Acción política en seguridad

La decisión del gobierno provincial de poner tres importantes divisiones policiales directamente a cargo del Ministerio de Seguridad es la traducción de la voluntad de consolidar la autoridad política en el accionar del Estado con respecto a cuestiones de particular relevancia para la sociedad.

Se trata de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones -todavía conocida como ex Drogas Peligrosas- y la División encargada de combatir la trata de personas, cuya materia está dada por lo que se encuadra como “criminalidad compleja”, y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), que aportan el elemento táctico a las estrategias diseñadas al respecto desde la autoridad central.

La medida toma nota del sostenido incremento de la acción de bandas organizadas con un importante nivel de recursos y conexiones, y con creciente impacto en la comunidad por los delitos que se desprenden de ella.

En particular, el foco está puesto en la problemática del narcotráfico, cuyas redes se siguen extendiendo de manera sostenida por el territorio santafesino, desatando además el fenómeno de la “narcocriminalidad”, con marcada incidencia sobre la violencia urbana y la inseguridad de la población.

Pero además, estas redes acrecentaron su influencia a través de la infiltración en distintas capas de la estructura de seguridad, como quedó demostrado a partir de las investigaciones puestas en marcha por las sospechas y denuncias de complicidad y enriquecimiento ilícito de distintos jefes policiales, y la consiguiente serie de remociones ordenada por el gobierno.

Más allá de la necesidad de prevenir y eliminar la corrupción como presupuesto básico para llevar adelante una política antidrogas, el diseño orgánico y centralizado de medidas al respecto aparece como la respuesta requerida por la propia naturaleza de este flagelo. En efecto, mal puede hablarse de actos aislados o infractores de poca monta -y apuntar hacia allí la represión-, cuando la raigambre de la comercialización de sustancias ilícitas se apoya en la conformación de un verdadero mercado, y una estructura económica subterránea que le da sustento; lo que a la vez habilita la disposición de recursos a un nivel que difícilmente pueda alcanzar el Estado.

Con esto, la aptitud para romper esas cadenas de comercialización en sus puntos neurálgicos a través de tareas de inteligencia, la eficaz coordinación de esfuerzos en diversos órdenes -incluyendo naturalmente el judicial y el federal-, la firmeza en el accionar y la provisión de tecnología adecuada, son condiciones imprescindibles para emprender el combate con alguna expectativa de éxito. Y también para que el propósito que alienta las recientes medidas no se agote en una bien intencionada pero inocua expresión de buenos deseos, y redunde en una nueva frustración con fuertes costos políticos y sociales.