EDITORIAL

Errores y aciertos en el caso de las viviendas intrusadas

Un mes después de que los barrios Santa Rita II y Las Delicias fueran usurpados, la realidad no sufrió cambios importantes. De hecho, quienes decidieron tomar las casas, siguen allí, afianzando la situación irregular y manteniéndose firmes en el reclamo para que el gobierno les brinde la posibilidad de ser propietarios de éstas o de otras viviendas.

Frente a este conflicto el gobierno combinó decisiones acertadas, con medidas que representaron llamativos errores.

La primera equivocación fue haber permitido que un barrio como Santa Rita II permaneciera tantos años sin terminarse. Las explicaciones de que se trata de un plan federal y que los fondos nacionales no llegaron son reales pero insuficientes.

Apenas se produjo la toma inicial, las autoridades firmaron un acuerdo con los usurpadores para que éstos fueran dejando las viviendas a cambio de terrenos y materiales que les permitieran construir sus nuevas casas. Con el correr de las horas fueron surgiendo los comprensibles reclamos de quienes hace décadas aguardan pacientemente el acceso a un techo propio. Entonces, el gobierno dio marcha atrás y resolvió presentar una denuncia penal por lo sucedido.

La Justicia solicitó al gobierno que negociara con estas familias para que abandonaran las viviendas y, en caso de no alcanzar un acuerdo, autorizó a las autoridades a proceder al desalojo compulsivo.

Entonces se produjo un nuevo traspié para el gobierno. El miércoles 2, el Ejecutivo comenzó a notificar a las familias que tenían 48 horas para abandonar las viviendas, en cumplimiento de la resolución emitida por la Justicia. Pero las autoridades no tuvieron en cuenta que la resolución judicial no estaba firme, ya que aún no habían vencidos los plazos legales para que los intrusos apelaran la decisión de la jueza interviniente, lo que finalmente sucedió ese mismo día.

En definitiva, mientras se entregaban las intimaciones, desde Tribunales se advertía que los efectos de la resolución judicial están supeditados a la decisión de la Cámara de Apelaciones. El gobierno, había dado otro paso en falso.

En este delicado contexto el gobernador Antonio Bonfatti decidió firmar un convenio de colaboración con la Municipalidad y el Movimiento Los Sin Techo, para comenzar a elaborar en conjunto verdaderas políticas de hábitat y viviendas en la ciudad.

Los Sin Techo trabajarán en la construcción de cien casas económicas para reemplazar ranchos en los barrios Villa Oculta, Villa del Parque y Barranquitas. También coordinarán la regularización dominial en Los Hornos y Villa Elisa.

Se puede estar o no de acuerdo con la forma en que Los Sin Techo resolvieron situaciones puntuales durante las últimas décadas. Pero lo que nadie puede negar, es que ellos conocen la problemática a fondo y han dado muestras de una efectividad que ningún gobierno pudo alcanzar.