº 552114), el lugar estaba preparado para brindar el “servicio de bares y confitería”, que “incluye locales de expendio de bebidas con servicio de mesa y/o de mostrador para consumo en el lugar, salones de té, servicios de comedores escolares, cantinas deportivas, fábricas, etc.”, indica el organismo de control fiscal.

Sin embargo, en el local fueron hallados preservativos usados y quemados y los tradicionales “libros de pases” con los servicios prestados por las “coperas”. Asimismo, se secuestró el registro periódico de habilitaciones que otorgaba el municipio de El Trébol, que avalaba el emprendimiento.

Denuncia telefónica

Hasta esta semana, todo parecía normal en “Resistiré”. La policía y el municipio realizaban los controles de manera periódica sin notar anomalías, ya que todas las chicas contaban con la documentación en regla y nunca se escucharon quejas, ni siquiera por malos tratos.

Pero el miércoles, una llama telefónica del novio de una de las jóvenes que trabajaba en el lugar dejó al descubierto un panorama harto diferente. Tan es así que la Justicia provincial analiza remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Santa Fe, para que inicie una investigación por el delito de “trata de personas”, ya que existiría material suficiente que amerite el empleo de dicha figura penal.

Hasta el momento son tres los detenidos, Silvina G.S. de 27 años, además de Ignacio y Eliseo G.S. de 26 y 33 años respectivamente, todos miembros de una familia.

Si bien las víctimas son ocho -siete paraguayas y una argentina-, fueron dos hermanas de 21 y 24 años las que denunciaron los hechos más graves.

Ante la consulta policial, las mujeres se ofrecieron para -de manera espontanea- presentarse en la Comisaría 4º de El Trébol para formalizar la denuncia y ratificar las versiones de malos tratos, recibidas de manera telefónica.

No les pagaban

Así fue como se puso en conocimiento a las autoridades de que al menos dos de ellas habrían estado “contra su voluntad, bajo amenazas, malos tratos físico y privadas de la libertad”. La situación de riesgo a la que estaban expuestas las mujeres se venía produciendo desde “hace unos cuatro meses, y desde su ingreso al lugar nunca les pagaron”, refirió la policía del departamento San Martín.

Por su parte, el jefe de la comisaría de El Trébol, Hipólito Martínez, confirmó que las otras seis mujeres son, una de Resistencia, Chaco; y las restantes de las localidades de María Auxiliadora, Encarnación, Hohenau, Capitán Meza de Paraguay; y sus edades varían desde los 19 a los 33 años.

Consultado por las características del lugar, Martínez explicó que “ese bar ha ido cambiando con el tiempo” y ratificó que desde su asunción como jefe en El Trébol “las inspecciones fueron siempre normales”. No obstante destacó la importancia de la denuncia en la que se advirtió la anomalía y que permitió desbaratar la organización dedicada a la explotación sexual.

Aunque no está claro cuánto tiempo hace que los paraguayos se encontraban asentados en El Trébol, sí se pudo acreditar que el contrato de locación data del año pasado y su propietario sería pareja de la mujer detenida.

Trata de personas

Consultado por El Litoral, este viernes, el fiscal de San Jorge, Pedro Miguel Ángel Leyes, informó que la causa “se está llevando con total normalidad” y garantizó que “se van a hacer las investigaciones a fondo”.

A propósito de las medidas a tomar de aquí en más, el Dr. Leyes agregó que “en el momento que se me corra vista pediré las ampliaciones o las diligencias que considere conveniente para seguir llevando adelante la investigación”.

Si bien el expediente no salió todavía de la jurisdicción provincial, el fiscal presume que “estamos hablando de un caso de trata de personas. No es solamente el facilitamiento de la prostitución sino el estado de cautiverio, que es lo que estaría encuadrando el delito de trata de personas, por lo que es probable que perdamos la jurisdicción de la investigación del hecho” y pase a la órbita de la Justicia Federal.