Tribuna de opinión

Piedras en el camino de los acuerdos

Dr. Ariel Ariza (*)

El actual sistema de selección de magistrados en la provincia de Santa Fe establece una serie de pasos para evaluar los antecedentes de los postulantes y una prueba de oposición consistente en resolver casos relacionados con la materia (civil, penal o laboral, etc). Para llevar a cabo dicha selección, la normativa prevé la intervención de distintos sectores: el académico -representado por docentes de las universidades públicas-; el de los abogados que se encuentran en el ejercicio de la profesión libre y el de los magistrados y funcionarios que forman parte del sistema judicial.

Desde octubre de 2010 el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia se vio en la obligación de apartarse del sistema de selección, con lo cual el mecanismo que desde entonces se viene desarrollando está fuertemente resentido en la medida en que la perspectiva de quienes ejercen la magistratura y las demás funciones judiciales en forma activa y concreta no tiene lugar en los actuales proceso de evaluación. Una decisión como ésta (el voluntario apartamiento del sistema de selección) tiene una innegable repercusión institucional que el Colegio de Magistrados y Funcionarios ha valorado sopesándola con las razones que motivaron el alejamiento. La causa ha sido la puesta en vigencia de un sistema de puntaje de antecedentes que perjudica discriminatoriamente al sector de secretarios de los Tribunales.

Desde el año pasado, conscientes los sectores involucrados de la necesidad de normalizar y superar esta situación, iniciamos una ronda de conversaciones tendientes a revertir esta situación desfavorable para los secretarios con el declarado objetivo de “lograr la equiparación de los secretarios en el sistema de puntajes por antecedentes”. Esas conversaciones se desarrollaron en el marco de un clima de buena predisposición para obtener una solución, contando con el compartido objetivo de los colegios de abogados, los sectores académicos, el gremio de trabajadores judiciales y la Secretaría de Justicia para crear las condiciones para que los evaluadores del campo judicial vuelvan a formar parte del sistema de selección.

En estos días, y ya con las nuevas autoridades asumidas en el mes de diciembre al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este proceso vino a tomar un curso imprevisible, alterando las reglas de juego con las cuales nuestra institución se sentó a la mesa de negociación. Ha trascendido la idea de establecer un nuevo sistema de calificación de antecedentes por especialidad que tiende a perjudicar ahora la posición de los magistrados que se encuentran en el ejercicio de la función jurisdiccional en la provincia de Santa Fe.

Las objeciones que esta intención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos genera son varias, pero podemos resumirlas en cinco puntos:

a) No puede admitirse que, colocándose en una actitud reñida con la ética pública que debe presidir toda acción de gobierno, el Ministerio de Justicia pretenda alterar los ejes de una discusión que no se convocó para discutir la calificación del sector de magistrados sino para lograr la equiparación de los secretarios.

b) Resulta incomprensible que cuando se estaba a punto de alcanzar un objetivo de normalización en el sistema de selección de magistrados aparezca de manera impensada un criterio ocurrente del Ministerio que lejos de pacificar al sector vino a propagar intranquilidad y malestar por todo el espectro de los jueces y funcionarios actualmente en funciones.

c) Las autoridades provinciales que acudieron al modelo del selección del Consejo de la Magistratura de la Nación no dicen que ese régimen respeta la especialidad de los magistrados en forma más amplia que la que está vigente en nuestra provincia y, desde luego, descarta -por irrazonable-, una pretendida pérdida de valor a la especialidad de quienes se encuentran ejerciendo las funciones propias para los cargos que se concursan.

d) Sería entendible que se quiera abrir una discusión sobre los demás aspectos que conciernen a la calificación de antecedentes pero en ese caso debe existir un previo aviso y oportunidad de discusión sobre ese punto, dado que nuestro Colegio se sentaría a la mesa no pidiendo el mantenimiento de los puntajes existentes sino solicitando un mayor reconocimiento a la especialidad judicial.

e) Este aumento de los puntajes para la especialidad judicial que debería reconocerse encuentra, además del asidero lógico de otorgar valor a la experiencia en la función, una justificación coyuntural. Son los propios titulares de los órganos jurisdiccionales de la provincia quienes en este momento están aportando al sostenimiento de un sistema judicial acorralado por la limitación de recursos presupuestarios, con exiguas respuestas para la prestación del servicio en áreas como la justicia laboral y la de daños y perjuicios y en medio de una reforma procesal penal que necesariamente tiene que darse en un clima de respeto y reconocimiento a las funciones.

Cabe esperar que prime la racionalidad y que este embozo comunicativo para instrumentar una descalificación de la labor de jueces y funcionarios judiciales no sea más que otro esfuerzo que se nos presenta en el difícil camino hacia la obtención de un clima de madurez institucional y sincera búsqueda de los presupuestos que hacen a la independencia judicial. Una disyuntiva se abre en el camino de las políticas judiciales. La de la convivencia respetuosa, el diálogo, la coherencia en los procederes, la generación de consensos o, en cambio, el tránsito por el sinuoso sendero de la profundización de los conflictos, el desprecio, la denostación y el hostigamiento hacia un sector que día a día es responsable de afianzar los derechos ciudadanos en una sociedad democrática.

(*) Vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe